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GALERÍA FOTOGRÁFICA

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El triple crimen de Cipolletti

Última actualización: 26 de octubre de 2015

Las víctimas

Paula Micaela González (17 años) estaba por terminar el secundario en un colegio inglés de Cipolletti, el «Sunrise School».

Su cuerpo tenía un disparo en la espalda que le perforó un pulmón y otro en la cabeza. Había sido golpeada y violada por los asesinos.

María Emilia González (24 años) estudiaba Ciencias de la Educación en Cipolletti. Era mamá soltera y vivía pendiente de su hijita Agustina que estaba por cumplir tres añitos.

Como su hermana, fue golpeada y violada. Murió por un disparo en la cabeza, a la altura del oído.

María Verónica Villar (22 años) era estudiante de la facultad de Ciencias Agrarias en la Universidad del Comahue.

Fue golpeada salvajemente golpeada y violada. Murió asfixiada por su propia sangre, debido a los cortes que sufrió en su cuello, presuntamente, con un cuchillo.

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El triple crimen de Cipolletti

Última actualización: 26 de octubre de 2015

Cómo ocurrió – Una caminata de domingo

El domingo 9 de noviembre de 1997 amaneció radiante, distinto a los últimos días en que fuertes vientos (típicos de la región) no alentaban a realizar ninguna actividad al aire libre.

Por la tarde, María Emilia González hizo un alto en su estudio y decidió salir a caminar junto con Paula, su hermana menor. Ulises, el papá, les prestó el automóvil para que pasaran a buscar a una amiga, Verónica Villar, quien aceptó la propuesta. Racing Club, el equipo de sus sueños, estaba perdiendo con Huracán.

Pasaron por la casa de otra amiga, Alejandra Meraviglia, en el barrio Magister, para que se sume al paseo pero no la encontraron. Dejaron el auto allí estacionado y salieron. Quizás, cuando volvieran, Alejandra ya estaría de regreso.

Con el sol todavía ahí en el cielo, poco antes de las siete de la tarde, empezaron a recorrer a pie la calle San Luis. El circuito elegido era el mismo que el seguido por muchos otros cipoleños para andar en bicicleta, hacer aerobismo o, simplemente, caminar. La intersección de San Luis y Circunvalación fue el último lugar en el que vieron a las tres chicas con vida.

La búsqueda

La desesperación comenzó a apoderarse de las familias González y Villar a medida que las horas pasaban; las chicas no eran de ausentarse tanto tiempo de sus casas sin avisar.

A las 21 hs. Ulises González hace la denuncia policial en la Comisaría de Cipolletti. Allí no encontraron apoyo: según la policía tres chicas no podían perderse, «debían andar por ahí». Para actuar, debían dejar pasar 24 hs. Sin embargo, el automóvil de la familia González seguía estacionado frente a la casa de Alejandra como prueba inobjetable de que algo más podía haber sucedido.

Ante la falta de interés por parte de los efectivos policiales, familiares y amigos comienzan a buscarlas. Juan Villar fue a casa de Juan Bavaresco, un compañero de Verónica de la facultad, para ver si se encontraban ahí pero no estaban. Llamaron a Lorena Castro, otra compañera de estudios pero tampoco sabía nada. El domingo se terminaba sin noticias de las tres chicas.

Juan Bavaresco y Laura, hermana de Verónica, retomaron la búsqueda a las 9 de la mañana del lunes 10 de noviembre. Recorrieron en bicicleta los posibles caminos que Verónica, Paula y María Emilia podían haber seguido. Desauciados y con las manos vacías volvieron al mediodía a sus casas y llamaron, uno por uno, a sus amigos. Nadie las había visto.

El grupo de búsqueda fue aumentando en cantidad. Las radios locales comenzaron a cooperar también, quedando en vigilia de cualquier información que la población pudiera dar. Sólo la insistencia de los padres posibilitó que se organizara una búsqueda oficial. Se sumaron policías, bomberos y aviones del aeroclub local que sobrevolaron distintas zonas. Luego se sabría que la búsqueda policial, dirigida por el subcomisario Luis Seguel, tomó en un primer momento direcciones curiosamente equívocas.

A pesar de que la zona donde desaparecieron era muy frecuentada los fines de semana, nadie aportaba algún dato concreto.

Un vecino encuentra los cuerpos

Por la mañana del martes 11 de noviembre Dante A. Caballero, un vecino de la zona donde desaparecieron las chicas, desayunó y salió junto con dos personas y Ambar (una perra doberman) siguiendo la vía del ferrocarril General Roca que une Cipolletti con la vecina ciudad de Cinco Saltos. Toda la tarde del lunes Dante con su esposa y Ambar habían colaborado desinteresadamente, como tantos otros, en la búsqueda.

Cuando el reloj marcaba la 9:30 ya habían recorrido unos tres kilómetros. De repente, la perra marcó una zona cubierta de arbustos y tamarindos, a unos 4 kilómetros del centro de la ciudad y a unos 200 metros de la calle por la que las chicas fueron a caminar. Dante se acercó y pudo ver en el piso el cuerpo inmóvil de una chica de pantalones vaqueros y remera roja.

Llamó a su perra para que no pisoteara más el lugar y avisó a la policía, que llegó poco después y armó un cerco alrededor de la zona para que no pasaran periodistas ni curiosos.

Dante luego se enteró que el cuerpo que había visto era el de Verónica Villar. Sus manos estaban atadas con los cordones de sus zapatillas y en una mano tenía apretado su pequeño pañuelo. Con un pañuelo más grande la habían amordazado. Aparentemente la muerte se produjo por un profundo corte en el cuello, tal vez realizado con un cuchillo. Además tenía señas visibles de haber sido ferozmente golpeada.

A unos 8 metros, semienterrados, tambien estaban los cuerpos de las hermanas González. María Emilia tenía un tiro en la cabeza a la altura del oído. A Paula Micaela la mataron de dos disparos: uno en el centro de la espalda y otro en la cabeza. Las dos estaban maniatadas y amordazadas y también fueron golpeadas.

Como en el lugar no se encontraron restos de sangre, se presume que estuvieron secuestradas y fueron asesinadas en otro lugar. Los peritos estimaban que cuando las encontraron llevaban muertas entre 12 y 16 horas.

La teoría de que fueron tiradas en ese sitio en la madrugada del lunes se reforzó (en aquel momento) con lo dicho por el subcomisario Luis Seguel, quien afirmó que ese día habían pasado por ese lugar seis veces.

Apenas se supo sobre el triple crimen, todos los negocios de la ciudad cerraron como señal de duelo y en reclamo de un pronto esclarecimiento. El Municipio declaró asueto y tampoco hubo actividad en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue, ni clases en las clases en las escuelas primarias y secundarias.

La investigación

La investigación del crimen quedó en manos del juez rionegrino Pablo Iribarnen, quien dirigió desde el lugar donde los asesinos intentaron ocultar los cuerpos los operativos de la policía.

Pasado el mediodía del martes en que aparecieron los cuerpos, la policía detiene a cuatro personas, en el Barrio Santa Marta, en cercanías del basural de la ciudad. Uno de ellos era Hilario Sepúlveda, de 28 años y conocido como «El Pelado». Otro era Horacio Huenchumir, de 21 años.

Sepúlveda había tenido una causa por doble homicidio cuando era menor de edad y, tras purgar seis años de condena, quedó en libertad. En la humilde casa donde se encontraba cuando lo detuvieron, la policía secuestró un revolver calibre 22. Ese era el calibre de las balas que mataron a Paula y María Emilia.

De los antecedentes de Huinchiuil poco se sabía, aunque se decía que supo pasar por algún penal.

Otro detenido ese día fue Miguel Sánchez, que hace apenas 22 días había salido en libertad tras purgar una condena por asalto a mano armada.

Para las autoridades del gobierno de Río Negro y el jefe de policía de la provincia, Rubén Elosegui, el caso del triple homicidio de las chicas estaba casi esclarecido.

La Facultad de Ciencias de la Educación, donde estudiaba María Emilia, organizó una marcha que convocó no sólo a sus compañeros y docentes, sino a vecinos que espontáneamente adhirieron a la protesta. No hubo tiempo para la costumbre de la siesta esa tarde en Cipolletti.

Mas de 2000 personas se agolparon, a pesar de la lluvia, frente a la comisaría 4ª de la ciudad. En ese lugar, el ministro de Gobierno Horacio Jouliá, rompió el silencio y se enfrentó a los periodistas de distintos medios, locales y nacionales.

Con un ruidoso fondo de aplausos de protesta que llegaba desde el exterior, el funcionario, confesó «tener vergüenza como rionegrino».

En un tramo de la conferencia sorprendió a todos los presentes cuando afirmó: «Cipolletti es una ciudad segura». Luego explicó que el triple crimen «tiene características peculiares» porque «no está en ninguna estadística». Finalmente reconoció que la «sensación de seguridad está dañada».

El jefe de la policía rionegrina, Rubén Elosegui y el ministro de Gobierno Horacio Jouliá comenzaron a monopolizar la información y se convirtieron en voceros de la investigación.

Elosegui defendía, cada vez que podía, el trabajo de los efectivos policiales, que desde un primer momento fue motivo de sospechas.

Cipolletti da el último adiós a sus chicas

En el mástil de la plaza San Martín, ubicada en el corazón de la ciudad, flameaba una bandera negra a media asta. Eran las dos de la tarde y los chicos no habían ido al colegio, los comerciantes no abrieron sus negocios ni los empleados estatales atendieron al público.

En la calle, más de 25.000 personas indignadas se sumaban al cortejo fúnebre que recorrió la ciudad para reclamar JUSTICIA de María Verónica Villar y de las hermanas María Emilia y Paula Micaela González.

En las vidrieras de los comercios se podía leer: «Cerrado por duelo en repudio por los acontecimientos sucedidos». Mientras tanto, la caravana seguía hacia el cementerio del barrio Don Bosco. Allí, en tres nichos, uno al lado del otro, depositaron los cuerpos de las tres amigas.

No alcanzó a consolar a la furiosa muchedumbre la noticia de que el juez Pablo Iribarren acababa de dictar prisión preventiva para dos de los detenidos: Hilario Sepúlveda y Horacio Huenchuil.

A las chicas muertas se las colmó de aplausos, las bañaban de lágrimas y las acariciaban con flores.

Es que es eso lo que sentía la gente de Cipolletti, un lugar del Alto Valle acostumbrado a los frutales, a que estas cosas no pasen.

Por eso también el cementerio estaba lleno de gente que fue a ver lo que aún no terminaba de creer.

Mientras tanto, en el ámbito nacional, se establecía en la sociedad el debate sobre la necesidad o no instaurar la pena de muerte. Los políticos aprovecharon para aparecer en los medios y dar sus opiniones al respecto.

Se cae la única prueba

Todo el optimismo que mostraban las autoridades del gobierno de Río Negro y el jefe de policía de la provincia, se desvaneció el jueves 13 de noviembre con el informe del peritaje balístico que indicó que los proyectiles extraídos de los cuerpos de las víctimas no habían salido del revólver secuestrado a Hilario Sepúlveda.

El jefe de policía, Rubén Elosegui, le había manifestado el miércoles 12 al diario capitalino La Nación: «Si las estrías del cañón del arma coinciden con los proyectiles y las pruebas de sangre… tenemos a los asesinos adentro «.

Lo que sería la primera prueba se desvaneció cuando la secretaria del juez Pablo Iribarren leyó el siguiente comunicado: «El informe preliminar realizado en el gabinete criminalístico de Genarel Roca determinó que los proyectiles fueron disparados por una misma arma, pero que no pertenecen al revólver secuestrado».

Elosegui se sumió entonces en un sugestivo silencio junto con el ministro de Gobierno, Horacio Jouliá. Durante todo el día fue imposible localizar a las autoridades provinciales y policiales, y el gobernador de la provincia, Pablo Verani, debió volver repentinamente de un viaje por Europa.

De la de la comisaría, comenzaban a salir los hermanos Sánchez (Miguel y Marcelo) y los hermanos Maripán (Andrés y Gregorio), quienes ya no tenían mérito para seguir demorados, lo que se constituyó en otro revés policial y dejó de lado la hipótesis del sexteto de asesinos.

Después de leer su comunicado, la secretaria Mainet confirmó que se habían ordenado dos nuevos procedimientos, mientras que los grupos policiales seguían haciendo rastrillajes por todas partes. Inclusive volvieron a allanar la casa de Sepúlveda…

La gente, reunida en la plaza San Martín, también se impacientaba con las novedades. Algunos levantaron un nuevo cartel que dice «Memoria y castigo» y seguían afanosamente alimentando una hoguera que tiene la siguiente leyenda a su lado: «Hasta que no se haga justicia, esta llama quedará encendida».

Sasha y Diana

Mientras, el gobernador Pablo Verani, prometía novedades «antes de que hoy caiga el sol», el juez apostaba todas sus fichas el sábado 15 de noviembre al olfato de dos perras pointer traídas por la Policía Federal (por pedido de la policía rionegrina) para buscar rastros.

Diana tiene 8 años y el prestigio de haber participado en la investigación del caso Carrasco, el soldado asesinado en el cuartel de Zapala (Neuquén). Ella se encargó de olfatear las ropas de las hermanas González.

Sasha es más joven. Tiene 2 años y la misión de repasar el supuesto trayecto que siguió Verónica junto con sus asesinos.

Después de olfatear ropas de las víctimas, las dos perras tomaron para lados diferentes. Con una diferencia de 800 metros, los animales finalizaron en un mismo sitio: las vías del ferrocarril.

Los animales se movieron lejos, al menos a 3,5 kilómetros de la casa de Sepúlveda. Por eso, Sasha fue cargada en una camioneta hasta la casa del imputado. La bajaron a dos metros de la entrada a la vivienda y de nuevo olfateó la ropa de Verónica Villar. Sasha se dirigió a la vivienda de Sepúlveda. Se metió en una habitación y se paró frente a un colchón sucio.

La policía pidió una orden de allanamiento al magistrado y secuestró un punzón, pelos y ropa ensangrentada, entre otros elementos que deberán analizar los peritos.

Sin embargo, este hecho no sirvió más que para aumentar las sospechas que la población tenía sobre la forma de actuar de la policía.

En la precaria vivienda de Sepúlveda se realizaron tres allanamientos en cinco días. Hasta el sábado 15 de noviembre la policía no había encontrado más que una pistola calibre 22, un par de armas blancas, una escopeta con la culata rota y algunas ropas. Como si esto fuera poco, el lugar había estado todo ese tiempo sin custodia policial, con lo cual, los elementos secuestrados podían haber sido colocados de antemano. Por otra parte, ninguna de las perras fueron hacia la casa de Huenchimil ni a la chacra que en esa zona alquilan los padres de José María Fernández, el tercer sospechoso del caso que fue detenido en la ciudad de Centenario, en Neuquén.

Los animales descansaron una horas y luego retomaron su trabajo. Por la tarde participaron de otros operativos dirigidos por el juez en barrios de la ciudad, pero el olfato no les funcionó o el equipo de investigación llevó a Diana y a Sasha a recorrer lugares equivocados.

A pesar de la confianza por parte de la gente del gobierno y de la policía en los canes, todavía no existían elementos que indiquen con claridad que las jóvenes fueron asesinadas y violadas en el mismo lugar donde fueron encontrados los cadáveres.

Tampoco las perras «marcaron» con certeza algún punto donde se pudieran haber llevado a cabo las violaciones. «Este rastrillaje nos sirve para determinar posibles recorridos de las tres chicas», dijo el juez por esos días.

Por otro lado, los forenses no encontraron tierra o restos de hojas ni en las ropas, ni en los cuerpos de las víctimas. Y esto contradice la posibilidad de que al menos una de ellas, Villar, haya estado secuestrada en la vivienda de Sepúlveda.

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El triple asesinato de Cipolletti

Última actualización: 26 de octubre de 2015

24 de mayo de 2011

Cipolletti -Una organización dedicada a traficar drogas ilegales habría cometido el triple crimen de Cipolletti, revelaron a La Nación los investigadores del caso.

Según éstos, una asociación entre policías, delincuentes y tal vez comerciantes locales -al menos de acuerdo con un importante testimonio- habría asesinado a María Emilia y Paula González, y a Verónica Villar, entre el 9 y el 10 de noviembre de 1997, y luego cubierto sus huellas con una falsa acusación a delincuentes menores, a los que se atribuyó la violación de las víctimas.

Claudio Kielmasz, uno de los dos detenidos bajo el cargo de haber participado en el triple asesinato, puso nombre y apellido a los miembros de esta banda en su declaración del 24 de agosto último, hasta ahora no publicada y a una de cuyas copias tuvo acceso La Nación . En ella afirma que las chicas murieron en medio de una fiesta de la banda tras una entrega de drogas y que al menos dos de ellas tenían una relación previa con algunos de sus integrantes.

La familia González, que ha impulsado una investigación paralela y marchas de protesta, cree que la dirección señalada por Kielmasz es la correcta y ha reclamado al juez del caso, Pablo Iribarren, que interrogue a los mencionados en la declaración.

Pero Iribarren no se anima a avanzar sin pruebas contundentes. Hace un año pagó un alto precio por anunciar la resolución del crimen, sin saber -según coinciden aún sus críticos- que sólo elevaba a historia oficial la versión construida para beneficiar a la banda asesina.

La inquietud está en el aire. Francisco Yacopino, el comerciante de Cipolletti mencionado por Kielmasz, publicó el jueves último una solicitada en los diarios locales para rechazar toda imputación, pese a que ésta sólo se hacía en los corrillos: ningún medio había publicado su nombre.

«Nos estamos acercando peligrosamente a la verdad -advirtió José O’Reilly, abogado de la familia González-. No descartamos hechos de violencia física próximamente.»

La fiesta

Kielmasz dijo que era vendedor de marihuana y cocaína para Francisco, Fernando y Claudio Yacopino. El primero es el dueño de una cadena de corralones muy conocidos en Cipolletti, con sucursales en la vecina Neuquén; los otros dos son sus hijos.

Según Kielmasz, Claudio lo reclutó y su padre le pagaba hasta 1000 pesos por mes por su trabajo como vendedor. A la vez, fue contratado como changarín en el corralón durante casi todo el año último para disimular, explicó.

Francisco Yacopino -dijo- le presentó al subcomisario Luis Seguel, al sargento Miguel Raylén y a un policía de apellido Yáñez, y le indicó que «a ellos debía acudir ante algún problema, que se manejara tranquilo porque nadie lo iba a tocar».

El 9 de noviembre de 1997 se iba a hacer una entrega importante -prosiguió- para la cual llevó a Marcelo y José Luis Arratia y a su hermanastro Miguel Angel Torres como custodios. Estaban allí Fernando y Claudio Yacopino, y los policías Seguel, Yáñez, Raylén y Germán Valdebenito, además del «dueño del boliche Faunus y otras personas que no conocía», según contó.

Se fue y volvió, y le dijeron que todos estaban borrachos y drogados. Se marchó de nuevo y regresó a las 21, para recoger a su hermanastro Miguel Angel Torres, que «le dijo lo que había pasado, y el dicente le dijo que no le creía, por lo que entonces fueron al lugar en la camioneta blanca de Yacopino que tenía el dicente en su poder. Cuando llegó a Los Olivillos (zona donde fueron encontrados los cadáveres), vio a las tres chicas, dice que para él las tres estaban muertas».

Según el relato de sus cómplices -declaró Kielmasz-, «durante la reunión Claudio Yacopino salió y dijo que iba a buscar unas chicas a Ferri», un lugar cercano, pero se encontró en el camino con las tres futuras víctimas, con las que volvió en un Gol rojo. Aclaró que por comentarios sabe que «Claudio conocía a Villar, con quien habría tenido alguna relación» y que «María Emilia González habría tenido una relación amorosa con Seguel».

«Parece que adentro hubo un problema -remató-, porque parece que Raylén quiso manosear a la más chica de las González», la única de las tres, según esta versión, que no tenía relación previa con el grupo. El «problema» habría derivado en los asesinatos.

El gran simulador

Kielmasz tiene el centro de la escena y parece disfrutarlo. En diciembre de 1997, llamó a Ulises González, padre de dos de las víctimas, y le dijo que sabía dónde estaba el arma asesina.

Aseguró llamarse Claudio Parra y haber visto por accidente cómo arrojaban un arma en un paraje poco frecuentado. Quería la recompensa de 50.000 pesos que se ofrecía entonces.

Los investigadores de la Policía Federal desconfiaron del relato y lo interrogaron. Kielmasz admitió que el arma -un revólver calibre 22 marca Bagual, en mal estado- era de su madre y que había servido de «campana» en el crimen, cometido, según dijo, por su hermanastro Torres y los hermanos Arratia.

Acabó preso. La Justicia no encontró suficientes pruebas contra los otros tres, aunque siguen bajo sospecha.

Desde entonces, Kielmasz ha dado seis versiones diferentes del crimen, en un marco de escepticismo general que impulsó a decenas de miles de personas a reunirse en la plaza de la ciudad al cumplirse un año del crimen.

Su última declaración, sin embargo, parece por primera vez haberse acomodado a la idea que tiene la familia, y buena parte de la sociedad cipoleña, sobre qué ocurrió realmente.

También confirma algunos puntos fuertes de la investigación, que se basa en la existencia de una mafia integrada por policías y civiles que obtenía dinero del tráfico de drogas y el negocio de los autos «truchos».

A partir de esta conexión, fue detenido el otro acusado en el caso, Guillermo González Pino, conocido estafador de buenas relaciones con la policía.

«Cipolletti es el corredor ideal para llegar a Neuquén, la ciudad más grande de la Patagonia -explicó una fuente de la investigación-. Con un puente de por medio, se cambia de juez y, sobre todo, de policía. Controlar este lado para vender en el otro es el negocio perfecto.»

Gabriel Pasquini – Enviado especial

«Tenían armado a quién echarle la culpa»

El encubrimiento del triple asesinato de Cipolletti es parte fundamental del crimen y, según se sabía hasta ahora, había sido instrumentado por los policías de Río Negro que, al mando del subcomisario Luis Seguel, borraron huellas y desviaron la investigación hacia una falsa pista, dos «marginales» -como se los llama en la zona-, Hilario Sepúlveda y Horacio Huenchumir.

Claudio Kielmasz (ver nota central) afirmó en su declaración del 24 de agosto que Francisco Yacopino, el comerciante al que denunció como parte de una banda de narcotraficantes, le dijo que «tenían todo armado a quién echarle la culpa. Dice que se trataba de acusar al Pelado Sepúlveda, ya que con éste habían tenido problemas y se habían tiroteado, porque había descubierto el desarmadero de El Treinta (un paraje cercano a Cipolletti) y quería meterse en la organización; y que éste era un buchón».

También dijo que las heridas que presentaban los cadáveres fueron provocadas «después de muertas para despistar» y que acordó con Yacopino «que daría los datos (falsos) en busca de la recompensa», a cambio de lo cual aquél le daría un abogado. Aseguró que sus declaraciones judiciales eran controladas por los policías rionegrinos y que aun preso se comunicaba con los Yacopino a través de teléfonos celulares.

Los investigadores sospechan que los encubridores han enviado a varios testigos falsos a entorpecer el caso.

¿Violación?

La presunta violación de las tres chicas asesinadas está en discusión. Los análisis realizados revelaron que no había semen en ellas y que, si bien habían mantenido relaciones sexuales antes de morir, no se podía determinar cuándo ni cómo.

Fuentes vinculadas con la investigación dijeron a La Nación que la autopsia original estuvo influida por la maniobra de encubrimiento, destinada a demostrar que un grupo de «marginales» había atacado a las chicas para violarlas. Peritos de la Policía Federal están convencidos de que la violación no existió.

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Triple crimen de Cipolletti: acusan a los investigadores de cometer graves errores

Clarín.com

27 de noviembre de 2003

La Comisión de la Legislatura de Río Negro creada para investigar el asesinato de tres chicas ocurrido en la ciudad de Cipolletti en noviembre de 1997 presentó hoy su informe, en el que pide juicio político al juez y al fiscal que actuaron en la causa.

De esta investigación surgen evidencias sobre el ineficiente trabajo de la Policía que actuó en el momento de ocurrido el hecho, y ratifica el pedido de juicio político contra el juez de instrucción de la causa, Pedro Iribarne y el fiscal actuante Alvaro Meynet.

«Hubo una serie de errores y horrores en la investigación de la causa», indica el parte de los legisladores, y por esto, la comisión solicita también «que se amplíe la investigación sobre la responsabilidad que le corresponde a los peritos forenses».

Por el triple asesinato fue condenado a prisión perpetua el único imputado, Claudio Kielmasz. Las hermanas María Emilia y Paula González, de 24 y 17 años respectivamente, y su amiga Verónica Villar, de 22, aparecieron brutalmente asesinadas en un descampado, el 11 de noviembre de 1997.

El documento de los legisladores sostiene también que Kielmasz «es un sujeto de personalidad criminal psicópata que si saliera de la cárcel volvería a delinquir».

La lectura del informe de 160 páginas, se realizó este mediodía y estuvo a cargo del diputado de la bancada Interbloque Eduardo Chironi, que encabezó la comisión conformada en diciembre de 2000 y de la que también tomaron parte los legisladores de la UCR Hugo Medina y Walter Azcárate, Guillermo Grosvald del Movimiento Patagónico Popular y Ana Barreneche, también de Interbloque.

Esta comisión comenzó el análisis del expediente judicial en octubre de 2001 tras la intervención del Superior Tribunal de Justicia, ya que el juez Iribarne se negaba a entregarles una copia.

En la legislatura provincial estuvieron hoy dos de los peritos contratados por la Legislatura, el psiquiatra forense Miguel Maldonado y el médico forense Néstor de Tomas que brindaron detalles técnicos sobre el método de procesamiento y análisis de imágenes empleado en la investigación judicial.

Sin embargo, durante la lectura, el diputado Chironi omitió detalles de las autopsias que se realizaron a los cuerpos de las chicas por respeto a sus familias.

Las hermanas González fueron asesinadas con balazos de un revólver calibre 22 y Villar murió por asfixia mecánica.

No se pudo comprobar violación en ninguno de los tres casos y la comisión investigadora también lo descartó en su informe. En el juicio oral realizado en el 2000 se comprobó que el arma homicida había sido de Kielmasz y esto fue la prueba esencial para su condena a prisión perpetua.

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Absuelto condenado por el triple crimen de Cipolletti, el ‘Alcácer argentino’

Diario Clarin

19 de diciembre de 2002

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro absolvió ayer a uno de los dos condenados por el secuestro de tres chicas que fueron asesinadas en esta ciudad hace cinco años. El tribunal consideró que las pruebas reunidas contra este sospechoso —Guillermo González Pino, condenado a 18 años de prisión el año pasado— eran insuficientes.

Pese a la absolución, González Pino seguirá detenido porque suma otras condenas anteriores por diversas estafas.

Al mismo tiempo, el máximo tribunal provincial ratificó ayer la sentencia de prisión perpetua para Claudio Kielmasz, condenado en el mismo caso como coautor del secuestro de las tres chicas.

El fallo del Tribunal fue dividido: los ministros Víctor Sodero Nievas y Luis Alfredo Lutz consideraron que no había elementos de peso suficiente como para justificar una condena contra González Pino. Pero el presidente del cuerpo, Alberto Balladini, ratificó la condena. En cambio, los tres jueces sí estuvieron de acuerdo en que Kielmasz siga preso.

«Es justo, porque mi cliente fue siempre un chivo expiatorio en este crimen», dijo ayer el abogado de Pino, Eves Tejeda.

Es que la absolución de González Pino, terminó por sembrar más dudas y aumentó el escepticismo que tienen los familiares sobre el esclarecimiento del crimen de las estudiantes ocurrido el 11 de noviembre de 1997. De hecho, nunca logró determinarse quién o quiénes fueron los autores materiales del asesinato que tanto convulsionó a esta región de poco más de 80 mil habitantes. Tampoco logró saberse cómo fue, en qué lugar ocurrió todo, a qué hora sucedió y qué rol tuvieron cada uno de los imputados.

En rigor, la historia de este crimen comenzó dos días antes. El 9 de noviembre de ese año, las hermanas María Emilia (24) y Paula Micaela González (17) y su amiga, Verónica Villar (22) salieron a caminar por una calle rural de Cipolletti, cerca de las 19. A los pocos minutos, las tres jóvenes desaparecieron misteriosamente.

La búsqueda duró dos días, y participaron vecinos de esa y otras ciudades cercanas. Se extendió por el centro y por las chacras. La Policía local condujo el rastrillaje. Pero según denunciaron los familiares de las chicas, lo hizo en forma sospechosa e irregular.

Las hermanas González murieron por disparos casi en forma instantánea. Su amiga Verónica Villar, en cambio, sufrió varias horas hasta que murió ahogada por la sangre que le provocó un profundo corte en el cuello. Las tres habían sido salvajemente golpeadas y torturadas antes de morir.

Los cuatro años de investigación que dirigió el juez de Instrucción Pablo Iribarren, no permitieron hallar pruebas contundentes como para achacarle a González Pino y a Kielmasz la autoría material del crimen. Pero la Cámara Segunda de General Roca los condenó como coautores del secuestro agravado y la muerte de las chicas, en un controvertido juicio, que finalizó el 5 de julio del 2001.

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Caso Cipolletti: Perpetua para un acusado y 18 años para el otro

Pagina12.com.ar

6 de julio de 2001

El tribunal condenó a Claudio Kielmasz a prisión perpetua y a Gillermo González Pino a 18 años por el crimen de las tres chicas. Dos policías acusados de encubrimiento fueron absueltos. Quedó la certeza de que hubo otros participantes.

Fue una lectura de sentencia hecha sobre los fuegos de la insatisfacción y la protesta: aun cuando no cabían dudas sobre las condenas que recibirían los dos acusados, finalmente prisión perpetua para Claudio Kielmasz y 18 años para Guillermo González Pino.

El juez César López Meyer largó la lectura de la sentencia por el triple crimen de Cipolletti cuando sobre la calle Belgrano todavía ardían contra el viento cuatro muñecos, encendidos por los manifestantes que poco creían en el resultado del juicio oral más largo de la historia de Río Negro. Uno de ellos pretendía ser el gobernador Pablo Verani, otro la Justicia, los dos restantes, policías. Los monigotes incendiados simbolizan las sospechas de encubrimiento policial y político del perverso asesinato de tres chicas tras el desfile de ciento y tantos testigos, y tres meses de audiencias.

Para el tribunal quedó demostrado a lo largo de este tiempo que Kielmasz y Del Pino fueron dos de los ejecutores de las tres mujeres: la mano de la justicia –por el encubrimiento del que se encargó la policía provincial, una acusación por la que ayer fueron absueltos dos ex miembros de la fuerza por falta de pruebas– no llegó hasta el resto de los partícipes, que ayer deben haber escuchado la sentencia en directo, lejos del tribunal, por las radios locales.

Desde hace varios días que el Tribunal, integrado por los jueces López Mayer, María Evelina García y Juan Rotter, previene a los familiares de las víctimas de una manifestación demasiado ruidosa el día de la sentencia. A través de un escrito llegaron a intimar con trasladar la lectura del veredicto a General Roca, y a puertas cerradas. Pero salvo algunos forcejeos al entrar a un recinto rodeado de policías del grupo especial Bora, o una interrupción por la tarde cuando sonaban demasiado los bombos, la audiencia final no sufrió suspensiones. Eso no la hizo menos larga. Comenzó pasadas las 15. Terminó cuando eran más de las 21.

En el medio, la lectura incluyó la revisión minuciosa de las pruebas volcadas en el juicio. De todas ellas, la inclusión de dos testimonios sobre el momento en que fueron “levantadas a la fuerza” las chicas sobre la calle San Luis, en la circunvalación de Cipolletti, fue clave.

El viejo relato de un vecino, ya muerto, Rafael Hurimán Lloncón, permitió a los jueces reconstruir la escena en la que fueron secuestradas las chicas. El testimonio del hombre había pasado casi inadvertido en la instrucción de la causa a los ojos del juez Pablo Iribarren. Pero en la revisión de lo actuado el tribunal de la Cámara Segunda convocó a las personas que lo escucharon, ya que Lloncón murió en un accidente de tránsito antes de poder sentarse ante los magistrados. Y reflotó esa declaración.

En su relato Lloncón dejó claro que el 9 de noviembre de 1997 cuando eran poco más de las 20 y regresaba por la calle San Luis hacia Cipolletti vio venir a dos autos, uno blanco y uno verde. Casi al mismo tiempo vio a Paula y María Emilia González y a Verónica Villar que caminaban por la banquina. En el coche blanco iban cuatro personas, en el otro dos más. Uno de ellos, de pantalón negro, sacó un arma. Hubo forcejeos, pero pronto las chicas fueron obligadas a subir. Lloncón aseguró que el auto verde parecía un Taunus, y que no tenía patente.

Entre los nuevos testimonios tomados en cuenta durante el juicio también fue importante el de una chica menor de edad que trabajaba como prostituta y que no había declarado antes. Ella reconoció a los dos hombres acusados como a quienes vio llevarse a las tres amigas del mismo lugar donde las vio Lloncón. Por eso las acusaciones de los representantes de las familias y del fiscal, que pidieron que Kielmasz y González Pino sean condenados a reclusión perpetua por “homicidio calificado agravado por ensañamiento” no prosperaron.

Los jueces condenaron a Kielmasz, de 27 años, por “secuestro agravado y reagravado (por tratarse de tres casos) seguido de muerte, con dolo eventual” y por ello mereció la cadena perpetua. En el caso de Guillermo González Pino, de 32, fue declarado “coautor de secuestro agravado en dos oportunidades”, pues se comprobó que las tres chicas fueron subidas a los autos de los acusados y retenidas en algún sitiorural de Cipolletti. De todos modos, el tribunal consideró que ambos “debieron tener un protagonismo activo y de algún modo participaron también de la relación sexual con las jóvenes”.

Además de las penas ayer también hubo dos absoluciones. Quedaron libres de culpa y cargo el ex subcomisario José Luis Torres y el ex sargento Luis Minervini. Torres había sido acusado por plantar pruebas contra Horacio Huechumir y Hilario Sepúlveda, los dos primeros detenidos de la causa, dos marginales que cayeron presos el mismo día que los cuerpos de las tres chicas fueron encontrados bajo los olivillos de una chacra, cerca de donde fueron secuestradas. Minervini era juzgado por haber preparado a una testigo para que hiciera una investigación orientada a culpar a los mismos hombres.

Las familias habían pedido que se los condenara a tres años de cumplimiento efectivo, pero los jueces no encontraron pruebas para hacerlo. Ayer el apagado fuego de los muñecos, fuera de la sala, dejaba paso a lo que había adelantado el fiscal cuando hizo su acusación: “el amargo sabor de no saber toda la verdad”.

Cronología del triple crimen

9 de noviembre de 1997: Desaparecen las hermanas María Emilia y Paula González y Verónica Villar. Habían salido a caminar por la zona de las chacras.

11 de noviembre: Aparecieron los cuerpos sin vida de las chicas. Las hermanas González fueron asesinadas a balazos y Villar murió asfixiada. Las tres habían sido violadas. Ese mismo día, la policía detuvo a dos marginales: Hilario Sepúlveda y Horacio Huechumir. Los acusan de homicidio en base a pruebas fabricadas.

10 de enero de 1998: Sepúlveda y Huechumir son liberados por falta de mérito.

14 de enero: Claudio Kielmasz, quien le dijo al padre de las dos chicas donde se encontraba el arma asesina, quedó procesado como autor del triple crimen. Pasó de testigo a imputado: el arma era de su madre.

6 de junio: La provincia de Río Negro denunció a nueve policías por asociación ilícita. Los acusan de fabricar las pruebas contra Sepúlveda y Huechumir y desviar la investigación. Entre ellos estaba el subcomisario Luis Seguel, procesado por encubrimiento.

30 de julio: Carlos Aravena, testigo de la detención irregular de Sepúlveda y Huechumir, apareció decapitado en un barrial.

7 de agosto: Guillermo González Pino se convirtió en el segundo imputado. Su ex pareja denunció que había usado su camioneta para trasladar los cadáveres.

13 de agosto: Se revocó el procesamiento de Seguel. No así el del comisario José Luis Torres y el sargento Luis Minervini, quienes fueron a juicio. Ayer ambos fueron absueltos.

Hablan los padres de las chicas asesinadas

“Sigue intacto el encubrimiento”

Por Horacio Cecchi

“Esto sigue igual que antes. Todavía sigue intacto el poder político que encubre a los asesinos.” Ulises González, padre de Paula y María Emilia, no tuvo dudas en su lectura del fallo. Juan Villar, padre de Verónica, tampoco: “Fue un juicio trucho rebautizado como show”.

La evidente disconformidad de los familiares de las víctimas tenía una razón de ser, pese a las elevadas condenas recibidas por Claudio Kielmasz (perpetua) y Guillermo González Pino (18 años): “Los verdaderos asesinos no fueron enjuiciados, y están cubiertos por el poder”, sostuvo González. Tampoco quedaron conformes con la absolución del comisario José Luis Torres y el sargento Luis Minervini, acusados respectivamente de haber plantado pruebas y de preparar testigos. “Pedimos el máximo de la pena por encubrimiento, pero la Justicia decidió que no eran culpables”.

–Tenemos una pequeña batalla ganada, pero falta mucho –aseguró Ulises González–. Esperemos que Kielmasz, que sabe mucho más que lo que dicen que sabe, no quiera comerse la perpetua y diga algo más.

–¿La causa sigue abierta?

–La que sigue abierta es la que ellos (la justicia) llaman la causa residual, pero que para nosotros es la causa más importante porque es la que investiga a los verdaderos asesinos.

–¿Entonces, Kielmasz y González Pino no participaron?

–Tuvieron una participación: para el tribunal Kielmasz es el que entregó el arma asesina, y González Pino fue autor del secuestro, y el que se demostró por un testigo que permaneció más tiempo en contacto con nuestras chicas. Puede haberlas golpeado y matado, pero no fue probado.

–Kielmasz se enredó solo y González Pino es un comodín de la policía. Para nosotros, los asesinos siguen libres –denunció Juan Villar–. Con este juicio, los únicos que están conformes son los policías asesinos, protegidos por los poderosos, y el gobernador Pablo Verani, que deja las cosas como están.

–¿Ustedes estuvieron de acuerdo con la idea del fiscal, quien consideró que las asesinaron por error?

–Es una hipótesis más. Tiene algunos fundamentos –sugirió González.

–Fue parte de todo el circo –aseguró Villar.

–Yo soy de la idea de que en los asesinatos participaron policías y también hijos del poder –agregó González.

–Parece que tuviera algunos nombres.

–Los tengo, pero por ahora me los reservo.

–¿Qué opina sobre la absolución de Torres y Minervini?

–Pedimos el máximo de la pena de encubrimiento, que son tres años. Pero la justicia no consideró que fueran culpables y los absolvió por el beneficio de la duda.

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Los misterios del triple crimen

Fabián Bergero – Clarín.com

7 de noviembre de 1999

Pasaron dos años desde el triple crimen de Cipolletti -un caso que provocó conmoción- y es poco lo que se avanzó. La instrucción judicial no arrojó luz sobre la forma en que mataron a las tres estudiantes, ni en qué lugar se produjo el asesinato, ni cuánto tiempo pasó desde que desaparecieron hasta que las mataron. Tampoco se avanzó en una de las preguntas clave de la causa: ¿por qué las mataron?

Tengo la sensación de que nunca sabré qué pasó con mis hijas, le dijo a Clarín Ulises González, el padre de las hermanas María Emilia (24) y Paula Micaela (16), las chicas asesinadas brutalmente junto a su amiga Verónica Villar (22).

González sabe que a mediados de 2000 la causa por el triple crimen llegaría a juicio oral. La investigación pudo señalar a dos personas como involucradas directamente en el caso: Guillermo González Pino tiene un procesamiento en firme, acusado de ser el autor material del crimen, y Claudio Kielmasz, como partícipe necesario.

No estamos conformes con la instrucción. Sabemos que hay más gente involucrada en el crimen y en el encubrimiento, dijo González.

La historia comenzó la tarde del 9 de noviembre de 1997. Ese día las tres amigas salieron a caminar por una calle rural de la entonces apacible Cipolletti. Prometieron regresar enseguida porque María Emilia González quería estar con su hija Agustina, de sólo dos años. Pero nunca se las volvió a ver.

Los cuerpos de las tres amigas fueron encontrados dos días después a un costado de las vías del tren, cerca del sitio en donde fueron vistas por última vez. Tenían signos de torturas y agresión sexual. Las hermanas murieron por disparos de arma de fuego y Villar, ahogada con su propia sangre. Dos horas después del macabro hallazgo, la Policía de Río Negro detuvo a dos personas: Hilario Sepúlveda y Horacio Huenchumir. Se trataba de dos marginales que formaban parte del elenco estable de sospechosos. Todas las pruebas los señalaban como culpables: se resistieron a la detención, pelos extraños entre las ropas, rasguños y golpes.

El juez de instrucción Pablo Iribarren no tardó en procesarlos como autores del triple asesinato. Pero antes de que terminara 1997, esa pista se derrumbó. Las pruebas cayeron una a una, mientras se revelaba una trama de encubrimiento que habría comenzado en el mismo momento en que las chicas desaparecieron, y de la que habrían participado policías y civiles.

El juez cambió el rumbo de la investigación y recurrió al auxilio de la Policía Federal. Inclusive, se abrieron varias causas paralelas, como la del encubrimiento policial, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad. Pero ninguna medida permitió recuperar el tiempo perdido, en el que desaparecieron pruebas fundamentales.

Sospechas

En dos años, no se obtuvieron certezas que compliquen la situación de las dos únicas personas que -probablemente en junio de 2000- irán a juicio oral. A Claudio Kielmasz (25) se le atribuye una activa participación en el abordaje, retención, ultraje y muerte de las chicas. Incluso apareció en la investigación en forma macabra: condujo al padre de las hermanas González hasta el lugar en que estaba oculta un arma calibre 22. Luego se determinó que se trataba de la pistola con que ultimaron a María Emilia y Paula Micaela.

Guillermo González Pino apareció más tarde en la causa, mientras se investigaba su participación en una asociación ilícita entre policías y civiles en la compra-venta de autos robados. Se lo acusa de ser autor material del crimen.

El abogado de las familias González y Villar, José O’Reilly, explicó a Clarín que la causa nació mal. Dijo que el motivo fue una actuación policial desastrosa, y por eso cree que no tiene sentido prolongar más la instrucción. Con lo que se tiene no se puede avanzar más.

O’Reilly coincidió con González en que en el crimen de las chicas participaron más personas que las dos imputadas. Hay más autores y encubridores que no se pudieron descubrir durante la investigación y que difícilmente aparezcan durante el debate oral.

Creen que detrás del crimen hay gente con poder, capacidad operativa e impunidad suficiente como para mantener oculta la verdadera historia del asesinato. A veces pensamos que hay una mano negra que impide conocer lo que ocurrió, repite Ulises González. También su abogado apoya la idea de que el móvil del crimen está relacionado con actitudes mafiosas, y no duda que tenga relación con la droga. Sin embargo no alcanza a explicarse por qué las chicas fueron las víctimas.

 

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VÍDEO: HABLEMOS DE JUSTICIA – TRIPLE CRIMEN DE CIPOLLETTI

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