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El crimen de Cuenca

Wikipedia

El llamado crimen de Cuenca hace referencia a un supuesto caso de asesinato que nunca tuvo lugar, y que por sus numerosos errores judiciales y policiales ha pasado a la historia del derecho español. En teoría el crimen había tenido lugar entre las localidades de Tresjuncos y Osa de la Vega, en la provincia de Cuenca, en el año 1910.

El caso inicialmente se cerró por falta de pruebas, aunque poco después se volvió a reabrir. En esta nueva apertura del caso las investigaciones policiales y judiciales fueron irregulares desde el primer momento, y la misma incluyó tortura, numerosos abusos policiales, y finalmente penas de prisión para los acusados. Sin embargo, años después se descubrió que la persona supuestamente asesinada continuaba con vida, por lo que la Justicia hubo de intervenir nuevamente para anular las condenas y dictaminar la indemnización de los acusados. Así, el crimen de Cuenca ha pasado a la historia del derecho español como un caso paradigmático de error judicial.

En 1981 se estrenó una película dirigida por Pilar Miró basada en estos hechos, la cual causó un gran impacto en la sociedad española de entonces.

Los hechos

José María Grimaldos López, un joven pastor de 28 años apodado El Cepa (al parecer por su baja estatura y pobre entendimiento), que trabajaba en la finca de Francisco Antonio Ruiz, era objeto de continuas burlas por parte de León Sánchez, mayoral de la finca y también por el guarda Gregorio Valero. El 20 de agosto de 1910, José María vendió unas ovejas de su propiedad y desapareció.

Posteriormente se averiguó que fue a tomar unos baños a «La Celadilla», laguna cuyas aguas y barros, con los que se embadurnan los bañistas, se cree que poseen propiedades curativas («Baños medicinales La Celadilla»), y que se encuentra situada en el término municipal de El Pedernoso a unos 4 km de la población.

Después de varias semanas desde su desaparición, comenzaron a correr rumores por los alrededores del pueblo de Tresjuncos sobre el posible asesinato de José para robarle el dinero que había obtenido por la venta de las ovejas.

Al tener conocimiento los familiares de las burlas que José María recibía, puesto que él mismo las comentaba continuamente cuando estaba en casa, decidieron presentar denuncia de la desaparición en el juzgado de Belmonte, acusando a León y a Gregorio de haberlo matado, por lo que fueron detenidos para ser llevados a juicio. Tras interrogar a los detenidos, se instruyó el sumario y el juez puso a los acusados en libertad por falta de pruebas. En septiembre de 1911 la causa fue sobreseída.

Nueva acusación y encarcelamiento

Al cabo de un par de años, en 1913, por insistencia de los familiares de Grimaldos se reabre el caso. La familia de José María vuelve a denunciar coincidiendo con la llegada del nuevo juez, Emilio Isasa Echenique. Nuevamente se vuelve a cursar orden de detención a los mismos sospechosos iniciándose así un largo proceso de calvario para éstos.

La Guardia Civil comenzó a torturar y maltratar a los detenidos a fin de conseguir las confesiones de los inculpados de la muerte de José María como responsables del crimen y averiguar también qué habían hecho con su cadáver.

El 11 de noviembre de 1913 y por orden del juez de Belmonte, el juez de Osa de la Vega levanta acta de defunción haciendo constar que, José María Grimaldos López, natural de Tresjuncos, había fallecido el 21 de agosto de 1910 a las 8.30 o las 9.00 de la noche a consecuencia de haber sido asesinado por Gregorio Valero y León Sánchez. El acta recoge la anotación marginal: No ha podido ser identificado el cadáver por no haber sido hallado.

En 1918 después de cuatro años y medio encarcelados, comienza el juicio en la Audiencia Provincial, con un sumario plagado de contradicciones y diligencias sin esclarecer. La sentencia fue de 18 años de cárcel para cada uno.

El tribunal que condenó a los acusados apenas deliberó durante treinta minutos, y los doce miembros que componían el jurado los consideraron culpables de la muerte de José María. La labor de la defensa consistió en limitarse a evitar la pena de muerte, el garrote vil vigente en esos días. Gregorio cumplió condena en el penal de San Miguel de los Reyes en Valencia, mientras que León la cumplió en la prisión de Cartagena.

Indulto y salida de prisión

El 4 de julio de 1925 y como consecuencia de dos decretos de indulto, salieron de la cárcel recuperando la libertad tras haber cumplido 12 años y dos meses de condena.

Aparición de José María Grimaldos

El 8 de febrero de 1926, el cura de Tresjuncos recibió una carta del cura del municipio de Mira, en la que solicitaba la partida de bautismo de José María Grimaldos a fin de celebrar el matrimonio de éste. El cura de Tresjuncos, sin salir de su estupor ante semejante noticia, decidió no responderle.

Impaciente por el retraso de su matrimonio, Grimaldos decidió partir hacia Tresjuncos y se presentó sin más en el pueblo. La gente del pueblo al ver a José María no dio crédito y todo el pueblo y sus alrededores se conmovió ante la noticia; entonces el juez de Belmonte intervino y ordenó detener al supuesto José María Grimaldos. En las siguientes horas, la noticia llegó a la prensa y a la opinión pública y alcanzó enorme trascendencia.

Tras la indiscutible identificación de Grimaldos, el Ministro de Gracia y Justicia ordenó la revisión de la causa y mandó al fiscal del Tribunal Supremo interponer recurso de revisión contra la sentencia de la audiencia de Cuenca. En dicha orden se anota que «hay fundamentos suficientes para estimar que la confesión de los reos Valero y Sánchez, base esencial de sus condenas, fue arrancada mediante violencia continua inusitada». (…) Según el Tribunal Supremo: «en vista del error de hecho que motivó la sentencia, se declara la nulidad de la misma, por haberse castigado en ella delito que no se ha cometido, afirmándose así la inocencia de Gregorio Valero y León Sánchez» (Tribunal Supremo, sentencia del juicio de revisión de 10 julio 1926).

La sentencia publicada por el Tribunal Supremo declara nula la resolución dictada en Cuenca en 1918, estableciendo así la inocencia de Sánchez y Valero; al mismo tiempo establece la nulidad en el acta de defunción de José María Grimaldos, y determina las indemnizaciones correspondientes que el Estado debe abonar a los presos en estos casos.

Sánchez y Valero acabaron sus días en Madrid, lejos de su pueblo y de las gentes que los habían condenado; ahí se les ofreció un trabajo de guarda jurado al servicio del Ayuntamiento.

El crimen en la literatura y cine

Sobre estos hechos auténticos, el escritor Alicio Garcitoral, gobernador civil de Cuenca cuando ocurrieron, escribió su novela social El crimen de Cuenca (1932) reeditada con prólogo y edición de José Esteban en 1981.

Algo después, el famoso escritor Ramón J. Sender, escribe la novela El lugar de un hombre (1939).

El escritor conquense Luis Esteso y López de Haro, natural de San Clemente, le dedicó unas coplas bajo el título «El Crimen de Cuenca» que editó en una de las numerosas recopilaciones de sus (Madrid, G. Hernández y Galo Sáez, 1927).

El matemático Carlos Maza Gómez estudia también el caso en su libro Crímenes de 1926.

La directora Pilar Miró rodó una película en 1979 titulada El crimen de Cuenca con guion de Lola Salvador Maldonado basado en su propio libro homónimo publicado con el mismo título por la editorial Argos Vergara. La película es un fuerte alegato contra la tortura y se sobreentiende que el crimen al que se refiere el título, es el cometido por la Guardia Civil al torturar a los sospechosos. En una decisión sorprendente para la joven democracia española (y presumiblemente ilegal, pues la censura se había abolido dos años antes), el ministro de cultura, Ricardo de la Cierva, prohibió su exhibición y no pudo ser estrenada hasta agosto de 1981.

La intrahistoria de un error judicial sobre un falso asesinato

Nati Villanueva – ABC.es

9 de junio de 2014

El muerto estaba vivo, pero cuando apareció dos personas ya habían cumplido dieciocho años de cárcel por un supuesto crimen que no habían cometido. La fragmentación y aislamiento del medio rural a principios del siglo pasado, el ánimo de venganza, el abuso de autoridad y la presión social a un jurado que quiso un veredicto implacable fueron el caldo de cultivo del error judicial que supuso el denominado crimen de Cuenca.

Es uno de los sucesos de la llamada crónica negra que forma parte de «Los Procesos célebres seguidos ante el Tribunal Supremo en sus doscientos años de historia», un libro editado por el BOE que se presentará en el Alto Tribunal el próximo jueves con motivo de las Jornadas de Puertas Abiertas que comienzan ese mismo día y se prolongarán hasta el sábado.

El crimen de la calle Fuencarral, los crímenes de Jarabo, el asesinato de Eduardo Dato, los sucesos de Casas Viejas, los atentados contra Alfonso XII y Alfonso XIII o las causas contra Miguel de Unamuno son algunos de los casos que integran la obra dirigida por el magistrado Jacobo López Barja de Quiroga.

Condena injusta

Todos los procesos recogidos en estos dos tomos, en total 39 capítulos, tienen algo en común: por su trascendencia social o política generaron una gran repercusión mediática y, además, en cada uno de ellos el Tribunal Supremo tuvo la última palabra. En este caso, en el crimen de Cuenca -capítulo al que ha tenido acceso ABC-, el Alto Tribunal proclama la necesaria rehabilitación de la fama de dos vecinos que, bajo coacciones, se «confesaron» autores de la muerte de un pastor para cumplir 18 años de cárcel como «mal menor».

La condena de ambos a la pena de muerte se daba por segura «en una sociedad cainita, caciquil, analfabeta y aislada de su entorno».

El 21 de agosto de 1910 Ramón Grimaldos desaparecía en Osa de la Vega (Cuenca) sin dejar rastro. Por las montañas y rincones de la provincia de Cuenca empezó a correr la versión de que había sido asesinado. El encono popular señaló como autores de aquella «muerte» a las dos últimas personas que habían visto con vida al pastor: León Sánchez y Gregorio Valero. El caso se había archivado, pero llegó a la localidad un nuevo juez de instrucción, Emilio Isasa, que intentó construir la acusación sobre los cimientos de los rumores.

Cambio de rumbo

Los acusados negaron en todo momento la autoría del crimen, pero el 27 de abril de 1913, por hechos que se conocerían con posterioridad, tanto Sánchez como Valero cambiaron su versión y cuadraron una nueva con visos de credibilidad: «Tenían intención de robar a José María, de modo que Gregorio lo llevó al palomar y una vez allí lo golpeó con una garrota, propinándole Gregorio una puñalada. Respecto al destino del cadáver, convinieron echárselo a una gorrina que tenía Gregorio que era bastante grande, para lo cual lo trocearon. Luego machacaron los huesos y los quemaron, declarando Gregorio que León se llevó la cabeza en un pañuelo de los llamados moqueros».

La defunción de Grimaldos se inscribía en el Registro Civil de Osa de la Vega con fecha 11 de noviembre de 1913, haciendo constar que «la muerte se produjo entre las ocho y media o nueve de la noche del día 21 de agosto de 1910 en el Palomar de Virgen de la Vega a consecuencia de haber sido asesinado por Gregorio Valero y León Sánchez». En la inscripción de defunción, una nota: «No ha podido ser identificado el cadaber (sic) por no haber sido hallado».

La causa siguió su curso y desembocó en el juicio, que se celebró el 25 de mayo de 1918. Duró siete horas, de las cuales el jurado apenas invirtió media en resolver el futuro penitenciario de los acusados: «Ambos dieron muerte a José María Grimaldos, en acción conjunta y provistos de garrote y cuchillo».

«No estoy muerto»

La intervención del Tribunal Supremo en la causa tiene su origen en un hecho que causó estupor en la época: la aparición con vida del pastor.

La noticia trascendió porque el párroco de la localidad de Tresjuncos había recibido una carta en la que se le solicitaba la partida de nacimiento de Grimaldo porque iba a casarse. El juez ordenó que se detuviera y condujera a su juzgado a la persona que había solicitado ese documento. La sorpresa fue mayúscula cuando fue el propio Grimaldo quien compareció. Era 19 de febrero de 1926.

El pastor explicó al juez que ese 21 de agosto de 1910 «ni se despidió de su amo ni se llevó su ropa porque se iba a los baños de La Celadilla con ánimo de volver a los pocos días». Luego, dijo, cambió de opinión y se fue a la localidad de Camporrobles (Valencia), donde estuvo durante los años transcurridos, trabajando en distintas casas como pastor o en la vendimia. Tenía mujer e hijos y ahora quería casarse. Grimaldo no sabía la suerte que habían corrido León y Gregorio. Del primero aseguró que «siempre fue bueno con él»; del segundo, que apenas lo había tratado. Manifestó también que había escrito una carta siete u ocho años atrás a su hermana, que no se dignó a contestarle. Lo sorprendente es que se sabe que esa carta llegó a su destino. Y nadie dijo nada.

«Arrancada con violencia»

La noticia de la aparición de Grimaldos se convierte en noticia de primera página en todos los periódicos de la época. El 29 de marzo de 1926 el Ministerio de Gracia y Justicia dictaba una Real Orden en la que sostenía que había «fundamentos bastantes» para estimar que la confesión de León y Gregorio «había sido arrancada en el sumario mediante violencias inusitadas» y que habían existido «descuidos e infracciones procesales» durante la tramitación de la causa. Ordenaba al fiscal que interpusiera ante el Supremo un recurso de revisión.

Con los acusados ya en libertad condicional, el Alto Tribunal hizo por primera vez una interpretación flexible de este recurso, y en su sentencia (10 de julio de 1926) afirmó que, aunque para interponerlo los condenados tendrían que estar en la cárcel, «repugna a la conciencia negar al que cumplió una condena injusta la íntima satisfacción de verse rehabilitado (…). En un proceso fallado con error evidente, la revisión es más humana, más necesaria y más conforme a los fines sociales y de justicia».

¿Qué fue de ellos?

A los pocos días de publicarse esta sentencia, a raíz de la cual se intentó, sin éxito, depurar responsabilidades, falleció el juez de instrucción. La prensa de la época atribuyó la muerte a una angina de pecho, pero años después se descubriría que fue un suicidio.

El forense que asistió a los detenidos durante su declaración ante la Guardia Civil -y que llegó a ser condecorado con la Cruz de Beneficiencia por su actuación en el procedimiento, como informó ABC el 9 de julio de 1927- acabó siendo juzgado por emitir un certificado en el que indicaba que los arrestados no presentaban signos de violencia. Fue absuelto. Veinte años después confesaría en una entrevista que presenció cómo se les «golpeó infamemente».

También se salvaron los tres guardias civiles que tomaron declaración a León y a Gregorio y el secretario judicial, acusados de amenazas, coacciones y falsedad.

Respecto a los protagonistas de este lamentable error, «tampoco puede decirse que la sociedad y el Estado fueran muy generosos en reparar los daños causados». En 1929 ambos obtuvieron un empleo como guardas del Ayuntamiento de Madrid, y en julio de 1935 el Gobierno les concedió una pensión vitalicia de 3.000 pesetas anuales con un efecto retroactivo de cinco años.

Los acusados recibieron la noticia de la indemnización con una humildad extrema. El 28 de agosto de 1935, la revista «Mundo Gráfico» recogía las palabras de Gregorio: «Al cabo de tantos años, ante lo irreparable de nuestro calvario, y después de bien probada nuestra inocencia, ni mi compañero ni yo queríamos que por culpa nuestra se castigase a nadie. Por lo que a mí respecta, las pesetas que se nos dan las acojo con cariño porque sirven para aliviar la situación económica de mi casa (…)».

VÍDEO: ÍKER JIMÉNEZ – EL CRIMEN DE CUENCA