El asesinato de Sánchez Cerro

Juan Luis Orrego Penagos

El contexto político

Como sabemos, el mayor mérito político del coronel Sánchez Cerro (n. Piura, 1889) era el de haber acabado con el gobierno de Leguía en 1930. Derrocado el líder del «Oncenio», supo ganarse el apoyo del pueblo pero pronto cayó en los círculos sociales de la elite. Fue invitado a formar parte del exclusivo Club Nacional y la oligarquía pronto vio que podía contar con un candidato que tuviera el apoyo de las masas y el respaldo del ejército.

El objetivo era frenar a las masas «comunistas» que seguían al APRA, especialmente ahora que el electorado había sido ampliado por la ley que incluía a todos los varones adultos que supieran leer y escribir. Así se fundó la Unión Revolucionaria, que postuló a Sánchez Cerro a las elecciones de octubre de 1931. Fue un partido de enorme arraigo popular.

El origen mestizo y provinciano de su líder, que fue capaz de pulverizar el edificio leguiísta, ejercía enorme fascinación entre los obreros y los grupos medios urbanos. Su lema era el Perú sobre todo, lo que demostraba su clara vocación nacionalista propia de un militar que toma el poder, y como respuesta a las influencias «foráneas» representadas por el aprismo y el comunismo.

Entre los candidatos que se presentaron a las elecciones de 1931, dos fueron los más importantes: Luis M. Sánchez Cerro, por su partido la Unión Revolucionaria, y Víctor Raúl Haya de la Torre, por el Partido Aprista Peruano (PAP). Los otros fueron Arturo Osores, ardiente enemigo de la dictadura de Leguía al que apoyaba la Coalición Nacional, y José María de la Jara Ureta, del Partido Unión Nacional.

Pocas veces en la historia republicana hubo tanto entusiasmo y expectativa ante un proceso electoral. Pero, al final, el país se dividió. La Iglesia, el Ejército y la oligarquía costeña no escatimaron esfuerzos para denunciar al APRA como un movimiento subversivo internacional que pretendía destruir la integridad nacional.

Según El Comercio, los comicios se llevaron a cabo con gran sentido de ecuanimidad. Ellas se caracterizaron por el respeto de unos ciudadanos con otros ciudadanos. Enormes masas de gente fueron a depositar sus sufragios y esperaron el turno correspondiente sin agresiones de ninguna clase. No hubo hechos de sangre ni abusos el día que fue ejercido el acto cívico.

Alrededor de 300 mil electores depositaron sus votos a favor de los cuatro candidatos presidenciales y de una multitud de candidatos al Congreso. De acuerdo a la información oficial, votó el 80% de los inscritos en el Registro Electoral. Los resultados fueron los siguientes: Sánchez Cerro 152 mil votos; Haya de la Torre 106 mil; José María de la Jara y Ureta 21,921; y Arturo Osores 19,653.

La victoria de Sánchez Cerro era contundente, pues había obtenido más votos que los otros juntos. Sin embargo, mientras La Jara y Osores reconocían su derrota, los apristas denunciaron fraude electoral y llegaron a decir que Haya de la Torre era el «Presidente moral del Perú».

La victoria de Sánchez Cerro era un golpe amargo para las legiones apristas que daban por descontado el triunfo de Haya. Habían sido convencidos de que había llegado el momento de cambiar el país en beneficio de ellos mismos. Su frustración era inmensa.

A partir de allí, el Partido del Pueblo inició una cerrada oposición desde el recién instalado Congreso Constituyente y desde las calles. Este fue el inicio del odio aprista hacia Sánchez Cerro y de la violencia que se desató en el país que tuvo sus puntos más álgidos durante la Revolución Aprista de Trujillo (1932) y el asesinato de Sánchez Cerro (1933).

La calma desapareció y los apristas iniciaron una feroz campaña de oposición y violencia que siempre encontró una reacción firme del gobierno en hacer respetar los resultados electorales. Este clima fue empeorando hasta desembocar, prácticamente, en una guerra civil.

El primer escenario de enfrentamiento fue el Congreso donde la «cédula parlamentaria aprista» (liderada por Manuel Seoane, Carlos Manuel Cox, Luis Heysen y Luis Alberto Sánchez) empezó sus debates con el oficialismo en medio de gritos, amenazas e insultos. Pronto circularon rumores de conspiraciones e intentos de asesinatos.

El Congreso, entonces, aprobó una «ley de emergencia» destinada a reprimir cualquier desmán que a su juicio podía ocasionar el APRA. De este modo, se cerraron sus locales, se clausuró su periódico La Tribuna y el 18 de febrero de 1932 fueron desaforados y luego deportados los parlamentarios apristas. Los principales líderes del «partido del pueblo» fueron perseguidos y varios de ellos pasaron a la clandestinidad. Haya de la Torre fue recluido en la isla de El Frontón.

De este modo, surgía una relación, basada en el terror, entre el APRA y el ejército. Su momento más sangriento fue la revolución aprista de Trujillo que se inició con la masacre de varios oficiales del ejército en el cuartel O’Donovan y culminó con la ejecución masiva de los cabecillas apristas en los muros de la ciudadela de Chan Chan. El gobierno culpó a la dirigencia aprista de instigar o participar directamente en esta frustrada revolución.

Como si esto fuera poco, Sánchez Cerro sufrió un atentado contra su vida cuando salía luego de escuchar misa en la Iglesia Matriz de Miraflores. Un joven aprista le disparó con un revólver por la espalda y el presidente salvó milagrosamente. Pero estos hechos, todos ocurridos en 1932, el «año de la barbarie», no serían sino el preludio de otro aún más dramático: el asesinato del propio Sánchez Cerro.

El asesinato de Sánchez Cerro

Fueron las tensiones internacionales las que provocaron, sin ser ése el verdadero móvil, la trágica muerte del Sánchez Cerro. La firma del Tratado Salomón-Lozano con Colombia, hecha por Leguía, indignó a la opinión nacional, de manera especial a los loretanos, un grupo de los cuales, en septiembre de 1932, se apoderó del pueblo de Leticia y expulsó a las autoridades del país vecino. Sorprendido ante el hecho, Sánchez Cerro lo consideró obra de la oposición.

Tiempo antes, el líder de la Unión Revolucionaria había declarado a la agencia Associated Press, lo siguiente: «Nosotros no reabrimos la cuestión internacional arreglada por el ex-Presidente señor Augusto B. Leguía. Nosotros miramos tales cuestiones como hechos cumplidos, pues los arreglos hechos por el anterior Gobierno lo fueron a nombre del Perú y no a nombre personal de Leguía; nuestro único interés es la reorganización interna del país y el aseo de la casa.» Pero ahora el panorama había cambiado. En su entusiasmo, los captores de Leticia no midieron las consecuencias provocando la protesta colombiana. El Perú se negó a presentar excusas y hubo algunos enfrentamientos fronterizos.

Como vemos, el desarrollo de los acontecimientos ocasionó el desapego de Sánchez Cerro al Tratado. La guerra era inminente y su gobierno decide movilizar 30 mil efectivos a la frontera. El momento trágico no tardaría en llegar.

El domingo 30 de abril de 1933, Sánchez Cerro pasaba revista a las tropas en el hipódromo de Santa Beatriz (hoy Campo de Marte). Viajaba en un Hispano-Suiza descubierto (un gesto imprudente, teniendo en cuenta que había sobrevivido milagrosamente a un atentado anterior).

Compartía el asiento posterior el primer ministro José Matías Manzanilla. En el traspuntín, mirando hacia atrás, viajaba el coronel Antonio Rodríguez, jefe de la Casa Militar. Alrededor del vehículo, trotaban los lanceros a caballo.

Era casi la 1 de la tarde. Avanzaban con lentitud, atravesando la multitud, cuando un joven, de filiación aprista, Abelardo Mendoza Leiva, corrió hacia el vehículo, saltó al estribo y empezó a disparar (20 días antes lo habían dejado en libertad por orden de la Prefectura).

Entonces, estalló el tiroteo. Mendoza Leiva fue capturado y le dispararon a la frente. El cadáver recibió más balazos y fue convertido en pulpa por las lanzas de la escolta. A Sánchez Cerro lo llevaron a toda velocidad al Hospital Italiano (en la actual avenida Abancay). Expiró a la 1 y 10 minutos de la tarde.

El informe del doctor Carlos Brignardello, uno de los médicos que lo asistieron antes de su muerte, decía que hubo dos clases de disparos: de menor calibre, arriba abajo; y de mayor calibre y de necesidad mortal, un disparo de abajo arriba y de adelante hacia atrás. Este último tiro se había hecho de muy corta distancia y causó una hemorragia incontenible.

Los disparos de arriba abajo fueron hechos por Mendoza Leiva (portaba una Browning automática, calibre 45, 50 metros de rango efectivo y 243 metros por segundo de velocidad inicial de la bala), que estaba trepado en el estribo y disparaba por encima de Matías Manzanilla. Se presume que el coronel Rodríguez había sacado su arma y que Sánchez Cerro se desplomó hacia delante al recibir las balas de Mendoza. Si Mendoza Leiva ya había caído, la pregunta que siempre quedó en la polémica es ¿quién apretó el gatillo de abajo para arriba?

Según Jorge Basadre, el agresor se apoyó con la mano izquierda en la capota y, con un revólver, disparó a quemarropa, por la espalda del presidente, varios tiros, según declararon los médicos Guillermo Fernández Dávila y Carlos A. Bambarén en el peritaje que luego practicaron. Añade Basadre: «Según declaraciones que hizo el doctor Brignardello, la herida que quitó la vida del presidente fue de necesidad mortal desde el primer momento… el orificio de entrada se encontraba en plena región precordial con aparente trayectoria de abajo a arriba y de adelante a atrás.»

Todo parece indicar que los disparos de Mendoza Leiva fueron de otro calibre que el del balazo definitivo. Pero se tapa todo… El auto tenía perforaciones del otro lado; también le dispararon desde los jardines del Lawn Tennis (en las fotos, el auto parece una «coladera» de balas). Todo parece indicar que no fue un acto espontáneo, exclusivo, personal y anarquista.

Consecuencias del asesinato

Nunca se comprobó la responsabilidad de la cúpula del APRA con el asesinato. La versión «oficial» dice que el joven actuó solo: el temor a que Sánchez Cerro pudiera organizar un partido que lograra tener más éxito con las masas empujó al asesino, o a quienes lo instigaron al crimen, a eliminar físicamente a su principal adversario político. Para Basadre, si el automóvil presidencial fue blanco de ocho disparos hechos por varia manos, o sea si hubo un complot como afirmó perentoriamente la sentencia, no hay modo de encontrar hoy una comprobación.

Asesinado el presidente, esa misma tarde el Congreso decidió nombrar al general Oscar R. Benavides para completar el período del difunto gobernante. El nombramiento era una clara violación constitucional pero se invocó la situación de emergencia. El militarismo continuaba. Dicen que Benavides mandó quemar mucha documentación referente al magnicidio.

El cuerpo de Sánchez Cerro fue velado, del 1 al 4 de mayo, en la capilla del Sagrario, en la Catedral de Lima. El acto fue multitudinario. Hombres y mujeres de toda edad y condición social acompañaron el velatorio del cuerpo y su posterior sepultura en el cementerio Presbítero Maestro.

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Benavides y el asesinato de Sánchez Cerro

Héctor Vargas Haya – Voltairenet.org

29 de abril de 2010

Con este título, reproduce Basadre, las consideraciones sobre el asesinato de Sánchez Cerro y se remite al libro de Víctor Villanueva El Militarismo en el Perú, en el que, acusa a Benavides como el responsable, y aunque sin justificación valedera lo asocia al APRA, cuyo fundador, Haya de la Torre, se hallaba preso en la penitenciaría de Lima, es conocida la sentencia absolutoria a favor de miembros del Partido Aprista, expedida por la corte marcial que respaldó el fallo del juez Carlín, librándolos de culpa.

Al respecto dice el escritor colombiano Alberto Donadio que «las pruebas indirectas de una conspiración entre Benavides y Haya de la Torre para asesinar al caudillo piurano han sido desacreditadas por los historiadores, y probablemente nunca se aclarará el asesinato del hipódromo……». Albero Donadio. La Guerra con el Perú. Planeta Colombiana Editorial S.A. 1995. pag. 277.

En cambio, no ha existido autoridad alguna que haya absuelto a Benavides pese a las serias pruebas en su contra. Luis A. Flores, jefe del Partido Unión Revolucionaria y miembro del Congreso Constituyente fue el más elocuente cuando sostuvo:

«A los cinco años de la revolución de Arequipa, una persona que por casualidad había llegado al gobierno, adoptaba una actitud que se confirmaba con el rumor público que la mano que apretó el gatillo para quitar la vida al general Sánchez Cerro se encontraba en el gobierno. El asesino del 30 de abril se encuentra en Palacio de Gobierno». Jorge Basadre. Historia de la República, 6ª ed.. pag. 421 y 423.

Resultó sintomático que el ejecutor de los disparos, Abelardo Mendoza Leyva haya sido ajusticiado, en el acto mismo del asesinato eliminando de ese modo, al único que pudo haber informado acerca de los responsables intelectuales. De otro lado, de los peritajes realizados apareció que la víctima recibió cuatro disparos por delante y dos por la espalda. Nadie pudo responder de qué modo Mendoza Leyva pudo realizar tal proeza, pues, la conclusión fue que hubo dos ejecutores que actuaron simultáneamente, cumpliendo consignas macabras.

De otra parte, el asesinato se produjo tan pronto como Sánchez Cerro había declarado su apoyo a la recuperación de Leticia y a pocas horas de haber reunido a 30,000 soldados en el hipódromo de Santa Beatriz, antes de enviarlos al frente de batalla en el Oriente Peruano, el 30 de abril de 1933 y a poco de haber partido con destino al Amazonas, dos fuerzas navales para luchar contra las tropas colombianas.

Y como consecuencia de la ocupación de Leticia por los peruanos y la actitud de respaldo de Sánchez Cerro, indignado el presidente colombiano, Enrique Olaya Herrera lanzó una criminal amenaza contra el presidente peruano, en una reunión realizada en Bogotá, según lo sostiene el escritor colombiano: «En última instancia, supongo que uno de los dos caerá, yo o Sánchez Cerro».

Por su parte, Sánchez Cerro, había afirmado que la entrega de Leticia fue objeto de una transacción monetaria. La prensa de Lima repitió tal aseveración pero, el canciller colombiano Lozano Torrijos negó haber entregado suma alguna y defendió a Leguía diciendo de él que era un hombre vanidoso y que se sintió adulado cuando le advirtió que con la firma del tratado contribuiría con el ideal americanista. «Más de un diario peruano afirmó que Lozano pagó sumas de dinero por la firma del convenio. Según Luis Miguel Sánchez Cerro, sucesor de Leguía, el tratado costó siete millones de pesos…» Alberto Donadio, La Guerra con el Perú pag. 76 y 278, ed. 1995.

Esta versión no está aislada, pues, luego de la recuperación de Leticia, el presidente colombiano Olaya Herrera solicitó aceleradamente al congreso de su país, la autorización de un préstamo de 10 millones de pesos para la defensa de la ilegal posesión, invocándose la inminencia de una guerra contra el Perú. El préstamo fue aprobado por ley 12 de 1932.

El propio autor colombiano reflexiona y asevera que en realidad nadie podía pensar que la resolución sería tan velozmente aprobada y suscrita por los colombianos. El préstamo carecía de objeto, por cuanto la realización de una guerra era improbable ya que, se hallaba en marcha el programado retorno de Leticia entre Benavides y el presidente Olaya. Ob. cit. pag.191.

Donadio expresa que el acuerdo acerca de la administración de Leticia fue aceptado por el gobierno peruano bajo dos condiciones: utilizar el menor número de tropas y no divulgar que se trataba de tropas colombianas sino de peruanas a fin de no herir la susceptibilidad de los peruanos.

Son importantes las elocuentes expresiones, por mucho tiempo escondidas, del embajador de los Estados Unidos de entonces, Fred Morris Dearing. «No puede uno evitar un sentimiento de gratitud hacia el pobre asesino de Sánchez Cerro, cuya bala acabó con la carrera de ese hombrecito perverso y mal aconsejado y condujo a la desintegración de su régimen represivo e intolerante»

Y a continuación el mismo autor expresa:

«Con la muerte de Sánchez Cerro se cumplía una predicción hecha en Bogotá por Olaya poco después de la invasión a Leticia» «En última instancia, supongo que uno de los dos caerá, yo o Sánchez Cerro», había pronosticado el presidente, refiriéndose a la impopularidad de la derrota en el Amazonas. En efecto uno de los dos cayó, y a Sánchez Cerro lo mató no sólo la bala asesina sino una guerra que nunca fue popular en su país salvo en Loreto» Donadio, ob. cit. Pag. 278, 286.

Hechos inmediatos a la asunción de Benavides otorgan nuevos elementos de juicio, pues, casi simultáneamente al asesinato se disolvió a las tropas organizadas que desfilaron en el hipódromo de Lima y se evitó la defensa del suelo patrio, se dio una contraorden para que inmediatamente regresaran al Callao las flotas de la Marina que se encontraba en Belem Do Pará, rumbo a Iquitos. En la página 99 de su citado libro La Bitácora de mi Vida, el vicealmirante Pedro Gálvez Velarde expresa:

«Después de unos meses en Belem, sin haber recibido un solo sueldo y habiéndose arreglado ya el problema con Colombia, el comandante Mercado recibió una orden para zarpar a Leticia, con el fin de hacer entrega de ese puerto a una Comisión Internacional, de acuerdo con el tratado de paz. Con esa orden, como lo dejamos escrito en página anterior, el jefe de la Fuerza, comandante Héctor Mercado, respondió al comando en Lima que la misión de la Fuerza era para defender a la patria y no para entregarla».

Benavides invitó a su amigo diplomacia Alfonso López Pumarejo, candidato presidencial colombiano y fue él quien representando a su gobierno logró se convenciera al congreso peruano para que el conflicto fuese resuelto en «paz». Y el 26 de mayo de 1933 se informó que Leticia pasará a ser administrada por una comisión internacional de la llamada Sociedad de Naciones que suponía la evacuación de las fuerzas peruanas y su sustitución por fuerzas colombianas. Si se quiere encontrar la lógica de los acontecimientos en ese atentado, es imposible prescindir de los hechos objetivos inocultables siguientes:

1.- La firme decisión de Sánchez Cerro de apoyar la recuperación de Leticia, incluyendo la voluntad de ir a la guerra, si fuere necesario, para lo que envió flotas de la marina con destino a Iquitos y reunió a 30 mil soldados aquella tarde fatal, del 30 de abril de 1933 en el hipódromo de Santa Beatriz, antes de enviarlos a Loreto.

2.- La increíble facilidad del asesino, Abelardo Mendoza Leyva para acercarse hasta la carroza del presidente y dispararle ocho tiros.

3.- El peritaje balístico inobjetable, de 8 de mayo de 1933, de Pedro A. Gálvez Mata, Alberto Lainez Lozada, Florencio Salazar G. y Luis Grados, que estableció la existencia de hasta ocho impactos: cinco en la capota del auto y tres en el respaldo del asiento del presidente, que no admite la posibilidad del asesino de dispararle simultáneamente por delante y por la espalda. Y de acuerdo con la dirección de los disparos, dispararon, por lo menos cuatro personas.

4.- La amenaza pública del presidente colombiano Enrique Olaya Herrera, manifestando su odio a Sánchez Cerro, a punto de exclamar públicamente, que a última instancia tendría que caer uno de los dos, o él o Sánchez Cerro.

5.- El ajusticiamiento en el acto, del asesino de Abelardo Mendoza Leyva, con la evidente intención de eliminar su valioso testimonio, que hubiera servido para conocer al autor intelectual del magnicidio, del que Mendoza fue tan sólo un pobre sicario.

6.- La precipitada elección de Benavides y su inmediata asunción a la silla presidencial a las pocas horas del asesinato y antes del plazo constitucional y el haber sido elegido hallándose impedido de ser candidato por encontrarse en servicio activo.

7.- La apresurada devolución de la provincia de Leticia a Colombia, del 25 de mayo de 1933, a 25 días del asesinato.

La traición y la entrega de Leticia

Son insoslayables los tres episodios vergonzosos de entreguismo y traición: la antipatriótica entrega de Leticia a Colombia por el tirano Augusto B. Leguía, en 1922 y 1928; la recuperación de esa provincia peruana por la Junta Patriótica de Loreto en 1932, y finalmente, el desconocimiento de esa gesta y su devolución por parte de Benavides después del asesinato de Sánchez Cerro.

La firma del tratado a favor de Colombia por el tirano Augusto B. Leguía hizo nacer en Loreto sentimientos de justificado repudio e indignación y la actitud colectiva de recuperar el suelo peruano. La transferencia de esa provincia no fue ni siquiera el resultado de alguna guerra perdida, sino de acuerdos subalternos entre el presidente colombiano Enrique Olaya Herrera y el dictador peruano, con la mediación del departamento de Estado norteamericano, interesado en compensarle al país vecino la pérdida de Panamá.

La decisión de recuperarla fue tomada por la Junta Patriótica de Loreto, creada en Iquitos, el 27 de agosto de 1932 e integrada por los ingenieros D. Oscar Ordóñez de H., Luis Arana Zumaeta; doctores Ignacio Morey Peña, Pedro del Águila Hidalgo, Guillermo Ponce de León y Manuel I. Morey; teniente coronel Isauro Calderón; capitán de corbeta, Hernán Tudela y Lavalle entre otros. El acuerdo contó con el apoyo del ejército, la marina, la aviación y la policía, de esa región. La fecha para la incursión, señalada para el 15 de septiembre fue adelantada para el primer día, a fin de despistar al adversario que ya estaba enterado del plan.

Producido el victorioso acontecimiento, después de una inteligente emboscada, los peruanos irrumpieron en el local de la municipalidad de Leticia y en otras dependencias, detuvieron a sus ocupantes, policías y civiles. Moradores y autoridades huyeron después de capitular. Fue izada la bandera peruana y se dio cuenta del hecho al gobierno de Sánchez Cerro, quien luego de algunas dudas iniciales resolvió respaldar las acciones y consolidar la recuperación de la provincia cautiva.

Las instituciones navales del Perú, en Lima y por orden del gobierno, organizaron dos fuerzas para la expedición hacia Iquitos: una, bajo el título de Fuerza Avanzada del Atlántico (FAVA), constituida por el BAP «Grau» y los submarinos R-1 y R-4, y la segunda, Fuerza Naval del Pacífico constituida por el BAP «Bolognesi» y los submarinos R-2 y R-3. Relata el almirante de la Armada Peruana, Pedro Gálvez Velarde, que la acción fue apoyada por el pueblo, el ejército, la marina, la aviación y la policía. Que el gobierno de Sánchez Cerro respaldó la gesta iniciando la preparación del país para la guerra, luego de enterarse de un mensaje publicado en el diario La Región de Iquitos. Almirante Pedro Gálvez Velarde, La Bitácora de mi vida, edición, noviembre de 1997, pag. 93.

La Fuerza Avanzada del Atlántico, al mando del capitán de navío, Héctor Mercado, jefe de estado mayor, el capitán de Fragata Enrique Monge, zarparon en el BAP «Grau» a las órdenes del capitán de navío, Víctor Escudero, en abril de 1933, entre ellos se hallaba el teniente 2º, Pedro Gálvez Velarde.

El gobierno de Sánchez Cerro preparaba así al país para la guerra contra Colombia y reunió a unos 30,000 soldados, en el hipódromo de Santa Beatriz, y cuando estuvieron en Belem-Pará, listos para ingresar al Amazonas, el comandante Héctor Mercado recibió la orden de zarpar a Leticia pero, para hacer entrega de ese puerto a una Comisión Internacional, de acuerdo con el tratado de paz que firmó Benavides, días después del alevoso asesinato de Sánchez Cerro. Es digna de mención la respuesta del jefe de la misión, comandante Mercado:

«Misión de esta fuerza al salir del Callao ha sido para defender los sagrados intereses de la patria y no para hacer entrega de nuestro territorio a ninguna comisión internacional. Firmado: Héctor Mercado». Ob. cit. pag. 93 a 100.

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Luis Miguel Sánchez Cerro

Wikipedia

Luis Miguel Sánchez Cerro (Piura, 12 de agosto de 1889 – Lima, 30 de abril de 1933) fue un militar y político peruano, que ocupó la presidencia del Perú en dos ocasiones: la primera, del 27 de agosto de 1930 al 1 de marzo de 1931, como Presidente de una Junta de Gobierno instalada luego que derrocara al presidente Augusto B. Leguía; y la segunda, como Presidente Constitucional, luego de ganar unas reñidas elecciones en 1931, a la cabeza de su partido, la Unión Revolucionaria.

No cumplió su período constitucional pues murió a manos de un militante del partido aprista, organización a la que había proscrito por sus actividades subversivas, aunque no se ha determinado si fue víctima de un acto individual o de un complot.

Una de las razones de la gran popularidad que tuvo en vastos sectores de la población fue su marcada fisonomía de mestizo o cholo, haciendo que la gente lo viera «como uno más de ellos», pero se dice que en realidad era afroperuano, teniendo como base una leyenda urbana que aseguraba que nació en La Mangachería, famoso arrabal piurano poblado de descendientes de esclavos mangaches.

El historiador Héctor López Martínez lo describe como «un hombre de corta estatura, magro de carnes, de tez oscura, con ojos negros y chispeantes, gestos enérgicos y don de mando.» También contribuyó a su popularidad su nacionalismo y su pretensión de desconocer el tratado de límites con Colombia firmado durante el gobierno de Leguía, lo que provocó un enfrentamiento bélico con dicha nación.

De su breve mandato destaca la promulgación de la Constitución Política de 1933 (la cual fijaba en seis años el período presidencial, prohibía la reelección inmediata del presidente de la República, implantaba la libertad de culto y reconocía el divorcio); asimismo otorgó a los obreros vacaciones y el descanso remunerado por el día del trabajo, creó los restaurantes populares, suprimió la ley de conscripción vial, equipó las Fuerzas Armadas, continuó la construcción de la carretera Central, etc.

Debido a su actuación política en medio del período más turbulento de la historia peruana del siglo XX, Sánchez Cerro es sin duda una personalidad muy controvertida, y todavía tiene en el Perú acérrimos detractores así como enconados defensores.

Biografía

Hijo de Antonio Sánchez y Rosa Cerro de Sánchez, su familia era de clase media, modesta, pero bien constituida. Hizo los estudios primarios y secundarios en el colegio San Miguel de Piura de su ciudad natal, siendo uno de sus amigos escolares Luis Antonio Eguiguren.

En 1906 se trasladó a Lima para ingresar a la Escuela Militar de Chorrillos, de la cual egresó como subteniente de infantería en 1910. A su pedido fue inmediatamente destacado a Sullana, donde se hallaba acantonado el regimiento que guarnecía la frontera con Ecuador, en medio de la amenaza de guerra con ese país a raíz de la rebelión ecuatoriana contra el fallo arbitral del rey de España sobre el diferendo limítrofe. La guerra no estalló y Sánchez Cerro pasó a Sicuani en 1911 y luego a Lima, en 1912.

Con el grado de teniente participó activamente en el golpe que derribó al presidente Guillermo Billinghurst en 1914, quedando gravemente herido; de las cinco heridas de bala que sufrió, una le originó la perdida de dos dedos de la mano derecha, lo que le valió el apodo quechua de «el collota» y el apelativo criollo de «el mocho».

Promovido a capitán, sirvió como adscrito al Estado Mayor, es decir fue alejado del mando de tropas, sin duda por temores políticos. En 1915 fue nombrado adjunto militar en Washington, Estados Unidos; allí permaneció pocos meses y de vuelta en el Perú, actuó como capitán en el Servicio Geográfico del Ejército.

Ya bajo el segundo gobierno de José Pardo fue destacado a un regimiento de Arequipa (1915); luego fue enviado como jefe provincial a Carabaya (1916) y enseguida a la guarnición de Loreto (1918), donde, ya como sargento mayor, tuvo una destacada actuación en la frontera con Ecuador, deteniendo, casi sin auxiliares, el avance de 50 soldados ecuatorianos al mando del teniente Miguel Bonilla (3 de marzo de 1919).

Ascendido a mayor fue destacado nuevamente a Arequipa (1920) y luego a Sicuani (1921). Por sus actividades conspirativas contra el segundo gobierno de Leguía fue separado de su regimiento y nombrado juez militar sustituto en el Cuzco, donde el 21 de agosto de 1922 efectuó un pronunciamiento contra el gobierno, el cual fue reprimido fácilmente luego de caer gravemente herido.

Un mes después fue confinado en la isla Taquile, en el lago Titicaca, pasando después a la isla San Lorenzo, frente al Callao, otro de lo centros de reclusión de la dictadura leguiísta.

Separado del ejército, pasó grandes dificultades y se dedicó al negocio de la venta de carbón de palo. No pasó sin embargo mucho tiempo para lograr su readmisión en el ejército, ya que el presidente Leguía solía mostrarse generoso con aquellos oficiales dispuestos a reconciliarse con él.

En 1924 se le permitió volver como ayudante en el ministerio de Guerra; luego fue nombrado jefe del batallón de zapadores Nº 4 que se había sublevado en Pampas (Cuzco), hacia donde marchó solo, negándose llevar consigo tropas leales. Contra todo pronóstico, logró disciplinar y reorganizar dicha unidad. Pero debido a suspicacias políticas fue separado bruscamente del mando de su batallón.

Fue nombrado jefe provincial de Cajatambo pero no aceptó el cargo y por resolución suprema del 18 de agosto de 1925 fue enviado a Europa en misión de estudio militar. Estuvo en Italia y en Francia hasta 1929; se dice también que se alistó en el ejército español y que participó durante 14 meses en la guerra del Rif, desarrollada en el norte de África.

Como resultado de sus viajes, Sánchez Cerro llegó a tener buen conocimiento del idioma francés; el inglés lo aprendió durante su estancia en Estados Unidos en 1915, y sabía también algo de italiano.

El 15 de enero de 1929 retornó al Perú y al parecer reinició su labor conspirativa contra el gobierno de Leguía, que venía gobernando ya casi una década, tras sucesivas reelecciones desde 1919. Lo cierto es que en febrero de ese año, Sánchez Cerro asumió la Dirección de Infantería y de marzo a junio fue jefe provincial en Alto Amazonas. Luego fue nombrado comandante del batallón de zapadores N.º 3, acantonado en Arequipa.

En febrero de 1930 fue ascendido a teniente coronel reteniendo la jefatura de dicho batallón. En teoría, se portaba como un oficial leal al gobierno y se le concedían puestos públicos, pero poco después inició el levantamiento que pondría fin al Oncenio de Leguía. La siguiente parte de su biografía corresponde ya a la historia del Perú de 1930 a 1933.

Golpe de Estado contra Leguía

El 22 de agosto de 1930, Sánchez Cerro, encabezando la guarnición de Arequipa, se sublevó contra el gobierno de Leguía. El pronunciamiento respectivo fue redactado por el jurista arequipeño José Luis Bustamante y Rivero (que años después se convertiría en presidente constitucional del Perú).

El movimiento revolucionario se propagó rápidamente por el sur del país. También en Lima el ambiente era favorable para la revolución. Para dominar la situación, Leguía pretendió formar un gabinete militar, pero en las primeras horas de la madrugada del 25 de agosto la guarnición de Lima solicitó su renuncia.

Leguía aceptó y renunció el mando, que quedó en manos de una Junta Militar de Gobierno presidida por el general Manuel María Ponce Brousset. Como medida de protección se trasladó a Leguía al buque Almirante Grau, en donde debería ser conducido al extranjero. Sin embargo, poco después, ante la exigencia de los revolucionarios de Arequipa, Leguía fue tomado prisionero a bordo del buque y obligado a desembarcar. Se decretó el receso del Congreso y la amnistía general.

El 27 de agosto llegó a Lima, vía aérea, el comandante Sánchez Cerro, siendo recibido apoteósicamente. En el acto constituyó una Junta Militar de Gobierno bajo su presidencia. Leguía fue trasladado prisionero a la Penitenciaría. Se produjeron en Lima grandes manifestaciones populares y el asalto a la casa del ex presidente y los principales miembros de su régimen.

El levantamiento de Sánchez Cerro fue uno de varios que se dieron en todo el país; sin embargo, fue elegido por los insurrectos para que asumiera la dirección del país. Dado este acontecimiento ganó popularidad en todo el país, pues el gobierno dictatorial de Leguía había visto reducida su aprobación en un contexto de crisis económica mundial.

Presidente de la Junta de Gobierno (1930 – 1931)

La Junta de Gobierno presidida por Sánchez Cerro gobernó del 27 de agosto de 1930 al 1 de marzo de 1931. Fue un período especialmente crítico para el país. La crisis económica mundial que estalló en 1929 repercutió durante el final del gobierno de Leguía y durante el gobierno de la junta de Sánchez Cerro. Cayeron los precios de los productos de exportación como algodón, lana, azúcar, minerales.

La moneda disminuyó su poder adquisitivo, se produjo la restricción en materia de créditos, el comercio de importación disminuyó notablemente debido a la falta de capital y los ingresos fiscales sufrieron una merma considerable. Cayeron muchas entidades financieras y de crédito, como el Banco Perú y Londres. La desocupación fue incrementándose mes a mes.

La crisis económica ocasionó naturalmente el descontento social. Ocurrieron disturbios obreros en Talara, Cerro de Pasco y La Oroya, instigados por los partidos izquierdistas recientemente aparecidos, y que fueron severamente reprimidos. En el puente de Mal Paso, cerca de La Oroya, murieron muchos obreros a manos de la policía.

En Oyolo (departamento de Ayacucho) hubo un choque sangriento entre la policía y los indígenas. Ocurrieron también conflictos estudiantiles que culminaron con la captura de la Universidad de San Marcos por los estudiantes, los que fueron desalojados por las fuerzas del gobierno ocasionando la muerte del estudiante de medicina Guido Calle, el 4 de febrero de 1931.

Medidas tomadas por la Junta de Gobierno

• Se estableció el Tribunal de Sanción Nacional para juzgar los casos de enriquecimiento ilícito durante la dictadura leguiísta.
• Se derogó la ley de conscripción vial, también llamada la Mita Republicana, ley que había sido implantada por Leguía y por la cual se obligaba a la población -sobre todo indígena- a trabajar temporalmente en las obras viales del país. Esta disposición reivindicativa contribuyó a la mayor popularidad a Sánchez Cerro.
• Se estableció el matrimonio civil obligatorio, que tenía precedencia al matrimonio religioso, así como el divorcio absoluto.
• Se expidieron disposiciones de carácter moralizador tales como la prohibición del juego de envite y aquella que obligaba a los funcionarios públicos a declarar sus bienes.
• Por decreto ley del 12 de noviembre de 1930 fue disuelta la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), de inspiración comunista, fundada poco tiempo atrás.
• Para remediar la crisis económica se contrató en Estados Unidos una misión de expertos financistas, bajo la dirección del profesor Edwin W. Kemmerer. De la serie de medidas que aconsejó dicha misión, la Junta de Gobierno solo acogió parcialmente unas cuantas, como la Ley de Bancos, la reestructuración del Banco Central de Reserva (que había sido creado en 1922 como Banco de Reserva), para así lograr el reajuste monetario.
• Se trasladó la capital del departamento de Junín a Huancayo (hasta entonces había estado en Cerro de Pasco).

Renuncia

Hasta este momento, el país no se había pacificado, puesto que los demás líderes que se habían levantado en contra del gobierno de Leguía también deseaban acceder al poder. En febrero de 1931 estalló en la fortaleza del Real Felipe del Callao, una sublevación militar-policial que fue debelada. Pero la situación se agravó cuando poco después estalló en Arequipa una nueva revolución de carácter popular.

Ante tal situación, Sánchez Cerro tuvo que dejar la presidencia de la Junta el 1 de marzo de 1931, asumiendo interinamente el jefe de la iglesia católica peruana, monseñor Mariano Holguín, como presidente de una junta de notables, que inmediatamente dio pase a una Junta Transitoria presidida por Ricardo Leoncio Elías y luego por el teniente coronel Gustavo Jiménez.

Sin embargo, estas Juntas no gozaron de apoyo y la presión popular impuso al viejo líder apurimeño David Samanez Ocampo como presidente de una Junta Nacional de Gobierno, con representación de todo el país. Samanez pacificó momentáneamente al país y convocó a elecciones para Presidente y los representantes de la Asamblea Constituyente, cuya fecha de realización fue fijada el 11 de octubre de 1931.

Elecciones presidenciales de 1931

Durante las elecciones de 1931 se presentaron como candidatos:

• El comandante Luis Sánchez Cerro, lanzado por un nuevo partido por él formado, la Unión Revolucionaria, y apoyado por elementos conservadores.
• El antiguo líder estudiantil Víctor Raúl Haya de la Torre, por el Partido Aprista, fundado por él mismo durante su exilio, organización que emergía entonces con gran apoyo popular, especialmente en el norte del país.
• El doctor Arturo Osores Cabrera, veterano político que había combatido tenazmente la dictadura de Leguía; su candidatura fue lanzada por una agrupación llamada Coalición Nacional.
• El doctor José María de la Jara y Ureta, jurista y diplomático, cuya candidatura fue impulsada a último momento, con el objeto de encontrar un aspirante a la presidencia de unidad nacional.

La campaña electoral fue violenta, tanto en Lima como en el resto del país. La lucha principal se concentró entre Sánchez Cerro y Haya de la Torre. La Junta de Gobierno cumplió con dar la más amplia libertad durante todo el proceso, procediendo con energía para detener los desbordes, pero actuando también con entera imparcialidad.

Realizados los escrutinios, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó Presidente electo al Sánchez Cerro por haber obtenido 152,062 votos. Haya obtuvo 106,007; La Jara y Ureta, 21,921, y Osores, 19,653.

Los apristas no aceptaron el resultado y acusaron de fraude al proceso, lo cual nunca lograron demostrar. Cabe mencionar que Sánchez Cerro poseía un gran carisma con el cual las masas populares se sentían identificadas. Conocía además el Perú profundo, es decir las provincias del interior, lo que se explica por su oficio de militar. «Es cholo como nosotros» se llegó a escuchar en uno de sus memorables mítines. Seducía también su aureola de militar bravo y bizarro, con muchas cicatrices. Es por ello entendible que obtuviera el triunfo, frente a un político todavía novel como era Haya.

El 8 de diciembre de ese mismo año se instaló el nuevo Congreso con facultades de Constituyente (es decir, para dar una nueva Constitución), y ante esta asamblea, Samanez, en representación de la Junta Nacional de Gobierno, hizo entrega del poder al candidato triunfante, ese mismo día.

Presidente Constitucional de la República (1931 – 1933)

Sánchez Cerro inauguró su gobierno el 8 de diciembre de 1931, contando con mayoría parlamentaria. Su grupo político era la Unión Revolucionaria, en el que descollaba el doctor Luis A. Flores. El Congreso lo ascendió al grado de General de Brigada y pasó a discutir una nueva Constitución, que fue promulgada el 9 de abril de 1933.

El nuevo gobierno se inició contando con una intensa oposición del partido aprista, que desconoció su triunfo. Estuvo por eso lleno de incidencias políticas que derivaron en acciones sangrientas e hicieron vivir al país un período de profunda intranquilidad que impidió la acción eficaz tanto del gobierno como de los particulares, al impedir que el país se repusiera de la crisis económica que lo agobiaba.

Ante esta situación, el Congreso aprobó leyes severas, entre ellas una llamada Ley de Emergencia, que dio al gobierno poderes especiales para reprimir a los opositores, en especial a los apristas, aunque también a los comunistas (después los militantes de la Unión Revolucionaria acuñarían el término de aprocomunista para confabular a ambos grupos políticos). La violencia de la lucha política llevó al gobierno a apresar y deportar a los principales líderes apristas y a los 23 integrantes de la célula parlamentaria aprista.

Una serie de sucesos sangrientos ocurridos en un breve lapso de tiempo dan una idea de la terrible crisis en la que se debatió por entonces el país:

• Un atentado criminal contra la vida del Presidente de la República en la Iglesia de Miraflores, por obra de José Melgar Márquez, un joven militante aprista (6 de marzo de 1932). Sánchez Cerro sufrió un disparo de bala que le perforó un pulmón, pero se recuperó al cabo de un mes. El autor material del atentado fue juzgado y condenado a muerte, pero se le conmutó la pena por la de encierro.
• Una rebelión de marineros en los buques de la escuadra en el Callao (7 de mayo de 1932). Fue reprimida cruentamente, y tras ser sometidos a una corte marcial, fueron fusilados ocho marineros, ante la presencia del ministro de Gobierno, Luis A. Flores. A raíz de esta sublevación, fue clausurada la Universidad Mayor de San Marcos, pues se vinculó a los estudiantes con la propaganda subversiva que alentara a los marineros a rebelarse.
• Una sublevación fomentada por los apristas en Trujillo, el 7 de julio de 1932, la llamada revolución aprista de Trujillo. Los sublevados asaltaron el cuartel O’Donovan y secuestraron a varios oficiales del Ejército. Agustín Haya de la Torre, hermano del líder aprista, asumió como prefecto del departamento. Desde Lima el gobierno envió nutridas fuerzas, incluida la aviación, y reprimió severamente la rebelión. La ciudad fue tomada casa por casa. Antes de huir a la sierra, un grupo de apristas descontrolados asesinaron a los oficiales que se hallaban prisioneros en el cuartel O’Donovan, lo que motivó la feroz represión de los militares. Según información oficial fueron fusilados 43 apristas, aunque se sabe que un número indeterminado fueron igualmente pasados por las armas (se mencionan cifras que van de mil a seis mil personas). En Huari y en Huaraz (Ancash) estallaron otras rebeliones que igualmente fueron reprimidas.
• Una sublevación militar en Cajamarca encabezada por el comandante Gustavo Jiménez, quien se proclamó Jefe Supremo de la República, pero fue vencido en Paiján y se quitó la vida disparándose un tiro en la cabeza (14 de marzo de 1933).

No sin razón el año 1932 ha sido denominado como el «año de la barbarie». El Perú se debatía en medio de una grave crisis política y social.

La Constitución de 1933

Tras arduos debates, el Congreso Constituyente promulgó una nueva Constitución, que fue refrendada por el presidente Sánchez Cerro el 9 de abril de 1933. Esta Carta se podría calificar de moderada y de carácter mixto presidencial-parlamentario. Regiría hasta 1980, aunque en 1968 sería suspendida por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas.

Entre los principales dispositivos de esta Constitución destacamos los siguientes:

• Estableció el período presidencial en seis años y prohibió la reelección inmediata.
• Otorgó a las cámaras legislativas la facultad de derribar gabinetes e incluso de privar de su cargo al presidente.
• Mantuvo el centralismo administrativo, aunque otorgó autonomía económica y administrativa a los municipios.
• Declaró la libertad de cultos.
• Contempló el habeas corpus.
• Estableció la pena de muerte por delitos de traición a la patria y homicidio calificado.

La guerra con Colombia

Agravando aún más la situación por la que atravesaba el país, ocurrió un serio incidente internacional con Colombia que llevó al Perú al estado de guerra con aquella República.

El incidente se originó el 1 de septiembre de 1932 cuando un grupo de civiles peruanos residentes de la población de Leticia, ubicada en el llamado Trapecio Amazónico (territorio que el Perú había cedido a Colombia por el Tratado Salomón-Lozano de 1922), depusieron sin mayor violencia a las autoridades colombianas de dicha población, dominaron a la policía local y la hicieron embarcarse rumbo al Brasil, apoderándose del poblado.

El suceso sorprendió tanto al gobierno del Perú como al de Colombia. Este último protestó por la ocupación, pero el gobierno peruano decidió amparar a los nacionales, contando con el apoyo de la población del departamento de Loreto, que ansiaba recuperar ese territorio cedido tan irresponsablemente por el gobierno de Leguía.

No obstante las gestiones diplomáticas que se hicieron, ambos países se prepararon para la guerra, llegando a ocurrir varios choques armados en la región fronteriza del Putumayo.

El gobierno peruano llamó a la movilización y colocó al frente de la defensa nacional al general Oscar R. Benavides, el mismo que venciera a los colombianos en el combate de La Pedrera en 1911, y que fuera presidente provisorio en 1914-1915. Sin embargo, el asesinato del presidente peruano, ocurrido en abril de 1933, evitó que la guerra tomara mayores proporciones.

Obras de gobierno

Pese a la guerra interna en que se debatía, el régimen de Sánchez Cerro pudo realizar algunas obras importantes:

• Trató de frenar las migraciones a las ciudades, atendiendo las necesidades de los pueblos.
• Se iniciaron proyectos de colonización gradual de la selva.
• Se amplió la legislación a favor de los indígenas.
• En el campo laboral y social, se concedió al obrero descanso remunerado por el día del trabajo (1 de mayo); el horario de verano para obreros y empleados; vacaciones obreras; la construcción de restaurantes populares; la supresión del impuesto a la sal; el contrato individual de trabajo.
• En el campo de la minería, estudió la nacionalización de las minas, promulgó la ley de protección a las brigadas para los lavaderos de oro y suprimió los derechos de minas.
• Protegió la industria, en especial la pesquera, poco desarrollada entonces.
• Recuperó la administración de los muelles en beneficio del estado, revisando los contratos existentes con las firmas administradoras.
• Suspendió el monopolio de los fósforos.
• En el campo de la defensa nacional, y ante la amenaza de un conflicto bélico con Colombia, se crearon la Jefatura Superior de Defensa Nacional y la Junta Económica de Defensa; se ordenó la construcción de cuarteles en La Perla, Juliaca e Iquitos; se adquirieron equipos completos para el Ejército y la Policía; se dispuso la construcción del Hospital de Sanidad de Las Palmas; y se intentó renovar todo el armamento bélico.
• En el campo de la educación se crearon escuelas modernas para mil alumnos cada una y se construyeron 90 centros educativos, así como se inauguraron escuelas prácticas y especializadas, en todo el país.
• Se continuó la pavimentación de la carretera Central, así como se inició la construcción de la vía de Huánuco a Pucallpa (que se culminaría en 1943), la de Canta a Huánuco y la de la frontera de Puno. Otros caminos se construyeron en la costa, como el de Paita a Piura, el de Sullana a Tumbes y el de Talara a Tumbes.
• En materia de irrigación recibieron mayor atención las pampas de La Joya en Arequipa.

Asesinato

En la mañana del 30 de abril de 1933 Sánchez Cerro pasó revista a las tropas que iban a combatir en el conflicto armado con Colombia y que estaban reunidas en el Hipódromo de Santa Beatriz (hoy Campo de Marte, en el distrito de Jesús María de la capital peruana).

Al retirarse en su vehículo descapotado y con escolta, un individuo armado con una pistola FN M1900 se precipitó hacia él y subiéndose al estribo del carro le disparó por la espalda varios tiros. Herido de gravedad, Sánchez Cerro fue llevado de emergencia al Hospital Italiano (que quedaba en la avenida Abancay) y tras 2 horas de agonía falleció; era la 1:10 p.m.

Sobre su asesino (que fue victimado en el acto por la tropa presente), se supo que se llamaba Abelardo Mendoza Leyva, que era natural de Cerro de Pasco, que sobrevivía en la capital de empleos eventuales, y que años atrás se había afiliado al partido aprista.

Según la historiadora Margarita Guerra, «muy pocos dudaron de la responsabilidad directa de la dirigencia del APRA en la consumación del crimen, y los apristas, los descentralistas, y algunos otros grupos, consideraron que la muerte del presidente era el correlato necesario a las masacres de los apristas de Trujillo, Chocope y otros pueblos».

El Congreso llamó al Ejército a poner orden y eligió ese mismo día al general Oscar R. Benavides para que terminara el período presidencial de Sánchez Cerro (que debió culminar en 1936). Uno de los primeros actos del nuevo gobierno fue el arreglo de la paz con Colombia.

Homenajes

Por ley N.º 7773 de 19 de junio de 1933 se autorizó al Poder Ejecutivo disponer de la suma necesaria para la construcción del mausoleo del presidente Sánchez Cerro, ley que se cumplió en 1934.

Por ley N.º 8230 del 3 de abril de 1936 se creó la Provincia de General Sánchez Cerro, dentro de la jurisdicción del departamento de Moquegua.

Un decreto del presidente Benavides del 20 de agosto de 1938, ordenó que se colocara una placa de bronce conmemorativa en el frontis de la casa donde nació Sánchez Cerro.

Una avenida de Lima fue bautizada con el nombre del presidente asesinado, pero en 1947 la Municipalidad de Lima lo cambió por el de «República de Chile».

Un decreto dado el 30 de abril de 1949 por la Junta Militar que presidía el general Manuel A. Odría, ordenó que se bautizara con el nombre de Luis Sánchez Cerro el puente monumental que por entonces se construía en Piura.