Abdelhuajed Fatdar – Un joven acogido en Zamora estrangula a una educadora de Mensajeros de la Paz

José Lera – Elpais.com

5 de marzo de 2003

Abdelhuajed Fatdar Nali, un joven marroquí de 19 años, se ha confesado autor de la muerte por estrangulamiento de María Auxiliadora Vázquez Fernández, de 26 años, una educadora del programa de acogida que desarrolla en Zamora la organización Mensajeros de la Paz, y del apuñalamiento del taxista de dicha ciudad Jerónimo Gómez, de 34 años, que se recupera en el hospital Virgen de la Concha.

Según la versión policial, sobre las ocho de la mañana de ayer, Abdelhuajed Fatdar se subió al taxi de Jerónimo Gómez en la Plaza Mayor y pidió que lo llevase hasta el bosque de Valorio, un paraje en el extrarradio de Zamora habitualmente solitario a esas horas de la mañana.

Allí asestó [asestó] una puñalada en el cuello al taxista y le robó el coche, pero durante la huida sufrió un accidente de tráfico en la avenida de Vigo, junto al Duero y bajo la catedral de Zamora.

La Policía Local fue alertada de los hechos por vecinos de la ciudad, lo que permitió la rápida detención del agresor, quien confesó el ataque y el robo. Durante el cacheo al que fue sometido el joven, los agentes encontraron una llave del centro de Mensajeros de la Paz y el arma blanca con la que se agredió al taxista.

A media mañana, en Mensajeros de la Paz se empezó a echar de menos a María Auxiliadora Vázquez. La policía fue alertada y, sobre las dos de la tarde, localizó el cadáver de la educadora en un semisótano de la residencia, tapado con cartones y ropa. Las primeras impresiones policiales indican que la mujer fue estrangulada entre la noche del lunes y la madrugada de ayer.

Abdelhuajed Fatdar, quien tenía una llave del centro, fue preguntado por este crimen en presencia de su abogado, y, de forma aparentemente tranquila, confesó que había matado a la mujer. Por ahora se ignora el móvil del crimen.

El padre Ángel García, responsable de Mensajeros de la Paz, ha calificado al detenido como una persona con problemas mentales. Abdelhuajed Fatdar había llegado a Zamora desde Ceuta hace un año, dentro del programa de acogida de esta organización, con un grupo de 15 jóvenes marroquíes.

Varios de ellos ya tienen trabajo en la ciudad y están insertados, pero el supuesto homicida dio problemas desde que llegó: en septiembre dejó el centro de Zamora y su última residencia conocida era Salamanca. El 5 de febrero caducó su permiso de residencia en España, sin que lo hubiera renovado.

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El cura desaparecido en Salamanca aparece estrangulado en la habitación del asesino de Zamora

Rocío Blázquez – ABC.es

7 de marzo de 2003

Once días después de la desaparición en el parque de La Alamedilla de Salamanca del párroco de Ahigal de los Aceiteros (Salamanca), Juan José Gómez; a primera hora de la tarde de ayer fue encontrado en avanzado estado de descomposición en una vivienda de la calle Unamuno del barrio de Garrido de la capital salmantina.

El cadáver se hallaba en el armario de la habitación que tenía alquilada desde el pasado 3 de enero el joven marroquí de 19 años, A.F.M, que ingresó también ayer en la prisión de Topas acusado del crimen de una asistente social de la ONG Mensajeros de la Paz ocurrido hace unos días en Zamora y de acuchillar en el cuello a un taxista.

El cuerpo se encontró por casualidad, ya que la policía zamorana, en colaboración con la salmantina, buscaba la casa en la que habitaba el presunto autor de los crímenes que «nunca ha colaborado en nada y se ha negado en todo momento a aportar ningún tipo de información», comentó en rueda de prensa el Jefe Superior de la Policía de Castilla y León, Segundo José Martínez.

El objetivo de los agentes era hallar datos que permitieran buscar una explicación al asesinato de Zamora, por lo que el hallazgo del párroco de Ahigal fue una sorpresa añadida.

Fuerte hedor

Después de ponerse en contacto con el dueño de «la pensión», según la calificó el suddelegado del Gobierno en Salamanca, José Antonio Sacristán, se dirigieron hasta la vivienda y antes de entrar los vecinos se quejaron a la policía del fuerte hedor que salía del piso, un hecho que habían denunciado cinco días antes en la comisaría salmantina, «sin que nadie no hiciera caso», según indicó un vecino del inmueble a ABC.

Al registrar la vivienda, la policía se topó en el interior del armario de la habitación que ocupaba el joven marroquí con un cuerpo humano metido en una gran bolsa que según la ropa y demás objetos encontrados llevó a sospechar que se trataba de Juan José Gómez, de 43 años. «Aunque no se puede afirmar con rotundidad, ya que se debe esperar a las conclusiones del informe forense, todos los indicios nos hacen pensar que se trata de Juan José Gómez», comentó Sacristán.

Según confirmó el Jefe Superior de Policía de Castilla y León, la causa de la muerte «es casi con toda seguridad por asfixia», ya que el cadáver tenía una bolsa en la cabeza, las extremidades superiores e inferiores atadas, y posteriormente había sido introducido en otra bolsa y metido en el interior del armario de una pequeña habitación.

Sacristán explicó que «hay ligazón entre el asesinato de Zamora y éste, porque la víctima apareció en la vivienda del presunto asesino, aunque no podemos asegurar que fuera él». En este sentido, indicó que «no tenemos la posibilidad de firmar a ciencia cierta que ha sido él, él sólo o con ayuda de alguien».

El estado en el que se ha encontrado el cadáver no permite asegurar que no existieran otro tipo de agresiones físicas, aunque se prevé que no ha habido cuchilladas. A este respecto, el Jefe Superior de policía de Castilla y León, indicó que se desconoce el móvil y la relación que pudieran tener las dos víctimas de este presunto asesino.

Martínez calificó el hecho como «un suceso macabro y propio de una mente poco normal». Así, añadió que se trata de un ciudadano que fue recogido por la organización Mensajeros de la Paz de Zamora, en la que ya tuvo algunos problemas «ya que se negaba a seguir las normas internas». Ante esto, desde hace unos meses abandonó la asociación humanitaria y se dirigió a la capital salmantina «para vivir por su cuenta».

Los vecinos del piso en el que tenía alquilada la habitación el marroquí no se sorprendieron demasiado ante el suceso, e incluso algunos llegaron a declarar «que nos temíamos cualquier cosa, porque aquí entran y salen y éste no volvió a aparecer y había un olor insoportable».

La noticia de la muerte del párroco fue acogida con sorpresa y consternación por los vecinos de Ahigal de los Aceiteros, que reclaman justicia para el sacerdote que era una persona muy querida en el pueblo donde llevaba varios años ejerciendo su ministerio, así como el diócesis de Ciudad Rodrigo a la que pertenecía.

La familia de Juan José Gómez Rodríguez, se mostró muy preocupada desde el mismo momento de la desaparición de éste, la noche del domingo 23 de febrero en la que un amigo le dejó en el parque de La Alamedilla de Salamanca, cerca de la casa de su padre con el que había quedado para cenar esa noche.

El padre del sacerdote, Emiliano Gómez, aseguraba días más tarde de conocerse su desaparición que aunque quería pensar que era una circunstancia pasajera «yo me pongo en lo peor, porque esto no es normal en él».

En un principio, Emiliano no se alarmó ante la ausencia de su hijo, que había quedado a cenar con él la misma noche de su desaparición, porque «algunas veces ya lo había hecho, le surgían cosas y no se acordaba de llamar, hasta el día siguiente, por lo que en un principio no me preocupé».

La familia no encontraba una respuesta lógica a la ausencia de Gómez, al que calificaban, tanto ellos, como sus conocidos, como una persona muy centrada. A este respecto, su padre aseguraba que era un sacerdote «comprometido y entregado con su labor diaria y nunca ha tenido una falta en su compromiso de vida». Del mismo modo que explicaba que «es muy raro que haya dejado su cita de todos los lunes con sus monjitas del convento de Alba de Tormes».

Los allegados al religioso denunciaron ante la Guardia Civil su desaparición el pasado viernes, mientras que en la jornada del domingo, los vecinos de los pueblos que estaban bajo su jurisdicción eclesiástica repartían carteles con su fotografía y un número de teléfono para contactar ante cualquier pista.

Juan José tenía cuarenta y dos años, media 1,80 y en el último momento en el que fue visto, el pasado 23 de febrero a las 21,30 horas en el parque de La Alamedilla de Salamanca, llevaba un traje oscuro y una cruz de madera colgada al cuello.

Desaparición

Según la versión de los vecinos de la localidad de Ahigal de Los Aceiteros, después de la celebración de la eucaristía, se marchó con otro vecino del municipio cercano de Guadramiro hasta Villares de Yeltes, donde el sacerdote tiene varias propiedades, entre ellas una finca que ha convertido en un lugar de espiritualidad y de encuentros religiosos.

Posteriormente se trasladó con un amigo hasta la capital salmantina donde se apeó frente al parque de La Alamedilla donde vive su familia, y con la que había quedado para cenar, sobre las 21,30 horas, aunque nunca llegó a entrar en el domicilio.

Un grupo de fieles y amigos de las parroquias que tenía encomendadas emprendieron entonces una campaña de búsqueda del religioso, repartiendo carteles con su fotografía por la provincia de Salamanca, así como en Internet.

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El detenido por el asesinato de una educadora confiesa que también mató al cura de Salamanca

Ignacio Francia – Elpais.com

8 de marzo de 2003

Abdelhuajed Fatdar Nall, de 19 años, ciudadano marroquí, detenido por el asesinato de una educadora en Zamora, ha confesado que mató también al sacerdote Juan José Gómez Rodríguez, de 43 años, según informó ayer el director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera.

La autopsia del cadáver hallado el jueves en la habitación que ocupaba Fatdar en una pensión del barrio Garrido, en Salamanca, ha confirmado que se trata de Gómez, cuyo paradero se desconocía desde el 23 de febrero. También se ha confirmado que la muerte se produjo ese día.

El detenido ha declarado que propinó un golpe al sacerdote y luego le introdujo la cabeza en una bolsa de plástico. Algunos indicios apuntan la asfixia como causa del fallecimiento, aunque el estado del cuerpo no ha permitido determinarlo mediante el análisis de los órganos y vísceras, que se encontraban «muy descompuestos», según uno de los expertos.

El cadáver fue hallado por la policía dentro de un armario, con la cabeza cubierta por una bolsa de plástico y atado de pies y manos, vestido con pantalón y calcetines pero sin camisa y envuelto en plásticos. El cura estaba encargado de las pequeñas parroquias salmantinas de Ahigal de los Aceiteros y La Redonda.

El mismo detenido ya se había confesado autor del asesinato por estrangulamiento de la educadora de Mensajeros de la Paz Auxiliadora Vázquez, de 26 años, perpetrado el pasado día 4 en Zamora. Una de las líneas de investigación de la policía consiste en buscar alguna relación entre las dos muertes violentas.

En su declaración policial, durante la que no mostró síntomas de arrepentimiento, el detenido aseguró [que] conoció al sacerdote el mismo día del crimen, el 23 de febrero, y que desconocía la condición de sacerdote del asesinado, algo que descubrió cuando registró sus objetos personales, informa Efe.

Relató el acusado que estableció un contacto fortuito con la víctima sobre las 21.20 horas de ese día en el parque de La Alamedilla y que mantuvieron una serie de conversaciones sobre «muy diversas cosas, de personas como él, de inmigrantes, de pobres», que continuaron en su habitación del piso de la calle de Miguel de Unamuno.

Oculto en el armario

Una vez allí, el joven le asestó un golpe al cura y luego le asfixió. Al no saber qué hacer con el cuerpo, A. F. N decidió meterlo en el armario, atarlo de pies y manos, cubrirle la cabeza con una bolsa y, con otra, envolver el cadáver entero, que permaneció allí más de una semana.

El asesino del religioso siguió pernoctando en la habitación en la que se encontraba el cadáver hasta el 4 de marzo, día en que tras haber matado a Auxiliadora Vázquez, y haber agredido a un taxista con arma blanca en el cuello y robarle el taxi, tuvo un accidente de tráfico, tras el cual confesó a la Policía que era el autor de los recientes hechos, omitiendo el asesinato del cura

El sacerdote salmantino, que dedicaba gran parte de su tiempo a la ayuda de pobres y marginados, había visitado dos días antes de su desaparición el centro de acogida de Mensajeros de la Paz en Zamora, como había hecho en otras ocasiones. En ese centro había permanecido hasta el pasado mes de septiembre el joven marroquí, antes de ser expulsado por su comportamiento violento, según el responsable, el sacerdote Ángel García.

El obispo de Salamanca, Julián Martín, ofició ayer un funeral por el sacerdote asesinado en la localidad salmantina de Villares de Yeltes, con la participación de centenares de personas. La ceremonia religiosa se celebró al aire libre en la pequeña finca que el cura había heredado de una abuela y en la que había arreglado viejas dependencias para dedicarla a centro de convivencia y de acogida de necesitados.

Previamente, en la parroquia de Ahigal de los Aceiteros los feligreses se reunieron en un acto de oración y mostraron su condolencia por haber perdido «al hombre más bueno» que han conocido, según dijeron algunos vecinos.

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Entre el buen comportamiento y la psicopatía

José Lera – Elpais.com

8 de marzo de 2003

Abdelhuajed Fatdar Nall, el joven marroquí de 19 años autor de los crímenes de la educadora de Mensajeros de la Paz en Zamora María Auxiliadora Vázquez, y del sacerdote salmantino Juan José Gómez, así como el intento de homicidio del taxista zamorano Jerónimo Gómez, posee una personalidad psicopática que contrasta con su buen comportamiento en el centro de menores La Esperanza de Ceuta.

Según las fuentes consultadas, la primera impresión transmitida por Abdelhuajed Fatdar ha sido la de un psicópata, capaz de matar con total frialdad, sin perder el control y sin más razones ni preocupaciones. Es una apreciación superficial, pendiente de exámenes más profundos del sujeto, determinada por su comportamiento en la confesión de sus actos y por las condiciones en que mató a sus víctimas, por los rasgos de crueldad de esas muertes y por la molestia de ocultar los cuerpos.

El cadáver de la joven educadora zamorana fue hallado en un semisótano y oculto con cartones y piezas de ropa; el sacerdote salmantino fue ocultado en un armario, atado de pies y manos y cubierto con plástico.

Las fuentes consultadas sobre el perfil psicológico del joven marroquí señalan que está cercano al asesino en serie, definición que se aplica en medicina legal a partir de la tercera víctima provocada por una misma persona. Abdelhuajed Fatdar, por ahora, está en el límite: mató a dos personas y, por fortuna, faltó muy poco para que también quitara la vida al taxista.

Un perfil psicopático que no podían sospechar algunos de los que lo habían tratado. Un exeducador del centro de menores La Esperanza de Ceuta, en declaraciones a la Cadena SER, reconocía su sorpresa por los crímenes de Abdelhuajed y lo recordaba como uno de los menores que más colaboraban en el centro. El expediente de su estancia en La Esperanza, según este educador de calle, resulta impecable.

El padre Ángel García, responsable de Mensajeros de la Paz, reconoció que se trata de «un chico conflictivo» que abandonó el programa de acogida en Zamora en septiembre del pasado año, a la mitad de su tiempo de permiso de estancia oficial en España, que concluyó el 5 de febrero. En su opinión «era un chico que no estaba bien de la cabeza», y reconoció que el fallo de la organización del programa había sido «no enviarle antes a su lugar».

Entre los compañeros de la educadora asesinada se ha transmitido que Abdelhuajed Fatdar había provocado muchos problemas en su estancia en Zamora y había vertido amenazas serias hacia su víctima.

Francisco Guarido, concejal de IU en el Ayuntamiento de Zamora, apreció que en este episodio se ha evidenciado la necesidad de un cierto control público, con medios y personal adecuado, sobre este tipo de programas de inserción social que ejecutan organizaciones humanitarias como Mensajeros de la Paz.

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Condenado a 45 años de cárcel el asesino de la educadora de Mensajeros de la Paz

ABC.es

29 de octubre de 2005

La Audiencia Provincial de Zamora ha condenado a 45 años de prisión a Abdelhuajed Fatdar Nall, el joven marroquí que mató a la trabajadora de Mensajeros de la Paz María Auxiliadora Vázquez y acuchilló a un taxista para robarle el vehículo en su huida.

Fatdar, que en 2003, cuando se produjeron los hechos, apenas tenía 19 años, cumple en la actualidad una pena de 16 años en Topas por el asesinato del párroco de Ahigal de los Aceiteros (Salamanca), Juan José Gómez, a quien mató diez días antes de provocar la tragedia en Zamora sin que mostrara muestras de arrepentimiento cuando se le detuvo ni se encontraran pruebas de conexión alguna.

La sentencia, que recoge las penas pedidas tanto por el Ministerio Fiscal como por las acusaciones particulares, le considera responsable de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, por el que deberá cumplir 25 años de cárcel; de un asesinato en grado de tentativa, por el que se le condena a 15 años, y de un delito de robo que conlleva una pena de cinco años más, según confirmó en declaraciones a la agencia Ical el abogado de la familia de Vázquez, Manuel Rodríguez Soto.

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El TS confirma los 45 años de cárcel al asesino de una educadora social en Zamora y retira la responsabilidad a su ONG

Europa Press

11 de diciembre 2006

El Tribunal Supremo confirmó hoy la condena de 45 años de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Zamora a Abdelhuajed Fatdar Nali, por el asesinato en abril de 2003 de una educadora social de la ONG Mensajeros de la Paz y acuchilló en el cuello a un taxista para robarle un vehículo con el que huir de la ciudad castellana. La única modificación realizada por el alto tribunal es la de anular la responsabilidad civil subsidiaria a la que se condenó en instancia a Mensajeros por la Paz y a la Ciudad Autónoma de Ceuta.

La Audiencia de Zamora declaró a ambas responsables civiles subsidiarias de las indemnizaciones a las que fue condenado Fatdar (75.000 euros para el padre de la educadora y 12.000 euros para cada uno de sus tres hermanos por los daños morales provocados), pero el alto tribunal considera forzada esta declaración de responsabilidad, ya que entiende que aunque Mensajeros de la Paz no hubiera cometido ninguna infracción laboral, el asesinato de su trabajadora no se habría evitado.

La sentencia de instancia condenó a la ONG porque el centro no había sido comunicado a la Junta de Castilla y León, y porque el número de horas de la trabajadora asesinada excedía de la estricta jornada laboral. El alto tribunal afirma que si ambas circunstancias se hubieran realizado correctamente, el asesinato se habría cometido igualmente, por lo que no puede establecerse la responsabilidad de Mensajeros de la Paz.

«Si mentalmente trasladamos el suceso a otro centro, no es fácil imaginar qué medidas podría haber surgido de esos trámites que hubiesen impedido una conducta tan imprevisible y difícil de abortar como es un ataque premeditado y doloso de la naturaleza del producido, de suerte que puede decirse con certeza que la relación del estudio evaluando los riesgos laborales no hubiese abocado a la adopción de medidas aptas para impedir este tipo de hechos», insiste la resolución.

En cuanto a la falta de comunicación a la Junta, la sentencia explica que el centro de acogida de la Asociación Mensajeros de la Paz «no es un establecimiento de rehabilitación de jóvenes delincuentes o asociales, en la que se encuentran recluidas las personas contra su voluntad y sometidas a un régimen coercitivo y restrictivo de sus derechos, sino, precisamente, es un centro de acogida para jóvenes necesitados en el que éstos ingresan y se alojan voluntariamente y que las perturbaciones en la convivencia que hubieran de ser corregidas por el mal comportamiento de aquéllos, se llevaban a cabo en el marco de esa situación».

Alevosía y ensañamiento

La Audiencia de Zamora consideró probado que el joven marroquí fue responsable de la muerte de María Auxiliadora Vázquez a la que causó varias heridas con una navaja, amordazó, estranguló y abandonó todavía viva encerrada en el sótano de la residencia de Mensajeros de la Paz. Por estos hechos, cometidos con «alevosía y ensañamiento», se le impuso una pena de 25 años de prisión.

La sentencia también condenó al joven a otros 20 años de prisión por delitos de asesinato en grado de tentativa y robo con violencia, por agredir con una navaja en el cuello al taxista Jerónimo Gómez para hacerse con su vehículo y escapar de la ciudad.

El joven se encontraba en la península como consecuencia de un convenio entre Ceuta, que ostentaba su tutela legal, y Mensajeros de la Paz, en cuyos programas se integró para favorecer su inserción social y laboral. La sentencia establece que ninguna de las dos aplicaron las medidas de control necesarias para evitar el asesinato. Además, sostiene que el gobierno ceutí falsificó la edad del joven para que pudiera acogerse al programa de integración y «generó un riesgo» que derivó en el asesinato.

Tras el ataque al taxista, cuando el agresor escapaba de la ciudad, sufrió un accidente con el vehículo que provocó su detención. La indemnización en este caso se fijó en casi 34.000 euros, en los que no se estableció la responsabilidad civil subsidiaria ni de la ONG ni de la ciudad de Ceuta.

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Tribunal Supremo – Sala de lo Penal

Sentencia 22 de noviembre de 2006

Responsabilidad civil subsidiaria. Delito cometido por extranjero residente en un Centro de acogida contra un trabajador. Incumplimiento de normas laborales.

La Audiencia condena por un delito de asesinato de una trabajadora de un Centro de Acogida perpetrado por un extranjero que había residido en ese Centro.

Contra la meritada sentencia recurren en casación la Asociación Mensajeros de la Paz y la Ciudad Autónoma de Ceuta, todos ellos por los pronunciamientos de aquélla sobre las responsabilidades civiles derivadas de los delitos cometidos por el acusado.

La responsabilidad subsidiaria se basa para el Centro de acogida en el incumplimiento de requisitos laborales necesarios para la apertura del Centro de Trabajo y para la Ciudad de Ceuta en que había encargado la tutela del asesino cuando era menor al citado Centro.

El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso en lo referente a la responsabilidad civil subsidiaria.

Texto completo

En la Villa de Madrid, a veintidós de Noviembre de dos mil seis.

En los recursos de casación por infracción de ley, que ante Nos penden, interpuestos por las representaciones del recurrente Don JERÓNIMO GÓMEZ LÓPEZ, y de los Responsables Civiles Subsidiarios ASOCIACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ y CIUDAD AUTONÓMA DE CEUTA, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zamora, Sección Primera, que condenó al acusado Abdelhuajed Fatdar Nali, alias Usmary, por delitos de asesinato, tentativa de asesinato y robo de vehículo con violencia, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Diego Ramos Gancedo, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dichos recurrentes representados por la Procuradora Sra. Sampere Meneses respecto de Jerónimo Gómez López; Procuradora Sra. Moyano Núñez respecto de la Asociación Mensajeros de la Paz y Procurador Sr. Vázquez Guillén, respecto de la Ciudad Autónoma de Ceuta, siendo partes recurridas José Antonio Vázquez Rodríguez, José Carlos Vázquez Fernández, María Pilar Vázquez Fernández y María del Mar Vázquez Fernández, representados por la Procuradora Sra. Martín Rico.

I. ANTECEDENTES

1.- El Juzgado de Instrucción nº 1 de Zamora instruyó sumario con el nº 9 de 2.003 contra ABDELHUAJED FATDAR NALI, Alias Usmary y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Zamora, Sección Primera, que con fecha 27 de octubre de 2.005 dictó sentencia que contiene los siguientes

Hechos Probados:

Que en la ciudad de Zamora el día 4 de marzo de 2.003 Abdelhuajed Fatdar Nali, alias Usmary, súbdito marroquí, mayor de edad y sin antecedentes penales, cometió los siguientes hechos:

I.- 1. Sobre las 6 horas de dicho día se dirigió al Centro de acogida de la Asociación «Mensajeros de la Paz» ubicado en la «Residencia Padres Franciscanos» de esta ciudad, sita en la Avenida de Requejo nº 18, en la que aquél había estado residiendo, y cuyas instalaciones y modo de funcionamiento conocía y donde sabía que se encontraba como única trabajadora María Auxiliadora Vázquez Fernández, (conocida como Auxi) de cuya presencia en la misma se había asegurado la tarde anterior, penetrando en la residencia por la puerta mediante una llave de la misma que poseía, entrando en el despacho del Centro y cogiendo la llave de la habitación nº 208, que era la ocupada por la citada Auxi, con la que tenía malas relaciones desde el tiempo en que estuvo residiendo en dicho Centro de acogida, despertándola y, sorpresivamente reduciéndola, reclamándole sobre por qué le echó del Centro y acerca de la renovación de sus papeles de residencia en España, y como la susodicha Auxi llorara y gritara, para impedirlo, procedió a rasgar un almohadón, uno de cuyos trozos le introdujo en la boca, amordazándola y atándola las manos a la espalda con otros retazos del mismo, y tras hacerle en la zona abdominal tres lesiones erosivas lineales de unos 7 cms. conformando un triángulo entre sí en su confluencia, causadas mediante incisiones ligeras con una navaja de 9 cms. de hoja que lleva Abdelhuajed consigo, marcas que tenían la finalidad de aumentar su terror y causarla dolor, y que no tenían relación con la finalidad de acabar con la vida de Auxi; intención de matarla con la que había acudido al Centro y que le había traido a esta ciudad dos días antes, para vengarse de ella, pues se la tenía jurada y quería matarla; y como siguiera gritando la cogió por la cabeza torcíendole el cuello para rompérselo, dejándola inconsciente y como hiciera ruidos, procedió a continuación a bajarla hasta la planta baja, llevándola a hombros, y allí, como aún continuara con vida y haciendo ruidos, habiéndose provisto de una sábana que tomó de un armario allí existente, con un trozo de la misma, utilizándolo a modo de lazo, la estrangula, y envolviéndola en la referida sábana la metió en un cuarto trastero, cubriendo su cuerpo con cartones y trozos de alfombra, y aunque todavía daba golpes con los pies, se marchó del lugar sabiendo que estaba casi muerta. Como consecuencia de estos hechos se produjo la muerte por asfixia mecánica de María Auxiliadora Vázquez Fernández, al conjugarse una sofocación por oclusión de las vías respiratorias (introducción del trozo de tela en la boca y colocación de una mordaza) con una estrangulación realizada tanto a mano como a lazo. Previamente a ausentarse del lugar y en la parte posterior de la puerta de dicho trastero escribió «eres una hija de puta no merese viver» y en la pared al lado de la puerta «era una n». No consta probado que los demás residentes acogidos en la residencia hubieran colaborado con Abdelhuajed en la realización de los hechos, ni que hubieran oído los ruidos o gritos que durante la comisión de los hechos descritos se hubieran podido producir.

I.- 2. Seguidamente Abdelhuajed Fatdar Nali se dirigió al domicilio de su amigo Alfredo Prieto Altamira en la Plaza de Santa Eulalia nº 9, donde cogio la llave de la puerta del coche LE-5646-AH de la propiedad de Alfredo, que pretendió poner en marcha para huir con dicho vehículo lo que no consiguió al no ser capaz de arrancarlo al carecer de la llave de arranque del motor. Alfredo Prieto Altamira ha renunciado a toda indemnización civil que pudiera corresponderle.

I.- 3. Sobre las 8,30 horas Abdelhuajed Fatdar Nali se dirigió a la Plaza Mayor de esta ciudad, donde, tras su anterior fracaso y con ánimo de hacer suyo un vehículo para poder huir, tomó el taxi ZA-3650-K, indicando a su conductor y propietario Jerónimo Gómez López, que le llevara al parque de Valorio porque llegaba tarde a trabajar, sentándose en el asiento al lado del conductor y cuando llegaron a la altura de los campos de fútbol le dijo que siguiera hasta donde termina la carretera y al detenerse el antes citado taxista, le asestó una puñalada en el cuello sorpresivamente, con la navaja que portaba consigo, a la que anteriormente nos hemos referido (de 9 cms. de hoja), con ánimo de acabar con la vida de aquél para conseguir su objetivo previsto de poder hacerse con el vehículo, y para lo que había llevado dicha navaja abierta y oculta desde antes de subirse al taxi y durante todo el trayecto, sin que el referido conductor hubiera podido defenderse ni hacer otra cosa que mover lateralmente la cabeza, lo que afortunadamente y pese a la entidad de la herida pudo suponer que no perdiera la vida en ese momento, y así bajándose del vehículo y taponándose la herida con el dedo consiguió llegar hasta unos jardines donde fue socorrido por las personas que se encontraban allí trabajando, que en un vehículo lo trasladaron hasta el hospital, donde fue intervenido, siendo gracias a este conjunto de intervenciones como se consiguió evitar su muerte. El taxista Jerónimo Gómez sufrió traumatismos de los que sanó a los 70 días durante los cuales precisó tratamiento quirúrgico consistente en revisión quirúrgica de la herida con cervitomía, reconstrucción del músculo ECM derecho, coagulación de los pequeños vasos sangrantes y sutura dejando drenaje de tipo Penrose, estuvo los 70 días impedido totalmente para su trabajo y vida habituales, requirió hospitalización durante 8 días y restándole como secuela perjuicio estético moderado por una cicatriz lineal de 7 centímetros en región latero-cervical derecha (sobre tercio distal de la región del ECM derecho) con una pequeña zona irregular en su parte media.

I.- 4º A continuación el susodicho Abdelhuajed Fatdar Nali, al haberse bajado del vehículo taxi ZA-3650-K, su conductor y propietario Jerónimo Gómez López para huir de su agresor y pedir ayuda, se apoderó del mismo como tenía proyectado desde el mismo momento en que se dirigió a solicitar sus servicios en la Plaza Mayor de esta ciudad, y poniéndose al volante de dicho vehículo y, arrancando, a gran velocidad, huyó del lugar, y por causa de impericia o de exceso de velocidad no supo o no pudo dominar el control del vehículo y ello le llevó a colisionar en la Avda. de Vigo, contra una pared para terminar empotrado y a caballo del muro de contención que separa la calzada del río Duero. Como consecuencia del siniestro susodicho vehículo taxi ZA-3650-K sufrió daños que supusieron su consideración de siniestro total, ya que su reparación ha sido pericialmente tasada en la cantidad de 10.316,48 euros, y su valor comercial de 9.150 €, siendo el valor venal del mismo el que resulta de deducir de este último un 25%, por lo que dicho vehículo fue entregado a la empresa «Desguaces Fontanilla» para su desguace.

I.- 5. Abdelhuajed Fatdar Nali no padece ninguna enfermedad mental y aun cuando presenta un trastorno disocial que no impide que desde el punto de vista médico-legal sea considerado en principio como plenamente imputable; ni consta acreditado que actuase bajo la influencia de bebidas alcohólicas o productos estupefacientes.

II.- a) El citado Abdelhuajed Fatdar Nali, alias Usmary, llegó al Centro de acogida de la O.N.G. «Mensajeros de la Paz» ubicado en la «Residencia Padres Franciscanos» de esta ciudad, el día 4 de marzo de 2.002 en virtud de un concierto de colaboración entre la Consejería del Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Asociación «Mensajeros de la Paz» suscrito en Ceuta el 10 de abril de 2.002, habiéndose resuelto por el Presidente de la Comisión de Atención a la Infancia de Ceuta, por delegación de la Asamblea de la Comunidad de Ceuta de fecha 1 de marzo de 2.002, que «la guarda del menor Abdelhuajed Fatdar Nali se ejerza por la Dirección de la residencia Padres Franciscanos de Zamora», cuya tutela «ex lege» había sido asumida en su condición de Entidad Pública de Protección de Menores por la Consejera de Bienestar Social de Ceuta y, como tal, Presidente de la Comisión de Atención a la Infancia, por su resolución de fecha 12 de noviembre de 2.001.

En la propuesta de intervención de fecha 30 de enero de 2.002 formulada por la Trabajadora Social Gemma Pareja Córdoba del centro cautelar de acogida de Menores «San Antonio», tras recoger que el menor Abdelhuajed, conocido por Usmari, «ha asimilado normas básicas de convivencia, llegando a ser figura de referencia y modelo a seguir para otros menores por su buen comportamiento» y, también, «llegando a ser incluso una figura de apoyo para el personal del centro cuando se requiere ayuda extra», se propone el traslado del mencionado a un centro de acogida de menores ubicado en la localidad de Zamora, denominado como residencia Padre Franciscano, sito C/ Requejo 18, perteneciente a Mensajeros de la Paz, estando dicho centro adscrito a la CC.AA. correspondiente, reúne condiciones adecuadas, citándose como responsable civil del mismo a don Angel García Rodríguez, más conocido como Padre Angel.

En dicho informe social se establece como edad del menor Abdelhuajed la de 17 años y fecha de nacimiento en 1.984, obviando que con fecha 26 de noviembre de 1.999 se estableció como edad física estimada la de 16-17 años por informe médico forense, y que en formulario de registro de datos extendido con fecha 30 de noviembre de 1.999 se recoge como edad la de 16 años y nacido el año de 1.983, que con fecha 10 de mayo de 2.000 se estima su edad en torno a los 17 años, que con fecha 31 de julio se estima en unos 17 a 18 años, y que por informe de fecha 18 de noviembre de 2.001 se estima en unos 17 a 18 años (próxima a 18 años), e igualmente se obvian partes internos de incidencias, uno de los cuales había sido emitido con fecha 12/10/2001 en cuyo texto se recoge «la situación cada día se agrava más con este supuesto menor, por lo que el equipo educativo solicita que se tomen las medidas oportunas para solventarlo» tras recoger que según la versión de algunos menores les instiga, manipula y amenaza para que se nieguen a obedecer las instrucciones de este equipo.

II.- b) Por el equipo del hogar tutelado «Franciscanos» de Zamora con fecha 24 de abril de 2.002 se emitió informe respecto del menor Abdelhuajed Fatdar Nali, en el que se termina recogiendo las observaciones anotadas en su proyecto individualizado de reinserción laboral:

1. Siempre quiere estar solo: conducta antisocial.

2. No es capaz de pedir ayuda: Habilidades sociales básicas nulas.

3. escasa capacidad para interiorizar normas y/o castigos: escasez de valores.

4. Sus pensamientos suelen ser distorsionados y muy negativos.

5. Nula capacidad para expresar afecto y/o cariño: alteraciones emocionales graves.

6. Humor muy variable: escaso autocontrol.

7. Muy violento y/o agresivo: autoestima muy baja.

8. Comportamiento apático y muy pasivo: escasa motivación.

En definitiva no nos explicamos como un chaval con tantas carencias y necesidades educativas especiales y específicas ha podido pasar el proceso de selección llevado a cabo. Y sugerimos que alguien con mayor interés venga a ocupar su plaza. Con fecha 4/09/02 el equipo técnico del Area de Menores de la Consejería de Bienestar Social de Ceuta, en el que participó la directora del servicio de dicha Area, se acuerda proponer el cese del acogimiento del menor Abdelhuajed Fatdar Nali de la Residencia Padre Franciscano de Zamora visto el informe propuesta de baja del menor en el programa de inserción laboral emitido por el equipo educativo del Hogar Los Franciscanos, y el acogimiento residencial en el Centro La Esperanza de Ceuta. El sábado 14 de septiembre de 2.002 Abdelhuajed Fatdar Nali sobre las 13,30 horas se presentó muy nervioso en el despacho de los educadores exigiendo toda su documentación queriendo firmar en ese momento la baja a lo que el equipo accedió a la petición al observar el estado del chico, muy agresivo y por temor a alguna agresión física a educadores y compañeros dados sus antecedentes conflictivos desde que llegó al centro.

II.- c) La residencia Hogar Franciscanos no aparece como tal centro adscrita a la Comunidad Autónoma de Castilla y León ni aparece referida en los convenios firmados por el Consejero de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales y la representación de la Asociación Mensajeros de la Paz Castilla y León, ni respecto del mismo obra ningún tipo de documentación en los servicios adscritos a la delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Zamora.

II.- d) La asociación Mensajeros de la Paz, como empresa responsable, no comunicó a la Autoridad Laboral la apertura del centro de trabajo (residencia tutelada de adolescentes en Avda. de Requejo 18 de Zamora) con anterioridad al 3 de marzo de 2.003 pese a que inició su actividad el 4 de marzo de 2.002, y asimismo, no realizó la evaluación de riesgos del centro de trabajo.

III.- La fallecida María Auxiliadora Vázquez Fernández prestaba sus servicios en la residencia tutelada de adolescentes conocida como «Padres Franciscanos» de Zamora desde el día del comienzo de su funcionamiento el 4 de marzo de 2002 hasta el momento de su muerte, con la categoría profesional de instructora, tiempo completo, habiendo desarrollado su trabajo entre ambas fechas durante lo que constituía su jornada laboral (1.446 horas anuales) y un exceso sobre dicha jornada laboral, cuando menos, pues no se han tenido en cuenta los posibles tiempos de coincidencia de varias trabajadoras en la residencia, de 1.107 horas 49 minutos.

Las funciones que la susodicha María-Auxiliadora realizaba en el centro, junto con las otras dos instructoras, eran las de inculcar a los menores emigrantes acogidos hábitos de integración y adaptación a las costumbres españolas, orientación profesional, realización de talleres formativos, gestión de trámites y documentación, convivencia con ellos en la residencia y control de la ejecución por parte de éstos de las actividades de vida diaria. También efectuaban las compras necesarias, cocinaban los fines de semana y llevaban la gestión económica del Centro.

Asimismo realizaban informes de sobre el funcionamiento del centro, el seguimiento de la adaptación residentes, proyectos de actividades …. María Auxiliadora Vázquez Fernández cuando fue objeto de la agresión que causó su muerte se encontraba en las dependencias del centro de Trabajo en el que prestaba sus servicios, dentro de su jornada laboral/turno de trabajo, pues dentro de sus funciones estaba la de pernoctar en la Residencia para ejercer control y cuidado de los internos e instalaciones. El Centro de Trabajo o Residencia tutelada carecía de cualquier medida de seguridad personal o mecánica, su puerta de acceso principal podía ser abierta por cualquiera de los residentes y el acceso al edificio era fácilmente practicable por puerta de acceso al campo de fútbol que «a veces» está abierta.

2.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

FALLAMOS:

Que debemos condenar y condenamos a Abdelhuajed Fatdar Nali, alias Usmary, en quien no concurren circunstancias genéricas modificativas de su responsabilidad criminal, como autor responsable:

1º De un delito, ya definido, consumado de asesinato cometido en la persona de María-Auxiliadora Vázquez Fernández, concurriendo las circunstancias específicas de agravación de alevosía y ensañamiento, a la pena de veinticinco años de prisión y a la pena la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Por Abdelhuajed Fatdar Nali se indemnizará a José Antonio Vázquez Rodríguez en la cantidad de 75.000 € y a José Carlos, María del Mar y María del Pilar Vázquez Fernández en la cantidad de 12.000 € a cada uno de ellos por los daños morales causados por la muerte de su hija y hermana, respectivamente, María-Auxiliadora Vázquez Fernández. Respecto de estas cantidades se declara la responsabilidad civil subsidiaria respecto de Abdelhuajed Fatdar Nali y solidaria entre sí de la Asociación Mensajeros de la Paz y de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

2º De un delito, ya definido, de asesinato en grado de tentativa cometido en la persona de Jerónimo Gómez López, por concurrir la circunstancia específica de agravación de alevosía, a la pena de quince años de prisión y a la pena accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Por Abdelhuajed Fatdar Nali, igualmente, se indemnizará a Jerónimo Gómez López en la cantidad de 25.000 € por todos los conceptos derivados de las lesiones y secuelas que aquél le causó.

3º De un delito de robo de vehículo con violencia en las personas con utilización de armas, a la pena de cinco años de prisión y a la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Por Abdelhuajed Fatdar Nali, se indemnizará, también a Jerónimo Gómez López en la cantidad de 8.724,45 € por los daños causados en su vehículo taxi ZA-3650-K, considerado como siniestro total. Se impone al susodicho condenado la totalidad de las costas procesales causadas que comprenderán las causadas por la acusación particular. Se abonarán al condenado Abdelhuajed Fatdar Nali los días que ha estado privado de libertad por esta causa. Se aprueba el auto de declaración de insolvencia de Abdelhuajed Fatdar Nali. Notifíquese la presente resolución a las partes personadas personalmente a Abdelhuajed Fatdar Nali, haciéndole saber que contra la misma pueden interponer recurso de casación ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo anunciado ante esta Audiencia Provincial dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de la última notificación.

Con fecha 2 de noviembre de 2.005 se dictó Auto de Aclaración por la mencionada Audiencia, que contiene la siguiente Parte Dispositiva: La Sala acuerda aclarar el error observado en la sentencia en el antecedente de hecho segundo, de manera que, debe añadirse <>.

3.- Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casación por infracción de ley, por las rerpesentaciones del recurrente Don Jerónimo Gómez López y de los Responsables Civiles Subsidiarios Asociación Mensajeros de la Paz y Ciudad Autónoma de Ceuta, que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

4.- I.- El recurso interpuesto por la representación de DON JERÓNIMO GÓMEZ LÓPEZ, lo basó en el siguiente MOTIVO DE CASACION: Motivo único.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º L.E.Cr. por inaplicación indebida del art. 120.3º C. Penal.

II.- El recurso interpuesto por la representación de ASOCIACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ, lo basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACION: Primero.- Artículo 849.1º Ley Ritual Criminal, «infracción de precepto penal de carácter sustantivo en los hechos declarados probados» en relación con el artículo 120 del Código Penal; Segundo.- Artículo 849.2 Ley Ritual Criminal, «error en la apreciación de la prueba».

III.- El recurso interpuesto por la representación de CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA, lo basó en el siguiente MOTIVO DE CASACION: Motivo único.- Por infracción de ley al amparo de lo dispuesto en el número 1º del artículo 849 L.E.Cr. Por infracción de norma sustantiva penal dados los hechos que se han declarado probados.

5.- Instruido el Ministerio Fiscal de los recursos interpuestos, apoyó los de la Ciudad Autónoma de Ceuta y Asociación Mensajeros de la Paz, desestimando el de Jerónimo Gómez López, dándose igualmente por instruida la representación de la parte recurrida quien impugnó todos los recursos interpuestos, quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

6.- Hecho el señalamiento para el fallo, se celebró la votación prevenida el día 15 de noviembre de 1.006.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La Audiencia Provincial de Zamora dictó sentencia por la que condenaba al acusado ABDELHUAJED FATDAR NALI, alias USMARY, como autor responsable

1º De un delito, ya definido, consumado de asesinato cometido en la persona de María-Auxiliadora Vázquez Fernández, concurriendo las circunstancias específicas de agravación de alevosía y ensañamiento, a la pena de veinticinco años de prisión y a la pena la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Por Abdelhuajed Fatdar Nali se indemnizará a José Antonio Vázquez Rodríguez en la cantidad de 75.000 € y a José Carlos, María del Mar y María del Pilar Vázquez Fernández en la cantidad de 12.000 € a cada uno de ellos por los daños morales causados por la muerte de su hija y hermana, respectivamente, María-Auxiliadora Vázquez Fernández.

2º De un delito, ya definido, de asesinato en grado de tentativa cometido en la persona de Jerónimo Gómez López, por concurrir la circunstancia específica de agravación de alevosía, a la pena de quince años de prisión y a la pena accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Por Abdelhuajed Fatdar Nali, igualmente, se indemnizará a Jerónimo Gómez López en la cantidad de 25.000 € por todos los conceptos derivados de las lesiones y secuelas que aquél le causó.

3º De un delito de robo de vehículo con violencia en las personas con utilización de armas, a la pena de cinco años de prisión y a la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Por Abdelhuajed Fatdar Nali, se indemnizará, también a Jerónimo Gómez López en la cantidad de 8.724,45 € por los daños causados en su vehículo taxi ZA-3650-K, considerado como siniestro total.

Contra la meritada sentencia recurren en casación D. Jerónimo Gómez López, la Asociación Mensajeros de la Paz y la Ciudad Autónoma de Ceuta, todos ellos por los pronunciamientos de aquélla sobre las responsabilidades civiles derivadas de los delitos cometidos por el acusado.

Como presupuesto para la resolución de los mentados recursos, y dado que los tres denunciaron infracción de ley por incorrecta aplicación del art. 120.3º C.P., será necesario consignar los datos fácticos declarados probados en la sentencia impugnada que resultan necesarios para la resolución de las censuras planteadas por los recurrentes.

El acusado Abdelhuajed Fatdar Nali, alias Usmary, llegó al Centro de acogida de la O.N.G. «Mensajeros de la Paz» ubicado en la «Residencia Padres Franciscanos» de esta ciudad, el día 4 de marzo de 2.002 en virtud de un concierto de colaboración entre la Consejería del Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Asociación «Mensajeros de la Paz» suscrito en Ceuta el 10 de abril de 2.002, habiéndose resuelto por el Presidente de la Comisión de Atención a la Infancia de Ceuta, por delegación de la Asamblea de la Comunidad de Ceuta de fecha 1 de marzo de 2.002, que «la guarda del menor Abdelhuajed Fatdar Nali se ejerza por la Dirección de la residencia Padres Franciscanos de Zamora», cuya tutela «ex lege» había sido asumida en su condición de Entidad Pública de Protección de Menores por la Consejera de Bienestar Social de Ceuta y, como tal, Presidente de la Comisión de Atención a la Infancia, por su resolución de fecha 12 de noviembre de 2.001.

En la propuesta de intervención de fecha 30 de enero de 2.002 formulada por la Trabajadora Social Gemma Pareja Córdoba del centro cautelar de acogida de Menores «San Antonio», tras recoger que el menor Abdelhuajed, conocido por Usmari, «ha asimilado normas básicas de convivencia, llegando a ser figura de referencia y modelo a seguir para otros menores por su buen comportamiento» y, también, «llegando a ser incluso una figura de apoyo para el personal del centro cuando se requiere ayuda extra», se propone el traslado del mencionado a un centro de acogida de menores ubicado en la localidad de Zamora, denominado como residencia Padre Franciscano, sito C/ Requejo 18, perteneciente a Mensajeros de la Paz, estando dicho centro adscrito a la CC.AA. correspondiente, reúne condiciones adecuadas, citándose como responsable civil del mismo a don Angel García Rodríguez, más conocido como Padre Angel.

Se obvian partes internos de incidencias, uno de los cuales había sido emitido con fecha 12/10/2001 en cuyo texto se recoge «la situación cada día se agrava más con este supuesto menor, por lo que el equipo educativo solicita que se tomen las medidas oportunas para solventarlo» tras recoger que según la versión de algunos menores les instiga, manipula y amenaza para que se nieguen a obedecer las instrucciones de este equipo.

RECURSO DE DON JERÓNIMO GÓMEZ LÓPEZ

SEGUNDO.- Este recurrente reclama por la indebida inaplicación del art. 120.3º C.P. alegando que, aunque el delito del que fue víctima no se produjo en un establecimiento titularidad de los terceros civiles subsidiarios, debería extenderse el ámbito de tal precepto a los delitos conexos o estrechamente vinculados a los mismos, como sucede en este caso. Los delitos fueron cometidos sin solución de continuidad; se inscriben en la misma secuencia y el perpetrado sobre este recurrente traía causa del anterior pues se presentaba como medio de eludir la responsabilidad por aquél.

El recurrente reclama para sí la aplicación del art. 120.3º del Código Penal aduciendo que, aunque el delito del que fue víctima no se produjo en un establecimiento titularidad de los terceros civiles subsidiarios, debería extenderse el ámbito de tal precepto a los delitos conexos o estrechamente vinculados a los mismos, como sucede en este caso. Los delitos fueron cometidos sin solución de continuidad; se inscriben en la misma secuencia y el perpetrado sobre este recurrente traía causa del anterior pues se presentaba como medio de eludir la responsabilidad por aquél.

El motivo debe ser desestimado.

El art. 120.3º C.P. establece con claridad y precisión los requisitos que deben concurrir para declarar la responsabilidad civil subsidiaria en los supuestos contemplados en el precepto:

1º) que se haya cometido un delito o falta;

2º) que tal delito o falta haya ocurrido en un determinado lugar, un establecimiento dirigido por persona o empresa contra la cual se va a declarar esta responsabilidad;

3º) que tal persona o empresa, o alguno de sus dependientes, haya realizado alguna <>, debiendo entenderse esta expresión asimismo con criterios de amplitud, abarcando cualquier violación de un deber impuesto por ley o por cualquier norma positiva de rango inferior. No es necesario precisar qué persona física fue la infractora de este deber legal o reglamentario. Basta con determinar que existió la infracción y que ésta se puede imputar al titular de la empresa o a cualquiera de sus dependientes, aunque, por las circunstancias del hecho o por dificultades de prueba, no sea posible su concreción individual;

y 4º) por último, es necesario que tal infracción de reglamentos esté relacionada con el delito o falta cuya comisión acarrea la responsabilidad civil examinada, es decir, que, de alguna manera, tal infracción penal haya sido propiciada por la mencionada infracción reglamentaria.

El Hecho Probado pone de manifiesto con toda nitidez que en el caso examinado no concurren tales exigencias legales, puesto que no se da el elemento locativo -los hechos no se han cometido en establecimiento perteneciente a tercero-; ni el normativo -en relación a la agresión al taxista no hay ninguna norma reglamentaria incumplida por el centro que tenga relación con ella: no corresponde a tal centro velar porque los transeúntes vayan desprovistos de armas, ni por evitar que los taxistas sean atacados por quienes requieren sus servicios-; ni el causal -la adopción de cuantas medidas de seguridad imaginables se hubiesen adoptado en el centro no hubiese evitado nunca que el condenado agrediese a esta víctima-. No es apreciable fundamento para una aplicación analógica pues no se dan las bases que sostienen la figura de la responsabilidad civil de terceros del art. 120.3 construida sobre la negligencia reglamentaria de quienes hubiesen tenido el deber de impedir o dificultar el delito, lo que jamás puede predicarse de hechos sucedidos fuera del ámbito de potestades y dominio de ese tercero.

La alegación del recurrente que propugna un efecto extensivo del precepto a los delitos conexos o a los que tengan una cierta conexión temporal con el cometido dentro del establecimiento, carece de todo fundamento al estar basado en una circunstancia legal por cuanto no se encuentra prevista en la norma ni encuentra ningún sustento racional, puesto que si la responsabilidad civil subsidiaria la establece el legislador en función de la negligencia de los encargados o responsables del establecimiento en el cumplimiento de la normativa legal diseñada para impedir o dificultar la comisión del delito en el interior del recinto, los hechos delictivos cometidos fuera de ese espacio físico, en un ámbito geográfico ajeno a aquél en el que se han de ejercer dichas obligaciones preventivas, se encuentran extramuros del marco de aplicación del precepto penal que infundadamente se dice quebrantado.

RECURSO DE LA ASOCIACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ

TERCERO.- Esta recurrente, por contra, impugna la sentencia por haber aplicado incorrectamente el art. 120.3 C.P. por no darse en el caso la concurrencia de todos los elementos o requisitos establecidos en el precepto.

El motivo, que viene apoyado por el Ministerio Fiscal, debe ser estimado.

No hay duda de que, en lo referente a la Asociación recurrente, ésta era la titular del centro donde se cometió el delito de asesinato, por lo que la concurrencia del requisito locativo es incuestionable.

En cuanto al elemento normativo, la sentencia señala una serie de concretas infracciones de orden laboral, por un lado, y la mención genérica de omisiones de medidas de seguridad, por otro.

De las primeras se citan «las infracciones reseñadas por la Inspección de Trabajo relativas a que el Centro de acogida no comunicó a la autoridad laboral la apertura del Centro de trabajo (arts. 6.1 R.D. Ley 1/1986 de 14 de marzo, y 1.1.2 y 2 de la O.M. de 6-5-88) y tampoco realizó la evaluación de riesgos del centro de trabajo (arts. 16.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y 3, 4 y 7 del R.D. 39/1997) y también la residencia Hogar Franciscanos no aparece como tal centro adscrita a la Comunidad Autónoma de Castilla y León ni aparece referida en los convenios firmados por el Consejero de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León …..». Se añade que el número de horas de trabajo de la fallecida excedía de la estricta jornada laboral, aunque a la postre, se abonaron en su totalidad.

Pues bien, lo cierto es que no toda infracción de la normativa vigente que hubieran cometido los directores o administradores del establecimiento, o sus empleados o dependientes es suficiente para la aplicación del art. 120.3º C.P. Es imprescindible la constatación de una relación de causalidad directa entre las infracciones normativas y el delito cometido, es decir, la verificación de que la observancia de las disposiciones legales que no se cumplieron, habría impedido la realización del delito. Desde luego, esa relación causa-efecto está ausente del incumplimiento de dar de alta el centro, y de la cuestión de las horas de trabajo porque la observancia, en su caso, de las disposiciones laborales al respecto, no hubieran evitado el asesinato.

En cuanto a que no se hubiese realizado un estudio sobre riesgos de carácter laboral en el centro de acogida, tampoco aparece esa relación de causalidad directa, pues, ciertamente, esa evaluación a que se refieren los artículos 3 a 7 del R.D. 39/1997 y su Reglamento de los Servicios de Prevención, y en el R.D. 1316/1998, de 27 de octubre se centra en la adopción de sistemas o controles de naturaleza estrictamente laboral en relación con la específica actividad de la empresa para evitar riesgos previsibles a los trabajadores derivados de su actividad laboral.

En todo caso, como de consuno alegan recurrente y Fiscal, que se hubiese realizado un estudio sobre riesgos de carácter laboral no parece razonablemente, que hubiese llevado a adopar medida alguna suficiente para dificultar o evitar el fatal resultado. Si mentalmente trasladamos el suceso a otro centro en que se hubiese procedido a ese alta laboral y al estudio de riesgos laborales, no es fácil imaginar qué medidas podrían haber surgido de esos trámites que hubiesen impedido una conducta tan imprevisible y difícil de abortar como es un ataque premeditado y doloso de la naturaleza del producido, de suerte que puede decirse con certeza que la relación de ese estudio evaluando los riesgos laborales no hubiese abocado a la adopción de medidas aptas para impedir este tipo de hechos.

En último término, resulta sumamente ilustrativo, el Informe emitido por la Inspección de Trabajo (folio 639) el 27 de mayo de 2.003 en el que en el apartado correspondiente a la materia de prevención de riesgos laborales debido a incumplimiento empresarial de realizar la evaluación de riesgos laborales, el organismo oficial emisor establece que en relación con el asesinato de que fue víctima la trabajadora, «no se ha apreciado responsabilidad empresarial por incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales relacionado directamente con la causa directa del mismo».

En definitiva, el incumplimiento de las obligaciones de naturaleza laboral que menciona la sentencia, no configuran la necesaria relación de causalidad directa entre la infracción de esa normativa y el asesinato cometido, y cuya acreditada concurrencia ha sido exigida en numerosas resoluciones de esta Sala, en las que venimos reiterando que no es suficiente la relación entre el hecho punible y la infracción reglamentaria sino que se precisa además que de haberse observado los Reglamentos la infracción no hubiese tenido lugar, lo que desde luego debe ser fijado desde una perspectiva de racionalidad (véanse SS.T.S. de 5 de junio de 2.001,13 de julio de 2.002, 4 de noviembre de 2.003, 20 de enero, 28 de octubre y 13 de diciembre de 2.005, entre otras).

CUARTO.- Pero la sentencia recurrida alude también a que las «infracciones reseñadas por la Inspección de Trabajo relativas a que el Centro de acogida no comunicó a la autoridad laboral la apertura del Centro de trabajo (arts. 6.1 R.D. Ley 1/1986 de 14 de marzo, y 1.1.2 y 2 de la O.M. de 6-5-88) y tampoco realizó la evaluación de riesgos del centro de trabajo (arts. 16.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y 3, 4 y 7 del R.D. 39/1997) y también, que la residencia Hogar Fransciscanos no aparece como tal centro adscrita a la Comunidad Autónoma de Castilla y León ni aparece referida en los convenios firmados por el Consejero de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León …..».

La sentencia no especifica cuáles fueron esos incidentes, pero, en todo caso, la omisión de las medidas de seguridad parece referirlas a los riesgos que pudieran provenir del comportamiento de los jóvenes que allí residían, pero en ningún caso de la comisión procedente de un agente exterior de un delito como el que se produjo, ajeno por completo a las personas alojadas en el centro y -como ya se ha dicho- absolutamente imprevisto e imprevisible.

Es menester subrayar que el Centro de Acogida de la Asociación Mensajeros de la Paz no es un establecimiento penitenciario, ni un reformatorio ni un correccional ni un establecimiento de rehabilitación de jóvenes delincuentes o asociales, en la que se encuentran recluidas las personas contra su voluntad y sometidas a un régimen coercitivo y restrictivo de sus derechos, sino, precisamente, es un centro de acogida para jóvenes necesitados en el que éstos ingresan y se alojan voluntariamente y que las perturbaciones en la convivencia que hubieran de ser corregidas por el mal comportamiento de aquéllos, se llevaban a cabo en el marco de esa situación, como ocurrió con el acusado al que por ese comportamiento negativo se dispuso el cese del acogimiento de aquél, en el que causó baja por propia voluntad casi seis meses antes de que se produjeran los hechos delictivos enjuiciados.

Quiérese decir que si no existían razones que exigieran la adopción de especiales medidas de seguridad ante riesgo para los trabajadores del establecimiento provenientes de los chicos allí alojados, mucho menos se advierten respecto de agresiones desde el exterior tan violentas y brutales como las que cometió el acusado.

Al margen de todo ello, la sentencia fundamenta el reproche a la ausencia de esas medias de seguridad en que éstas vendrían impuestas por la prudencia y la experiencia, pero ocurre que lo que el art. 120.3 C.P. exige es la infracción de disposiciones legales que hubiesen sido causa directa del delito cometido, siendo así que la sentencia de instancia no menciona ninguna norma estatal, autonómica o municipal, ni de otro orden que hubiera sido infringida por la titular del establecimiento.

RECURSO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

QUINTO.- Esta recurrente formula el mismo motivo de infracción de ley del art. 849.1º L.E.Cr., por indebida aplicación del art. 120.3 C.P.

La censura debe ser acogida por cuanto las consideraciones que se han dejado consignadas en relación con el anterior recurrente son en buena parte predicables de este otro recurso. No obstante, cabe añadir algunas otras que con acierto y rigor jurídico señala el alegato del Ministerio Fiscal y que por sus propios fundamentos avalan por añadidura la estimación del motivo casacional, pues, en efecto, de un lado debe observarse que la Ciudad Autónoma de Ceuta no es titular del establecimiento por lo que se tambalea todavía más la invocación del art. 120.3º. De otra parte tampoco aquí son constatables infracciones reglamentarias -que además en el contexto del art. 120.3º debieran tener relación con la titularidad del establecimiento- que tengan relevancia causal con el delito. El art. 21.2 de la Ley 1/1996 de 15 de enero que es invocado en la sentencia no tiene como fin de protección la evitación de hechos como el presente (quien ya no es residente, accede al centro con el propósito de matar por venganza a quien se encuentra allí). Falta por tanto uno de los criterios para afirmar la imputación objetiva. Y tampoco se puede decir que la Ciudad Autónoma de Ceuta haya infringido en este caso concreto ese deber legal tan poco perfilado.

Corolario de la estimación de los motivos articulados por los dos recurrentes es la casación de la sentencia impugnada, debiéndose dictar otra por esta Sala en la que se suprima de su parte dispositiva la responsabilidad civil subsidiaria declarada contra ambas entidades.

III. FALLO

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR A LOS RECURSOS DE CASACIÓN por infracción de ley, interpuestos por las representaciones de los Responsables Civiles Subsidiarios Asociación Mensajeros de la Paz y Ciudad Autónoma de Ceuta; y, en su virtud, casamos y anulamos la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zamora, Sección Primera, de fecha 27 de octubre de 2.005, en causa seguida contra el acusado Abdelhuajed Fatdar Nali, alias Usmary por delitos de asesinato, tentativa de asesinato y robo de vehículo con violencia. Se declaran de oficio las costas procesales ocasionadas en sus respectivos recursos.

Asimismo, DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION por infracción de ley, interpuesto por Don Jerónimo Gómez López contra indicada sentencia. Condenamos a dicho recurrente al pago de las costas procesales ocasionadas en su recurso. Y, comuníquese esta resolución, y la que seguidamente se dicte, a la mencionada Audiencia, a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa que en su día remitió.

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

1317/2005P

Ponente Excmo. Sr. D.: Diego Ramos Gancedo

Fallo: 15/11/2006

Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. Antonio Auseré Pérez

TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal

SEGUNDA SENTENCIA Nº: 1150/2006

Excmos. Sres.:

D. Siro Francisco García Pérez
D. Carlos Granados Pérez
D. Julián Sánchez Melgar
D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre
D. Diego Ramos Gancedo

En nombre del Rey

La Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituída por los Excmos. Sres. mencionados al margen, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintidós de Noviembre de dos mil seis.

En la causa instruida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Zamora, con el nº 9 de 2.003, y seguida ante la Audiencia Provincial de Zamora, Sección Primera, por delitos de asesinato, tentativa de asesinato y robo de vehículo con violencia contra el acusado ABDELHUAJED FATDAR NALI, alias Usmary, súbdito marroquí, documento extranjero X4197848A, natural de Marruecos, hijo de Mofadle y Rahma, cuyo último domicilio en esta ciudad fue el centro de Mensajeros de la Paz sito en Avda. de Requejo, sin antecedentes penales y en prisión provisional por esta causa, y en la que se dictó sentencia por la mencionada Audiencia, con fecha 27 de octubre de 2.005, que ha sido casada y anulada por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Diego Ramos Gancedo, hace constar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

UNICO.- Se dan por reproducidos e incorporados al presente los hechos probados de la sentencia de instancia.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO.- Los que figuran en la sentencia recurrida, a excepción de los referentes a la responsabilidad civil subsidiaria, que serán sustituidos por los que en ese respecto figuran en la primera sentencia de esta Sala.

III. FALLO

Se suprime del Fallo de la sentencia impugnada el siguiente pronunciamiento: «Respecto de estas cantidades se declara la responsabilidad civil subsidiaria respecto de Abdelhuajed Fatdar Nali y solidaria entre sí de la Asociación Mensajeros de la Paz y de la Ciudad Autónoma de Ceuta».
Permaneciendo incólumes los restantes que figuran en la meritada sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

PUBLICACIÓN.- Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Diego Ramos Gancedo, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.