Willie Francis

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Willie Francis
  • Clasificación: Homicida
  • Características: Menor de edad (16 años) - Su caso es notable por ser el primer incidente conocido de un fallo de ejecución de electrocución en los Estados Unidos
  • Número de víctimas: 1
  • Periodo de actividad: Diciembre de 1944
  • Fecha de detención: Agosto de 1945
  • Fecha de nacimiento: 12 de enero de 1929
  • Perfil de las víctimas: Andrew Thomas, propietario de una farmacia de quién era empleado
  • Método de matar: Arma de fuego
  • Localización: St. Martinville, Estados Unidos (Luisiana)
  • Estado: Intento fallido de ejecución por electrocución el 3 de mayo de 1946. Ejecutado por electrocución el 9 de mayo de 1947
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Willie Francis

Última actualización: 16 de enero de 2016

Willie Francis (12 de enero 1929, no comprobado – 9 de mayo de 1947) fue condenado a muerte por electrocución en el estado de Luisiana en 1945 (a los 16 años) por el asesinato de Andrew Thomas, propietario de una farmacia en St. Martinville de quién era empleado. Su caso es notable por ser el primer incidente conocido de un fallo de ejecución de electrocución en los Estados Unidos.

El asesinato se mantuvo sin resolver durante nueve meses, hasta agosto de 1945, cuando Francis fue detenido debido a su proximidad a un delito no relacionado. La policía alegó que portaba la cartera de Andrew Thomas en su bolsillo.

Francis nombró a varias otras en relación con el asesinato, pero la policía nunca pudo encontrarlos. Poco tiempo después, Francis, bajo interrogatorio, confesó el asesinato de Thomas por escrito, «Se trata de un secreto entre él y yo». El significado real de su declaración es todavía incierto.

Posteriormente dirigió a la policía a donde había eliminado la funda utilizada para llevar el arma homicida. El arma utilizada para matar a Thomas también se encontró cerca de la escena del crimen y pertenecía a un asistente de alguacil del sheriff en St. Martinville. Esta prueba, junto con las balas, desapareció justo antes del juicio.

A pesar de haber realizado dos confesiones por escrito, Francis se declaró inocente. Los abogados defensores designados por el estado no opusieron ninguna objeción, no llamaron a ningún testigo y no presentaron defensa. La validez de las confesiones no fue cuestionada por la defensa. Sin embargo, sólo dos días después de que el juicio se iniciara, Willie Francis fue declarado culpable de asesinato y fue condenado a muerte por doce jurados.

En su ejecución, la silla eléctrica falló en matar a Willie Francis. Los testigos de la audiencia informaron escuchar al adolescente gritar detrás de la máscara de muerte de cuero, «¡Quítenmelo! ¡Quítenmelo! ¡Déjenme respirar!» mientras aumentaba la carga letal de electricidad. Otro informe señala que dijo «¡No me estoy muriendo!» («I’m n-not dying!»).

Resultó que la silla eléctrica portátil conocida como la «horripilante Gertie» («Gruesome Gertie») había sido incorrectamente instalada por un guardia de prisión en estado de embriaguez y reclusos de la Penitenciaría del Estado de Louisiana en Angola. El Sheriff, E.L. Resweber, más tarde fue citado diciendo: «Este muchacho realmente tuvo un shock cuando se encendió la máquina».

Después del fiasco de la ejecución, Francis hizo una apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos en Francis v. Resweber, 329 US 459 (1947), citando diversas violaciones de sus derechos consagrados por la Quinta, la Octava, y la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Entre ellas violaciones de igualdad de protección, doble incriminación, y castigos crueles e inusitados.

La votación preliminar fue a favor de Francis. Un empleado del tribunal erróneamente informó al equipo jurídico de Francis que había ganado su apelación. De hecho, en una decisión 5-4, la apelación fue rechazada. La opinión disidente pedía determinar cuantos intentos de ejecución eran necesarios para considerarse crueles e inusuales. Detrás de las escenas, el juez Felix Frankfurter, que emitió el voto decisivo para volver a electrocutar a Francis, le pidió secretamente al gobernador de Louisiana que conmutara la pena, en lo que fracasó.

Finalmente, Willie Francis fue ejecutado el 9 de mayo de 1947.


Electrocutado dos veces en un año

Yolanda Monge – Elpais.com

11 de octubre de 2009

La ejecución de un recluso de Luisiana, a mediados de los cuarenta, tuvo que repetirse tras la negligencia de un guardián que no revisó el funcionamiento de la silla eléctrica.

Otro ser humano comparte junto a Romell Broom la triste estadística de haber sobrevivido a su ejecución en Estados Unidos: Willie Francis compartió la angustiosa idea de que debería estar muerto, pero seguía respirando. Con los músculos destrozados como si le hubieran «cortado con cuchillas», Francis trastabilló los primeros pasos, pero acabó abandonando la sala de ejecuciones por su propio pie después de haber soportado una descarga de 2.500 voltios. Dos veces.

«¡Quítenmela, quítenmela!», suplicó Francis a sus verdugos en referencia a la capucha de cuero que le cubría la cara y sujetaba su cabeza a la silla eléctrica. «¡No puedo respirar!», gritó tras recibir la primera descarga.

«¡Se supone que no debes respirar!», dio por toda respuesta el capitán Foster tras posar una mirada incrédula sobre el condenado. A continuación aplicó una nueva descarga sobre el cuerpo de 17 años del negro condenado por asesinato.

«¡No estoy muriendo!», se quejó Francis entre gritos convulsos.

Gruesome Gertie, la silla eléctrica de triste fama de Luisiana, no acabó en 1946 con la vida de Francis. Un recluso que hacía funciones de guarda no revisó bien el funcionamiento de la horripilante Gertie porque estaba borracho. Todo está contado al detalle en el libro La ejecución de Willie Francis. Raza, asesinato y búsqueda de justicia en el sur americano, de Gilbert King. Gruesome Gertie sí hizo su trabajo un año después, el 9 de mayo de 1947. «Estoy listo para morir», declaró Francis. Lo estaba por segunda vez.

Entre Willie Francis y Romell Broom hay más de medio siglo y la suspensión de la pena de muerte en 1972 para ser reinstaurada de nuevo en 1976. Desde entonces, Estados Unidos ha ejecutado a 1.175 personas. Tal práctica alcanzó su pico más alto en 1999, cuando se consumaron 98 ejecuciones.

Casi diez años después, en 2008, se dictaron sólo 111 sentencias capitales -frente a las más de 280-300 que se firmaban en la década de los noventa- y se ejecutó a 37 hombres (sólo 11 mujeres han muerto a manos del Estado desde 1976, y la última en hacerlo fue Frances Newton en 2005, en Tejas).

Existe un español en el corredor de la muerte: Pablo Ibar, condenado en 2000 en Florida por el asesinato de tres personas y cuyos abogados intentan la nulidad de su juicio y su declaración de inocencia tras lograr reabrir el caso alegando que tuvo una defensa inadecuada.

Hay más de 40 casos documentados de ejecuciones chapuceras, que los grupos contrarios a la pena capital explican por la falta de preparación de los operarios y la crueldad de los métodos. En una electrocución en Alabama, los electrodos adheridos a la pierna del condenado se prendieron. Con el cuerpo abrasado, el verdugo sintió los latidos de su corazón cuando fue a certificar su muerte.

De los 50 Estados de la Unión, 35 de ellos dan luz verde en sus legislaciones a la pena de muerte. Pero su práctica está casi totalmente limitada a los Estados del sur, donde se registraron todas excepto dos ejecuciones el año pasado. Ambas fueron realizadas en Ohio. También allí debía morir hace menos de un mes Romell Broom.

Broom se despertó a las 5.08 del que creía que sería el último día de su vida. Un guardia le acompañó a la ducha a las 5.51. Eran las 6.27 cuando Broom desayunó cereales con leche. A las 8.07 estaban preparados en el correccional de Lucasville los tres productos químicos utilizados en el cóctel de la muerte. Un recurso de último minuto dejó en suspenso a las 9.31 la ejecución de Broom, a quien sirvieron un almuerzo de pollo con judías verdes, puré de patatas, ensalada y zumo de uva a las 12.28. Era su última comida. A las 12.48, un juez dictaminó que la apelación había fracasado. El Estado le quitaría la vida a las 13.30. En punto.

Siguiendo las normas al pie de la letra, los funcionarios desecharon el primer cóctel y prepararon un segundo (a las 13.24 y a las 13.31). Hasta aquí, todo era rutina. Como rutina debía haber sido encontrar una vena en el brazo del condenado e inyectarle la dosis mortal de tiopental sódico, barbitúrico que hace perder el conocimiento; bromuro de pancuronio, que paraliza el diafragma e impide la respiración, y cloruro de potasio, que provoca el paro cardiaco deseado.

Pero a las 14.01, un equipo médico -una docena de personas cuya identidad se mantiene en el anonimato por orden judicial compone la totalidad de los empleados que practican las ejecuciones en Ohio- comenzó a pinchar el brazo de Broom. Seguían haciéndolo a las 14.30, cuando incapaces de encontrar una vena salieron de la sala de la muerte para tomar un descanso.

El asesino convicto -no confeso- por secuestro, violación y asesinato en 1984 de Tryna Middleton, de 14 años, soportó cerca de dos horas los pinchazos de las agujas en ambos brazos, ambos tobillos -pinchando al menos una vez en hueso- y la mano derecha. Al menos 18 intentos. Todos, fracasados. Varios, sangrientos. El acta de la ejecución fallida dice que a las 14.49, Broom se secó la cara con un pañuelo de papel. «Parece que había llorado». Una de las enfermeras -así llama Broom en una declaración jurada a las mujeres que participaban en la ejecución- abandonó la habitación visiblemente descompuesta.

David y Bessye Middleton, padre y madre de la víctima, que declinaron hablar para este reportaje, contemplaban la escena sólo separados del asesino de su hija por un cristal. Esperaban verle morir desde hace 25 años. La frustración de esa familia -y la de Broom porque no lograban acabar con su vida- está recogida por el sistema de grabación de circuito cerrado de la prisión.

Pasan las cuatro de la tarde cuando el director de la prisión, Terry Collins, consulta qué hacer a la oficina del fiscal y al gobernador de Ohio, Ted Strickland, quien dicta que la ejecución sea suspendida durante una semana. Collins abandonó al reo para efectuar esas llamadas, no sin antes haber agradecido a Broom su «cooperación» y «los intentos por ayudar al equipo». Entre los intentos cuenta flexionar su propio brazo para facilitar la aparición de una vena, incorporarse en la camilla para que fluyese mejor la sangre o ayudar a atarse una goma quirúrgica.

Romell Broom -de 53 años, casi los últimos 25 de ellos esperando en el corredor de la muerte a que se cumpliera su sentencia capital- no murió el pasado 15 de septiembre en el correccional de Lucasville, por lo que a las 17.59 le sirvieron una cena de empanadillas de verduras con galletas de postre y más zumo de uva.

Hoy, su ejecución está en suspenso mientras sus abogados preparan la vista que el próximo día 30 revisará su caso. Tim Sweeney y Adele Shank argumentan que un segundo intento de ejecutar a Broom violaría la garantía constitucional establecida en la octava enmienda que prohíbe un «trato cruel o inhumano». «El intento de ejecución de Romell Broom en Ohio el mes pasado por inyección letal fue una muestra de la pena de muerte en su estado más bárbaro», editorializó el fin de semana pasado el diario The New York Times.

«Lo sucedido en Ohio supone un punto de inflexión», declara Richard Dieter, director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, siglas en inglés). «Ya sea porque nuestros estándares de decencia a la hora de someter a una persona a múltiples ejecuciones sea considerado cruel, ya sea porque esto en realidad es un experimento con seres humanos o porque no funciona el método, la legislación tiene que cambiar y avanzar hacia la suspensión de la pena de muerte».

Curiosamente, Ohio es el único Estado, de los 35 que permiten la pena de muerte, que requiere por ley que la ejecución se efectúe de forma «rápida e indolora». En opinión de Sweeney, abogado de Broom, esa norma ha sido violada.

Si en la construcción de su caso -que de momento ha supuesto que el gobernador de Ohio posponga otras dos ejecuciones previstas para estos meses hasta la primavera de 2010; otros tres Estados tienen en suspenso por motivos legales la máxima pena-, los letrados del condenado apelan a la Constitución americana, también se centran en detalles más concretos como la profesionalidad y preparación de las personas que realizaron el ritual de la ejecución. «En estos momentos se levantan serias dudas sobre si el Estado está empleando a las personas correctas para hacer un procedimiento tan complejo», manifiesta Sweeney en conversación telefónica desde Ohio. «No cabe duda de que cuando esos barbitúricos se aplican mal, el preso es torturado hasta la muerte», apunta el abogado.

Todos los Estados que practican la pena capital tienen unas políticas muy estrictas que garantizan la privacidad de los verdugos. California es el Estado cuyos protocolos son más relajados. Una de cada 11 veces, el equipo de ejecución de Ohio ha tenido problemas a la hora de acabar con alguien. Desde la penitenciaría se defiende su labor y dicen que hacen «un trabajo que la mayoría de la gente no haría». «Lo hacen de forma profesional y adecuada», apostilla Julie Walburn, portavoz del Centro de Rehabilitación de Ohio.

La inyección letal es el método preferido para los homicidios legales que se practican en Estados Unidos y en la gran mayoría de los casos es aplicada por los funcionarios de prisiones o un equipo de ciudadanos designados para esa labor. Casi nunca lo hacen doctores, ya que la Asociación Médica Americana recomienda a sus colegiados no participar en ejecuciones porque viola el juramento hipocrático. «El uso de un médico para otro fin que no sea mejorar la salud o el bienestar individual mina el fundamento ético básico de la medicina: no herir», se dice desde el Consejo de Asuntos Éticos y Judiciales de Medicina. «Que los médicos estuvieran presentes en las ejecuciones violaría su juramento de salvar vidas», se insiste.

«La frase de confíe en mí, que sé lo que hago pierde credibilidad cuando ocurren casos como el de Ohio», declara Dieter. «Se hace necesario que haya acceso, que se pueda intervenir sobre el proceso para saber lo que de verdad está pasando y quién lo está ejerciendo», recalca. «Tiene que acabarse la percepción pública de que la inyección letal es un método libre de dolor», insiste el abogado que está al frente del DPIC.

Estados Unidos cuenta con otras cuatro formas de matar a sus condenados a la pena capital si la inyección letal es considerada «inconstitucional» por sus legislaciones (en 2007, el Tribunal Supremo suspendió durante ocho meses las ejecuciones en todo el país hasta que determinó que la inyección no violaba la octava enmienda; en 2006, el gobernador de Florida, Jeb Bush, suspendió la pena de muerte de forma temporal después de que Ángel Díaz agonizase en la camilla con una vía en su brazo durante 34 largos minutos). La electrocución, la cámara de gas, el fusilamiento o la horca son otras posibilidades.

No por obvia, la respuesta a la pregunta al abogado de Broom sobre cómo se encuentra su cliente es menos aterradora: «Broom está deshecho por la experiencia». Está intentando asumir que no ha muerto, pero cree que -«casi con total seguridad»- lo van a volver a intentar de nuevo.

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