Pompeyo Miranda Ruiz

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Pompeyo Miranda
  • Clasificación: Asesino
  • Características: Traficante de drogas - Violencia carcelaria
  • Número de víctimas: 2
  • Periodo de actividad: 1991 / 1994
  • Fecha de nacimiento: 7 de julio de 1965
  • Perfil de las víctimas: Su amante, la estadounidense Gloey Weisseman, de 46 años / Marcial Delgadillo, alias Papacho
  • Método de matar: Arma de fuego / Golpes con bloque de hormigón
  • Localización: Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
  • Estado: Condenado a 30 años de prisión en 1992. Condenado a 15 años de prisión en 1995. Puesto en libertad en noviembre de 2013
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Pompeyo Miranda – La larga mano de la «doctrina Parot»

Juan Jesús Aznarez – Elpais.com

28 de noviembre de 2010

El andaluz Pompeyo Miranda, encarcelado en España por dos asesinatos cometidos en Bolivia, pide ser devuelto al país americano tras desvanecerse su sueño de salir en libertad.

La última semana de julio pasado, Pompeyo Miranda preparaba su vuelta a la vida en libertad después de 19 años de cárcel por los dos asesinatos cometidos en Bolivia cuando era un balarrasa: 30 años de condena por el primero y 15 años por el segundo.

El almeriense regaló sus ropas a otros presos, imaginó el reencuentro con la familia, los amigos y su Almería natal, y aguardó en su celda la orden de excarcelación, prevista para el primero de agosto.

Pero pocos días antes recibió un auténtico mazazo. «El juez ha anulado su salida y le aplica la doctrina Parot. Tiene que seguir en la cárcel», le comunicó, verbalmente, una alta funcionaria del penal donde permanece recluido.

A Miranda, de 45 años, el mundo se le vino encima cuando conoció la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional: le esperaban hasta 15 años más de cárcel, pese a estar amparado por el Tratado de 1990 entre España y Bolivia sobre transferencia de personas condenadas, que prohíbe agravar la situación del condenado, pese a invocar la ley de ejecución penal boliviana, que prohíbe sumar condenas, cumplidas siempre en paralelo, y pese a no registrar en su expediente ningún parte de castigo.

«Se han saltado a la torera la Constitución, las leyes y los convenios internacionales. Yo ya he cumplido. Con solo observar la hoja de cálculo que mandó Bolivia se aclara mi situación. Me suman una condena, la de 15 años, que ya ha quedado extinguida», sostiene el reo.

«Yo no he sido sentenciado por juzgados españoles y España asumió mi situación cuando fui trasladado. Y para eso hay un tratado. Y si no lo cumplen me tienen que devolver a Bolivia y se acabó. Ya he pedido al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Asuntos Exteriores que me devuelvan por incumplimiento del tratado».

Al igual que él, varios presos han recurrido la aplicación de una doctrina que endureció sus castigos hasta extremos a veces insoportables. Antonio Izquierdo, uno de los dos autores del crimen de Puerto Hurraco, se suicidó en abril al aplicársele la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2006, concebida para prolongar el encarcelamiento de presos de ETA, estableciendo que la reducción de penas por beneficios penitenciarios se aplique a la suma de las condenas y no sobre el máximo de 30 años fijado en el Código Penal de 1973.

Pompeyo Miranda enamoró en Santa Cruz de la Sierra a una ciudadana de Denver (Colorado) y se buscó la ruina. El 18 de octubre de 1991 acabó con la vida de la estadounidense Gloey Wisemam, temiendo que ella arruinara la suya delatando sus manejos en el narcotráfico.

Siendo la gringa enredadora y el almeriense de armas tomar, nada bueno cabía esperar de un ardor que con el tiempo había de tornarse trágico. Aquella pasión de mala hora nació en carnavales. Desdeñosa con el hombre boliviano, más bien chaparro, el metro ochenta del joven andaluz, sus ojos azules, y también las amistades de aquel camarero moreno y de pelo en pecho sedujeron a Wiseman, adscrita a los Cuerpos de Paz de Estados Unidos, amigado con la CIA y la DEA en las polémicas correrías de las agencias antidrogas y de espionaje por América Latina. La mujer había cumplido 46 años en 1991, 20 más que su amante.

Al tratarse de una ciudadana norteamericana, el FBI participó activamente en la búsqueda del homicida, finalmente capturado y condenado a 30 años de prisión, la máxima pena posible. Tres años después, en 1994, el español mató a un delincuente boliviano, cabecilla de una banda. Le cayeron otros 15 años, pero según la ley de ejecución penal de Bolivia cada día de presidio computa para las dos condenas.

Con ese cálculo, al abrigo de las redenciones, y tras cumplir 8 años en Bolivia y 11 en España, el español habría pagado ya la segunda causa en octubre de 2009; asimismo estaría facultado para salir a la calle, pese a la primera, gracias a las remisiones de pena, ordinarias y extraordinarias, contempladas en el código de 1973.

De hecho, el cálculo de la administración penitenciaria española dio luz verde a su excarcelación, pero con la doctrina Parot, los 30 y 15 años se suman y sobre ese total de 45 años se efectuará el descuento.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional subraya en un informe que tampoco puede beneficiar a Pompeyo Miranda, transferido en el año 1999, a petición propia porque «de los beneficios penitenciarios que pudiera haber devengado el condenado (en Bolivia) no existe noticia alguna en la documentación remitida por ese país».

No sorprende la ausencia documental de los beneficios porque probablemente no procedían por la calificación del primer crimen, o porque la administración de justicia en Bolivia ha sido caótica durante decenios, según constató este periodista en sus viajes a Santa Cruz de la Sierra: los expedientes se perdían en sedes ajenas a la causa, los méritos para acortar condena eran olvidados o ignorados y la compraventa de libertades, o de sentencias, ha sido una lacra denunciada en titulares de prensa.

Preguntado sobre el caso de Pompeyo Miranda, el juez Saúl Saldaña, quien le juzgó por el asesinato del pandillero, indica que «en Bolivia no existen las condenas acumulativas y siguen vigentes los beneficios penitenciarios», pero evita más precisiones porque «ha transcurrido mucho tiempo y todo está archivado».

Las fuentes de la Audiencia Nacional consultadas reiteran que «en cuanto llegó a España quedó bajó la jurisdicción de las leyes españolas y son las leyes españolas las que se están aplicando en su caso. ¿Quién garantiza que no vuelve a matar con el expediente que tiene?»

Independientemente de las dudas de fiscales o de psicólogos sobre las posibilidades de reinserción social del penado, este exige que las leyes españolas respeten el tratado entre España y Bolivia sobre transferencia de personas condenadas, firmado en Madrid el 24 de abril de 1990.

Su articulado especifica que, una vez integrado en el sistema penitenciario del país receptor, en este caso España, «no se agravará la situación del condenado» y «ninguna sentencia de prisión será ejecutada por el Estado receptor del tal manera que se prolongue la duración de la pena más allá del término de prisión impuesto por la sentencia del tribunal del Estado trasladante».

Tomás Martínez, abogado del preso, explica: «Hemos recurrido ante el Supremo porque se le ha aplicado la ley española cuando debiera habérsele aplicado la ley boliviana, con la que ya estaría en la calle». El asesino en serie Pedro Antonio Seco mató a tres personas, fue condenado a 90 años y salió de la cárcel a finales del pasado mes de octubre tras cumplir 17 años. Pompeyo Miranda ha cumplido 19 y reconoce haber delinquido, «pero bastantes palos me dan dado. Ya he cumplido».


Pompeyo y la doctrina Parot

Iván Gómez – Diario de Almería

23 de octubre de 2013

El almeriense Pompeyo Miranda, de 45 años, alto y enjuto, el que fuera considerado durante años el enemigo público número uno de Bolivia, recibió en noviembre de 2010 un auténtico varapalo de la justicia española.

Preparaba su salida de prisión, después de 19 años de cárcel por dos asesinatos cometidos en el país andino, y 48 horas antes de que llegara a su celda la orden de excarcelación desde la Audiencia Nacional le comunicaron que el juez había anulado su libertad.

La Sala de lo Penal le ha aplicado la doctrina Parot, por lo que le sumaban otros 15 años de prisión, pese a estar amparado por el Tratado de 1990 entre España y Bolivia sobre la transferencia de condenados que prohibe sumar penas cumplidas en paralelo.

Tres años después la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, deroga sin paliativos la aplicación retroactiva de la doctrina Parot y abre un interrogante sobre cuando y cómo deberán ser excarcelados los afectados, ya sean presos terroristas o comunes con graves delitos a sus espaldas, que han purgado penas de prisión superiores a las legales de acuerdo con el Código Penal de 1973 por el que fueron condenados.

La sentencia ha establecido que la doctrina Parot no se puede aplicar por hechos cometidos antes de 1995, como ocurre en el caso del almeriense. El tribunal considera que lo contrario supone una aplicación retroactiva de la ley y, por lo tanto, vulnera los derechos fundamentales de los presos.

Pompeyo Mirada, que nació en Almería el 7 de julio de 1965 y pasó su infancia en una vivienda en El Quemadero, había regalado sus ropas a otros presos y planificado una nueva vida sin rejas.

Imaginó el reencuentro con amigos que todavía conserva en la capital, aunque con la mirada puesta en volver a Sudamérica porque sus familiares directos ya murieron. Ahora tiene primos y tíos que le esperan en Bolivia y una mujer en Brasil.

«Se han saltado a la torera la Constitución, las leyes y los convenios internacionales. Me suman una condena de 15 años que ya ha quedado extinguida», reconocía el propio Pompeyo en declaraciones a El País al conocer que le aplicaban la doctrina Parot.

Su abogado, Tomás Martínez, quien remitió la hoja de cálculo de su condena a este periódico, aseguraba que «debe aplicársele la legislación boliviana y no la española y mucho menos la doctrina Parot». De ahí que plantearan, una vez extraditado a España, su intención de que volviera a Bolivia, pero no prosperaron las gestiones que iniciaron con la embajada de Madrid. «Hemos recurrido ante el Supremo porque ya debería estar en la calle».

De hecho, el cálculo de la administración penitenciaria española dio luz verde a su excarcelación, pero con la doctrina Parot los 30 y 15 años de sus condenas, por asesinar a su pareja y a un mafioso brasileño, se suman y no se cumplen en paralelo y sobre ese total se aplica el descuento de los beneficios penitenciarios.

Pompeyo Miranda Ruiz comenzó a delinquir en su adolescencia. En los archivos policiales le constan hasta seis detenciones por robos y amenazas.

El 4 de septiembre de 1989 fue detenido en Melilla por agentes del Grupo de Investigación Fiscal y Antidroga de la Guardia Civil y fue acusado de un delito de tráfico de estupefacientes. «Me pillaron con 37 kilos de hachís. En parte me vine por eso».

Tras abandonar nuestro país, se desplazó hasta Bolivia para convertirse en enemigo público número uno. Sus andanzas corrían de boca en boca. Cuando sus crímenes inundaron las páginas de los periódicos, el almeriense se convirtió en leyenda. Y por eso resulta imposible que los trabajadores penitenciarios y sus compañeros de las cárceles de Chonchocorito y Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, se olviden de un almeriense que en su día fue conocido como el Hannibal Lecter español, el carnicero.

Su vida da para escribir una novela, con tintes dramáticos. Asesinó en 1991 a su pareja estadounidense porque le acusaba de que no le complacía en la cama. Los periódicos bolivianos aseguraron que fue a raíz de que la norteamericana descubriera su vínculo con el narcotráfico.

Le machacó la cabeza a un compañero de celda con unas pesas de cemento porque le robó el champú que le había regalado el embajador de España y asestó más de una decena de navajazos mortales a Luis Marcial Delgadillo, el jefe de la mafia brasileña en su prisión, en 1994.

También lideró una fuga masiva dos años antes. Aprovechando un corte de luz escapó junto a 20 reclusos y llegó hasta Lima.

El FBI puso precio a su cabeza porque la americana asesinada era del Cuerpo de Paz estadounidense. Huelgas de hambre y autolesiones como señales de protesta aparecen en un largo historial que pocos han olvidado. «No se olviden de mí, algún día volveré», prometía este almeriense cuando fue extraditado, a petición propia a España, al sufrir la crudeza de las cárceles del país andino.

Es, precisamente, su objetivo prioritario al conocer que le aplicaban la doctrina Parot. Volver a Bolivia y salir a la calle al serle aplicada su legislación. Hace años, antes de que su condena estuviera a punto de cumplirse, Miranda aseguraba que «no salgo porque dicen que tengo trastornos psicológicos. Bueno, pues si los tengo, ¿por qué no me tratan? En tres años que estuve en Granada no me examinó nadie. Y ahora viene una psicóloga que ha leído la sentencia de Bolivia y me dice que lo mío no tiene cura. Eso es lo más fácil».

Lleva tres años sin ver la luz al final de un largo túnel. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos abre sus posibilidades de dejar la cárcel después de toda una vida. Aún no aparece en el listado del Ministerio del Interior entre los autores de delitos muy graves (asesinatos, homicidios, agresiones sexuales, violaciones…) a los que deberán revisar penas.

Al igual que Miranda, otros presos recurrieron la aplicación de una doctrina que endureció sus castigos hasta extremos a veces insoportables. Antonio Izquierdo, uno de los dos autores del crimen de Puerto Hurraco, se suicidó en abril al aplicársele la sentencia del Supremo de febrero de 2006 estableciendo que la reducción de penas por beneficios penitenciarios se aplique a la suma de condenas. ¿Cuándo saldrá Pompeyo?


Pompeyo, el olvidado de la «doctrina Parot»

Alberto Gayo – Interviu.es

24 de octubre de 2013

Él no tiene banderas que le aguarden a la puerta de la prisión de Puerto III (Cádiz), ni amigos que le ayuden a taparse el rostro, ni compañeros de juventud que se echen a la calle o brinden por su puesta en libertad. Aunque no figura en ninguna lista pública de terroristas de ETA, asesinos múltiples o violadores que se beneficiarán de la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a él también se le aplicó la «doctrina Parot».

El almeriense Pompeyo Miranda Ruiz solo tiene a su madre: Amalia, de 88 años, que vive en su piso de siempre en Almería. Este andaluz no fue un santo en su juventud. Su madre me contó hace casi una década que siendo crío entró en una juguetería y robó algunos juegos para los hijos de sus vecinos. «Era un chico sin maldad pero se perdió».

Luego llegaron los robos de coches, los primeros encontronazos con la Guardia Civil y los talegos. Así que decidió con poco más de 20 años buscar suerte en Sudamérica y olvidarse de todo. Acabó en Santa Cruz de la Sierra, importante ciudad industrial boliviana y, en aquella época, centro de operaciones para el tráfico de cocaína hacia Europa y EEUU. En el aeropuerto internacional de Viru Viru era muy sencillo encontrar agentes de paisano de la DEA norteamericana.

Pompeyo encontró trabajo pero también se topó con la cocaína y con la ciudadana norteamericana Gloey Wisseman, perteneciente a los denominados Cuerpos de Paz de Estados Unidos, una organización de voluntarios que operaba en toda Latinoamericana y que siempre estuvo bajo sospecha por su supuesta vinculación con la CIA y la DEA.

Ella tenía 46 años, Pompeyo apenas 21. Se enamoraron en un tormentoso idilio que acabó el 13 de octubre de 1991 cuando el español, temeroso de que Gloey le estuviese utilizando para pasar información sobre personas vinculadas con el tráfico de drogas de Santa Cruz y en pleno cuelgue de coca, cogió una pistola que guardaba bajo la cama y le metió dos tiros en la cabeza. Después se deshizo del cadáver y huyó.

El Ejército y la policía bolivianas pensaron que ese español que había matado a una ciudadana de Denver (Colorado) no podía andar muy lejos. Pompeyo era detenido pero antes del juicio logró evadirse del penal con otros presos. Agentes del FBI se desplazaron hasta Santa Cruz y pusieron precio a su cabeza. Arrestado de nuevo, fue juzgado y condenado a 30 años de prisión por asesinato.

Acabó en el penal cruceño de Palmasola, un recinto a modo de pueblo amurallado y donde cada preso vivía -y vive- según sus posibles. Los narcos tenían decentes casitas y una cuadrilla que les protegía. Los más tirados mascaban hojas de coca y dormían en el suelo.

Pocas veces entraba el Ejército, solo cuando había altercados. Dentro manda el dinero y la ley del más fuerte. Aunque allí Pompeyo intentó salvar su alma con ayuda de la monja italiana Alexandra Carosone y de los libros (se llegó a leer Ulises de James Joyce), la suerte volvió a jugarle una mala pasada.

En su misma celda metieron a Marcial Delgadillo, alias Papacho, el cabecilla de una sangrienta banda que asaltaba bancos y librecambistas. Dos personalidades fuertes con una leyenda negra detrás y en la misma celda. Él o el mafioso local. Solo podía quedar uno. Papacho apareció una mañana con la cabeza aplastada por un bloque de cemento. Pompeyo fue condenado a otros 15 años. Interviú les contó en 1999 todas las correrías del almeriense en el penal boliviano.

De acuerdo con las leyes penales bolivianas, las dos penas se cumplirían de forma paralela. Es decir, cada día de presidio computaría para las dos condenas con un máximo de 30 años de internamiento. Además, tendría la redención correspondiente.

La mala fama del almeriense se acrecentó tanto que en las calles de Santa Cruz las madres recriminaban el mal comportamiento de sus hijos con la frase «eres más malo que Pompeyo». Al mismo tiempo, las autoridades penitenciarias intentaban culparle de todo lo que ocurría dentro de Palmasola, pasó meses en el bote (celda de aislamiento) y los jalikatas (cabecillas) se la tenían jurada.

En 1999, Pompeyo vio una pequeña luz al final de su túnel penitenciario. En virtud del Tratado firmado en 1990 entre España y Bolivia sobre transferencia de personas condenadas, el Gobierno de José María Aznar logró que varios reclusos, entre ellos Pompeyo, terminasen de cumplir su pena en cárceles españolas.

La cercanía a su familia y las mejores condiciones penitenciarias facilitarían su reinserción social. Según el tratado de cumplimiento en el país de origen, la situación del condenado no podría verse agravada en España. Sería ilógico acogerse al cumplimiento de pena en el país de origen para sufrir una pena más gravosa.

Pompeyo llegó a su país natal en octubre de ese año. Se le aplicó el Código Penal de 1973 en cuanto a remisiones de pena y acumulación de las dos condenas en una sola. Su comportamiento fue intachable al principio. Durante todo este tiempo he mantenido decenas de conversaciones telefónicas con él en distintas cárceles.

En más de una ocasión dio muestras de su buena fe y llegó a avisarme de posibles ajustes de cuentas entre presos, que en algún caso llegó a evitar. Estando en prisión tuvo noticia de la muerte de su padre y de su hermana. No pudo acudir a ninguno de los dos entierros.

En 2010, Pompeyo Miranda recuperó la esperanza. De acuerdo con los cálculos realizados por la institución penitenciaria española y después de cumplir 8 años en Bolivia y 11 en España, su excarcelación quedó fijada para el 1 de agosto de ese año.

El 29 de julio, dos días antes y cuando ya tenía su petate preparado para ir a ver a su madre, le llegó un auto judicial en el que el magistrado anulaba su libertad y le aplicaba la denominada «doctrina Parot», establecida por el Tribunal Supremo en 2006 que buscaba alargar la estancia de los terroristas de ETA.

O lo que es lo mismo, los beneficios no se aplicarían sobre el tope legal de 30 años de permanencia en prisión, sino individualmente para condena. De esta forma, una vez cumplida la pena más grave, se empezaría a cumplir la siguiente, y así sucesivamente, hasta llegar al límite de los 30 años, lo que alargaría la reclusión.

En el caso de Pompeyo, nadie alzó la voz, nadie se quejó de que se agravaba la situación del condenado. El preso se vino abajo, mandó decenas de escritos que apenas tuvieron respuesta ni repercusión. Con la ley boliviana, que es en realidad la que tenía que haberse aplicado, Pompeyo ya estaría en la calle. Con la española, sin «doctrina Parot», también.

Sí, Pompeyo Miranda Ruiz mató a dos personas en Bolivia. Según su testimonio, a ella en un arrebato y por miedo; y al mafioso, en defensa propia. No hay excusas ni justificación y por todo ello lleva 22 años encarcelado.

No es menos cierto que legalmente y tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha invalidado la retroactividad de la «doctrina Parot», Pompeyo -aunque no esté en las listas que aparecen en los medios estos días- debería también ser puesto en libertad.

La semana pasada me contó que no tiene un euro, que necesita un abogado que simplemente le redacte el escrito para que la Audiencia Nacional se acuerde de él.

En agosto, aprovechando mis vacaciones sureñas, fui a verle a la prisión gaditana de Puerto III. Sus crímenes fueron terribles pero todavía creo que el fundamento del internamiento deber ser el reingreso en sociedad con garantías para los demás.

Y son casi quince años recibiendo copia de sus escritos, hablando con su anciana madre -que no quiere morirse sin ver de nuevo a su hijo- y sabiendo de sus tristes vidas: una como alma en pena que ya tan solo tiene a su hijo preso, y el otro buscando un camino sin tocar la droga. No puedo poner la mano en el fuego pero estoy casi seguro que hace años que Miranda no es un peligro para el resto de conciudadanos.

En el hall de entrada al centro penitenciario, donde se entregan los paquetes y se identifican los visitantes, había mujeres gaditanas que llevan tatuada en el omóplato la foto de su bebé y que esperan deseosas ver a sus novios, hermanos o padres presos, la mayoría, por delitos relacionados con el trapicheo de drogas. También había mujeres vascas que acudían a un vis a vis con presos de ETA.

Al final de las cabinas de comunicación estaba Pompeyo, un tipo delgado, sin apenas dientes sanos y con casi 50 años. Todavía conserva mirada de pillo. Desde hace tiempo se pregunta quién está interesado en que siga en prisión cuando ya tenía que estar libre. «Seguro que si aquella mujer no hubiese sido estadounidense no habrían ido tanto a por mí aquí y allí».

Al acabar la visita me confesó que más de una vez ha deseado estar en la prisión boliviana de Palmasola. Antes de despedirnos me pregunta si le he traído lo acordado. Le digo que sí: «unas zapatillas de deporte cómodas, un chándal que abrigue, unos calcetines y un par de interviús».


Excarcelan a español que asesinó a su amante estadounidense en Bolivia

La Razón Digital

16 de noviembre de 2013

El español Pompeyo Miranda Ruiz, condenado en Bolivia a 45 años de cárcel por asesinar a su amante, la estadounidense Gloey Weisseman, y a su compañero de celda, y con un historial de violencia en las prisiones por las que ha pasado, recupera su libertad por orden de la Audiencia Nacional de España.

Miranda está en la lista difundida el jueves por la Audiencia Nacional de los últimos presos beneficiados por el dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la llamada «doctrina Parot», una práctica que en España permitía alargar la permanencia en la cárcel de condenados por crímenes graves, como el terrorismo, el asesinato o la violación.

En España, donde no existe la pena de muerte, la mayor condena contemplada por la legislación son 30 años de cárcel, aunque este asesino convicto recupera la libertad después de pasar unos 22 años entre rejas.

Pero si no se le hubiese aplicado la «doctrina Parot», Miranda hubiese salido de prisión en 2010 con la reducción de la pena por beneficios penitenciarios.

En julio de 2010, cuando se preparaba para salir de la cárcel, se le comunicó una resolución de la Audiencia Nacional española por la que le quedaban otros 15 años de prisión. Fue como un jarro de agua fría.

Miranda, como otros presos en su misma situación, recurrió entonces la aplicación de la «doctrina Parot», que fue anulada el pasado mes de octubre cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia), dictaminó contra esta práctica al aceptar el recurso presentado por la etarra Inés del Río.

Desde el 21 de octubre han salido de la cárcel y en virtud del dictamen del Tribunal Europeo una treintena de presos, entre miembros de la banda terrorista ETA, condenados por delitos de sangre, y varios violadores en serie y asesinos, como Miranda, natural de Almería (sureste de España).

Pompeyo Miranda fue detenido en Bolivia en 1991 por asesinar a Weisseman, una cooperante estadounidense que trabajaba en el Cuerpo de Paz y con la que convivía en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, a donde llegó en 1990 y trabajaba como camarero en un bar.

«Me humillaba mucho, ella me indujo al vicio» o a las drogas, alegó en el juicio contra él en Bolivia al referirse a Weisseman, quien, al parecer, le amenazó con destapar las actividades de Miranda como narcotraficante.

No solo ejecutó a su pareja con varios tiros en la cabeza mientras dormía, sino que después la descuartizó, quemó los restos y luego los enterró, según documentos judiciales e informaciones de la época.

Pese a eso, Miranda fue descubierto por la policía boliviana, con la colaboración del FBI, juzgado y condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, pena a la que se sumaron otros 15 años por asesinar a golpes con un bloque de cemento armado al cabecilla de una banda de delincuentes Marcial Delgadillo, quien era su compañero de celda en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra.

Al parecer, Miranda mató a Delgadillo durante una disputa por un tubo de pasta de dientes y según crónicas que aparecieron en diarios bolivianos, el español solía pelearse con otros presos, como el brasileño Víctor Hugo de Paula.

Protagonizó una sonada fuga de esa prisión boliviana y acabó en Lima, donde fue detenido tras intentar obtener un pasaporte español en la embajada de España en la capital peruana.

De regreso a Bolivia, Miranda fue internado en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, donde se hizo «famoso» con sus intentos de suicidio tragando navajas, trozos de vidrio, cortándose las venas, hasta que fue trasladado de nuevo a Santa Cruz de la Sierra.

Sus abogados intentaron demostrar en 1994 que padecía esquizofrenia con informes médicos para que se redujera su pena.

En octubre de 1999, Miranda fue trasladado a España, junto con otros dos españoles presos en Bolivia, para cumplir la condena en su país, tras solicitarlo alegando que podía ser objeto de represalias y venganzas, procedentes tanto de la prisión como de fuera.

«Yo sé que mandar matar a alguien en Bolivia está al alcance de cualquiera», afirmó por entonces en la cárcel de Palmasola, cuyo techo compartía con unos 2.500 reclusos, tres veces más la capacidad para la que fue construida.

A su llegada a España, Miranda dejó de ser «famoso», engullido en el sistema penitenciario español, del que ahora sale sin hacer ruido.

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