Joaquín Ferrándiz Ventura

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Joaquín Ferrándiz

El asesino en serie de Castellón

  • Clasificación: Asesino en serie
  • Características: Violador convicto
  • Número de víctimas: 5
  • Periodo de actividad: 1995 - 1996
  • Fecha de detención: 29 de julio de 1998
  • Fecha de nacimiento: 1963
  • Perfil de las víctimas: Sonia Rubio, de 25 años / Amelia Sandra García, de 22 / Natalia Archelós Olaria, de 23 / Francisca Salas León, de 23 / Mercedes Vélez Ayala, de 28
  • Método de matar: Estrangulación
  • Localización: Varias, Castellón, España
  • Estado: Condenado a 69 años de prisión el 13 de enero de 2000
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Índice

Joaquín Ferrándiz, el Quijote Violador

Francisco Pérez Abellán – El hombre lobo y otras bestias

Hice el viaje a Castellón solo para ver de cerca al psicópata más retorcido de los últimos tiempos: Joaquín Ferrándiz, Chimo, 35 años, nacido en 1963, autor de cinco asesinatos de mujeres, que tuvieron lugar entre el 1 de julio de 1995 y el 14 de septiembre de 1996.

Había adoptado un método infalible que podríamos llamar como de «el quijote violador», consistente en asaltar a las chicas estropeando sus vehículos o atropellándolas directamente con el fin de acudir luego en su socorro como un caballero andante.

Ferrándiz es bien parecido, con cara de bueno, frente despejada, ojos de mirada inocente, facciones armónicas y expresión suave de responsabilidad y fiabilidad. En definitiva, el perfecto empleado en, por ejemplo, una compañía de seguros, donde trabajaba.

La mañana que comenzó el juicio llevaba unas gafas negras y trataba de ocultar su rostro sentándose de espaldas a los periodistas. Yo conseguí verle de frente cruzándome en su camino cuando lo desalojaban al concluir la sesión. Era un tipo temible que aparentaba mansedumbre y corrección.

Joaquín Ferrándiz sería un psicópata de libro que comenzó como abusador-violador y acabó como asesino en serie, en una progresión nada extraña en el mundo de los delincuentes psicópatas, aunque desde luego poco estudiado en nuestro país.

La primera actuación, de la que se guarda memoria, fue el 6 de agosto de 1989, cuando atropelló con su coche la moto de María, de 18 años, lanzándola por tierra y dejándola herida en un tobillo. Acto seguido descendió de su vehículo fingiendo estar muy afectado y ofreciéndose de forma caballerosa a llevarla al hospital. La joven, impresionada por aquel muchacho tan galante y seductor, se subió al coche sin sospechar nada. El cruel Chimo se la llevó a un lugar solitario y apartado donde abusó de ella. Fue condenado a catorce años de prisión por violación e imprudencia temeraria.

Seis años más tarde, en abril de 1995, le pusieron en libertad tras redimir pena por buen comportamiento y el tostón de una extensa campaña sobre «la injusticia» de haber sido condenado por delito sexual que reunió una enorme cantidad de firmas.

Tres meses después, el 1 de julio, por el procedimiento «del quijote» hizo desaparecer a una joven profesora de inglés en Benicasim, inaugurando su carrera de asesino serial.

Chimo secuestraba a las mujeres, las desnudaba, las ataba, a ser posible con su ropa interior, las amordazaba introduciendo en su boca las bragas u otra prenda íntima, y las estrangulaba; a veces con las medias, mallas o las manos.

De los cinco asesinatos que se le atribuyen, en cuatro no cometió violación, esto es: no tuvo trato carnal, tal y como se entiende, con sus víctimas. Lo cual, aunque parece chocante, es una variante relativamente frecuente entre los psicópatas asesinos, porque el acto sexual es en realidad el mismo asesinato. No secuestran a sus víctimas para disfrutar de sus favores sexuales y luego las matan, sino que las secuestran para matarlas porque esto es lo que verdaderamente les da placer sexual.

El peor vicio

Era soltero, vivía una existencia monótona con un trabajo lleno de rutinas y cada fin de semana se despertaba en él su instinto depredador. Había conseguido burlarse de la sociedad creando la duda de haber sido injustamente castigado: un chico tan modoso, tan bien considerado en su trabajo, tan formal.

Hasta que a las tantas de la madrugada, de cualquier sábado, se preparaba para la cacería: buscaba mujeres jóvenes, que se desplazaran solas, les estropeaba el vehículo, pinchándoles una rueda, por ejemplo, o directamente chocando con ellas, como si fuera casual. Así arremetió contra dos jóvenes desprevenidas: Sonia y Amelia.

Cuando no lograba sangre fresca, recurría a la prostitución y así se llevó a tres mujeres de la calle: Natalia, Mercedes y Francisca, de cuyos cuerpos se deshizo por el camino Vora Riu, donde se une la carretera de Burriana, en el cauce de un río sin agua. Su peor vicio es que habría seguido matando.


20 años del mayor asesino en serie de Castellón

Emilio Regalado – Levante-emv.com

2 de julio de 2015

Todo empezó el 2 de julio de 1995. Joaquín Ferrándiz no fue detenido hasta 1998.

El psicópata cumple 69 años de condena por la muerte de cinco mujeres y debería salir de la prisión de Ciudad Real en 2023 si no pide el tercer grado.

La joven Sonia Rubio desapareció sin dejar ni rastro en Benicàssim. Su cadáver fue localizado cuatro meses después en Orpesa. Pero la crónica negra no había hecho más que comenzar. Desde febrero de 1996 hasta enero de 1997 aparecerían cuatro mujeres más asesinadas. El autor, Joaquín Ferrándiz, no sería descubierto hasta cometer un error en septiembre de 1998 al intentar atacar a otras dos jóvenes.

Veinte años, uno tras otro, y para la sociedad de Castelló parece que fue ayer la noche en la que la desaparición de la profesora Sonia Rubio abrió la etapa más negra de la historia reciente de la provincia con un protagonista marcado en la memoria colectiva de los castellonenses: Joaquín Ferrándiz Ventura, autor de cinco asesinatos de mujeres entre los años 1995 y 1996.

El psicópata cumple una condena de 69 años en la cárcel de Ciudad Real y, aunque este mismo año ya podría pedir un tercer grado al haber cumplido los dos tercios de la pena impuesta el año 2000 -está en prisión desde 1998-, en principio deberá purgar sus crímenes hasta el año 2023.

La historia del asesino en serie de Castelló comenzó la madrugada del 2 de julio de 1995 cuando la joven Sonia Rubio, de 25 años, acababa de regresar de Inglaterra y se había ido con los amigos a disfrutar de la noche benicense. Nunca más volvió a su casa.

Cuatro meses después su cadáver fue localizado por un conductor en la cuneta de una camino del entorno de Playetas de Orpesa. El cuerpo, con evidentes signos de violencia, fue encontrado con la ropa interior en la boca de la profesora y una cinta adhesiva de color marrón que sería clave en el desenlace final.

La provincia se echó a la calle durante estos cuatro meses que separaron la desaparición de Sonia del hallazgo del cadáver. Los carteles con el rostro de Sonia Rubio poblaron, no solo la provincia, sino el territorio nacional entero.

Ni una sola pista. Interrogatorios continuos a los amigos y conocidos que coincidieron esa noche de fiesta con Sonia, pero nada a lo que agarrarse. La noticia de su asesinato en noviembre de 1995 fue en golpe para la familia y para toda la provincia. Pero la crónica negra no había hecho más que empezar.

En febrero de 1996 un agricultor que buscaba espárragos encontró el cuerpo de una mujer en el camino Vora Riu de Vila-real, atada de pies y manos y estrangulada. Apenas dos días más tarde unos jóvenes que se acercaron a curiosear localizaron un nuevo cuerpo, también una mujer estrangulada con una malla roja alrededor del cuello. Y sin apenas tiempo de recuperarse de estas noticias, los agentes de la Guardia Civil, en el rastreo de la zona, encontraron un tercer cadáver, éste en avanzado estado de descomposición.

Estupor

El impacto para la sociedad castellonense fue brutal. Las primeras investigaciones acabaron por determinar que las fallecidas, Mercedes Vélez, Francisca Salas y Natalia Archelós, eran tres jóvenes que ejercían la prostitución en la zona.

Las Fuerzas de Seguridad se encontraron de bruces con un triple asesinato que quedaba, por sus características, fuera de cualquier posible relación con el de Sonia Rubio, sobre el que no había avances.

Pasaron los meses y la conmoción sobrepasó cualquier límite al denunciarse la desaparición el 12 de septiembre de 1996 de la joven de 22 años Amelia Sandra García tras haber pasado la noche en los locales de ocio del polígono Los Cipreses de Castelló.

Con todos estos casos caminando de forma paralela, los testimonios del entorno de las tres fallecidas de Vora Riu apuntaron en su momento a un camionero, Claudio Alba, al que acabaron deteniendo en enero de 1997 acusándole de tres muertes que nunca cometió y por lo que fue indemnizado.

Un mes después de la detención del camionero, en febrero de 1997, un hombre encontró el cuerpo sin vida de Amelia Sandra García junto a una balsa de Onda y, como en los anteriores casos, golpeada, agredida sexualmente y estrangulada. Pero nunca hubo nadie en la investigación que relacionase todos los casos.

Joaquín Ferrándiz, trabajador en una conocida empresa de seguros de la capital de la Plana, seguía sin aparecer entre los posibles autores. Joven educado, seductor, plenamente integrado en la sociedad y con activa vida social, no era sospechoso pese a que después se supo que ya había sido condenado por violación en 1989.

El psicópata, que durante los meses que estuvo detenido de manera errónea Claudio Alba no actuó, volvió a intentarlo de nuevo en 1998 y, de paso, a dejar pistas definitivas.

En febrero de ese año fracasó en su intento de llevarse a una chica a la que había deshinchado las ruedas de su coche. La policía ya empezó a vigilarle. Todo se desencadenaría el verano de 1998 cuando intentó secuestrar a otra joven que pudo zafarse y denunciarlo ante la Comisaría. Fue su final.

Con una orden de registro en la mano, la policía entró en su casa y localizó la misma cinta adhesiva con la que amordazó a Sonia Rubio. El 9 se septiembre de ese año sería detenido, confesó ser el autor de las 5 muertes y el 13 de enero de 2000 acabó siendo condenado a 69 años de cárcel.


La Guardia Civil detiene al supuesto asesino de Sonia Rubio en Benicàssim. El supuesto asesino de Sonia Rubio ya fue condenado por abuso sexual

María Fabra – El País

10 de septiembre de 1998

La Guardia Civil ha resuelto tras casi tres años de pesquisas el caso del asesinato de la profesora castellonense Sonia Rubio, cuyo cadáver fue hallado en noviembre de 1995 en Oropesa tras meses de búsqueda. El presunto autor del asesinato de la joven de 25 años, desaparecida en Benicàssim al salir de una discoteca, es un preso de la cárcel de Castellón, Joaquín Ferrándiz Ventura, detenido el 29 de julio por un supuesto intento de agresión sexual.

La operación que ha permitido identificar al supuesto autor del crimen ha sido bautizada como Bola de Cristal, según explicó anoche el subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral.

El modus operandi de Joaquín Ferrándiz Ventura, que actualmente se encuentra en la cárcel de Castellón por un delito de abusos sexuales, ha sido la clave para que la Guardia Civil lograra identificar al autor del crimen casi tres años después de que éste se cometiera. El detenido intentó atacar a una joven que regresaba sola de Benicàssim a Castellón.

Otra de las líneas de investigación se centró primero en los círculos con los que se relacionaba la víctima. Joaquín Ferrándiz Ventura, de 35 años, recibió ayer un auto de procesamiento por detención ilegal, por abusos sexuales y como presunto asesino de Sonia Rubio Arrufat.

El titular del Juzgado de Instrucción número ocho, de Castellón, José Luis Albiñana, dictó el auto tras los resultados positivos de unos análisis realizados en el laboratorio del Centro de Investigación y Criminalística de Madrid. Los objetos analizados fueron encontrados tras un registro efectuado en el domicilio del sospechoso, natural de Valencia aunque residente en Castellón.

El supuesto asesino fue detenido en julio por un intento de agresión similar al que sufrió Sonia Rubio y en la misma zona de Benicàssim. Joaquín Ferrándiz Ventura había cumplido anteriormente condena por el mismo tipo de delitos.

Sonia Rubio Arrufat fue vista con vida por última vez en la madrugada del 2 de julio de 1995. Había acudido a una discoteca de Benicàssim con unos amigos. A la salida del local, sobre las cinco de la madrugada, se despidió de una de sus amigas para regresar a pie, un kilómetro, al apartamento de sus padres en Benicàssim. Un conductor que hizo una parada a unos 100 metros de la antigua carretera nacional 340 entre Benicàssim y Oropesa, halló el cadáver de la joven, semioculto en una zona de monte, el 20 de noviembre de ese mismo año.

Uno de los momentos decisivos para esclarecer este complicado caso se produjo finalmente el pasado mes de febrero cuando se denunció un delito de abusos con características que recordaron a los investigadores al caso de Sonia Rubio. El autor de esta última agresión, supuestamente, también es Joaquín Ferrándiz Ventura.

La pista definitiva se consiguió el pasado julio, cuando Joaquín Ferrándiz Ventura volvió a intentar, con el mismo modus operandi, atacar a una joven que regresaba sola de Benicàssim a Castellón. Por este hecho, el sospechoso fue detenido e ingresó en prisión el 29 de julio.

El supuesto asesino de Sonia Rubio había sido condenado en 1989 a 14 años de prisión por abusos sexuales y salió en libertad condicional el 4 de abril de 1995, tres meses antes del crimen de la profesora castellonense.

Tras la agresión del pasado julio se le revocó la libertad condicional por esa primera condena, por lo que el día 29 volvió a ingresar en la prisión de Castellón. El subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, destacó anoche la labor realizada por la Guardia Civil.

«Durante muchos días han trabajado intensamente en una investigación que, en ocasiones, se ha puesto en tela de juicio» declaró Sánchez Peral. «Estos últimos 126 días han sido de trabajo continuo durante 24 horas al día», añadió.

A lo largo de esta investigación se han barajado diferentes hipótesis, analizando y estudiando los círculos sociales con los que se relaciona la víctima. También se han investigado detalladamente hechos delictivos de características similares, así como a individuos con antecedentes por delitos contra la libertad sexual y homicidios, explicó el subdelegado.

De la operación Bola de Cristal se ha hecho cargo la unidad orgánica de la policía judicial de la 312 Comandancia de la Guardia Civil de Castellón y un grupo especializado de la Unidad Central Operativa (UCO), que se integró en la investigación, aportando material sofisticado para la realización de seguimientos encubiertos, añadió el subdelegado.


La Guardia Civil investiga al supuesto asesino de Sonia Rubio por otro crimen en Castellón

María Fabra – El País

11 de septiembre de 1998

El detenido como supuesto asesino de la profesora castellonense Sonia Rubio podría ser responsable de otro crimen de características similares, el de la joven Amelia Sandra García. El inculpado, Joaquín Ferrándiz Ventura, de 35 años, definido ayer por sus compañeros de trabajo y sus amigos como una persona de trato impecable, fue sometido a seguimiento por la Guardia Civil desde que en febrero fuera identificado por una mujer que sufrió un intento de agresión.

En la investigación, se comprobó que frecuentaba de madrugada el Polígono Los Cipreses, donde se ubican numerosas discotecas. Según la Gurdia [Guardia] Civil, no conocía a sus víctimas, pero hacía un minucioso seguimiento de sus movimientos.

En ambos casos, el de Sonia Rubio y el de Amelia Sandra, coincide el tipo de mujer, joven, extrovertida y de complexión y estatura media. Además, tanto una como otra desaparecieron de madrugada y fueron vistas por última vez a la salida de una discoteca.

La desaparición de la primera se produjo en julio de 1995 en Benicàssim y su cadáver no fue encontrado hasta noviembre del mismo año en un recóndito paraje de Oropesa. En el segundo caso, las fechas van desde septiembre de 1996 en la capital de La Plana hasta marzo de 1997, cuando el cadáver fue hallado en una balsa de la localidad de Onda.

La forma de actuar de ambos casos también coincide. Además, las dos aparecieron maniatadas y medio desnudas. Todo ello ha desembocado en un minucioso análisis de los informes forenses para hallar puntos en común.

Después de siete horas de interrogatorio ante el titular del juzgado número 8 de Castellón, José Luis Albiñana, Ferrándiz Ventura, que es el mayor de tres hermanos y vive en Castellón con su madre, admitió haber protagonizado dos agresiones sexuales, pero en ningún caso los asesinatos.

Pese a ello, el juez le procesa por detención ilegal, abusos sexuales y el presunto asesinato de la profesora castellonense Sonia Rubio Arrufat. El juez cuenta con pruebas, entre las que se encuentra el análisis de varios objetos requisados en su vivienda tras un registro domiciliario efectuado la pasada semana.

Entre ellos, al parecer, ha sido examinada una cinta aislante, el mismo material utilizado para amordazar a Sonia Rubio.

Además de Ferrándiz, el juez ha tomado declaración al que fuera su compañero de celda durante seis años, desde 1989 hasta 1995. Éste último había sido encarcelado por el asesinato de su esposa. Tras este interrogatorio se comprobó que las circunstancias de la muerte de Sonia Rubio son muy semejantes a las del crimen cometido por dicho preso.

El historial del presunto asesino se remonta a 1989, cuando fue acusado de una agresión sexual, por lo que en 1990 fue condenado a 14 años. Según relató ayer Juan Ignacio Badenes, el letrado que llevó entonces su defensa, los hechos se produjeron una mañana de junio, cuando la víctima circulaba en ciclomotor por el camino El Palmeral que discurre entre Benicàssim y Castellón.

Según la sentencia condenatoria, el acusado provocó un accidente que le produjo heridas a la joven. Ferrándiz paró para asistir a su víctima, al igual que lo hicieron los ocupantes de otro vehículo, que fueron quienes posteriormente lo identificaron. Al trasladar a la joven a un centro hospitalario, la agredió. Poco después la abandonó cerca del hospital.

Su informe psiquiátrico lo definió entonces como una persona normal, sin alteraciones psicológicas, dependiente de la aprobación social. Ahora, sin embargo, las técnicas sobre psicología criminal destacan de él su altísimo coeficiente intelectual y su perfil de psicópata (una vida ordenada y doble personalidad). Ferrándiz no estuvo sólo en este juicio.

Sus amigos y familiares se volcaron con el convencimiento de su inocencia. En abril de 1995, obtuvo la libertad condicional. Durante su etapa en la cárcel destacó por su buen comportamiento y su labor en la revista de carácter interno La Saeta.

En marzo de 1996 comenzó a trabajar como autónomo para una empresa de seguros, donde hacía labores de recepción y chequeo de vehículos. Sus compañeros de trabajo lo definieron ayer como una persona «absolutamente normal». En la empresa estuvo trabajando hasta este mismo mes de julio, fecha en la que se le detuvo en su misma oficina. Después, el juez ha vuelto a la oficina con el presunto asesino.

La pista clave llegó en febrero de este año, cuando se presentó una denuncia por agresión sexual similar a la cometida en 1989. En este caso, la víctima logró huir no sin antes morder un dedo a su agresor, a quien identificó posteriormente, tras coger parte de la matrícula de su coche. Con este suceso, la Guardia Civil inició un seguimiento encubierto. Se detectaron acciones extrañas, que podrían coincidir con el seguimiento de las jóvenes.

Sin embargo, hasta el pasado 29 de julio no se produjo la detención. Un accidente sufrido por la que apuntaba ser su siguiente víctima frustró el nuevo ataque. Al parecer, no conocía a sus víctimas pero efectuaba sobre ellas un amplio seguimiento. La Guardia Civil no descarta que en alguna agresión fuera ayudado por otra persona.


El supuesto asesino de Sonia Rubio vuelve a comparecer ante el juez

María Fabra – El País

12 de septiembre de 1998

El supuesto asesino de la profesora castellonense Sonia Rubio, Joaquín Ferrándiz Ventura, de 35 años de edad, compareció ayer nuevamente ante el titular del juzgado número 8 de Castellón, José Luis Albiñana. El acusado, al que se le imputa un delito de detención ilegal, otro de agresión sexual y un tercero de asesinato, llegó a la Audiencia provincial alrededor de las 13.45 horas. A las 15.30 ya se encontraba de vuelta en la prisión de Castellón. La detención del presunto homicida ha alterado la vida cotidiana de la ciudad.

El sofisticado y complejo proceso de investigación y seguimiento al que ha sido sometido Joaquín Ferrándiz hasta el momento de su detención quedó ayer nuevamente patente a la hora de efectuar su traslado desde la prisión de Castellón, en la que se encuentra desde finales del pasado mes de julio, hasta el edificio de la audiencia provincial de la capital de La Plana.

El titular del juzgado número 8, José Luis Albiñana, que instruye el caso, programó ayer una nueva comparecencia del supuesto asesino de Sonia Rubio. Ferrándiz llegó a la audiencia alrededor de las 13.45 horas. El vehículo en el que fue trasladado iba escoltado por un segundo turismo. El coche en el que viajó el presunto asesino estaba ocupado además por un total de cuatro agentes de la Guardia Civil.

El procesado vestía pantalón oscuro y una camiseta azul marino de rayas blancas. Para ocultar su rostro metió la cabeza entre las piernas y los respaldos de los asientos delanteros. Apenas 90 minutos después, y tras la elección de un vehículo todoterreno para la vuelta a la cárcel, Joaquín Ferrándiz fue conducido de nuevo a la prisión de Castellón.

La alteración de la cotidianeidad que vive Castellón tras la detención del presunto asesino de Sonia Rubio se asemeja a la que se produjo cuando el procesado fue acusado de su primera agresión sexual, en 1989.

Entonces, las circunstancias del accidente provocado por el agresor obligaron a la movilización de la sociedad con el fin de localizar a aquellos que, junto a Ferrándiz, habían parado su coche para asistir a la víctima elegida. Panfletos, esperas en el mismo camino (El Palmeral) en el que se produjeron los hechos, seguimiento de vehículos de similares características a las recordadas por la víctima, hicieron que, un mes y medio después del accidente y la agresión, la policía lograra detener al ahora acusado de la muerte de Sonia Rubio.

Tras el arresto, el proceso provocó nuevos movimientos. Tanto la familia, como su exnovia y los protagonistas de testimonios que se presentaron a defender la inocencia del acusado llegaron a efectuar una campaña de recogida de firmas a favor de Ferrándiz. El público abarrotó la sala en la que se celebró el juicio, cuya vista oral duró seis horas.

«No necesito de esos medios para obtener satisfacción sexual» dijo entonces Ferrándiz, quien fue amonestado por el presidente del tribunal al contestar demasiado airadamente al fiscal. Sin embargo, todo resultó en balde. Las pruebas, según su abogado defensor, no tenían demasiada consistencia, aunque el testimonio de los testigos que presenciaron cómo la víctima se metía en su coche y el reconocimiento por parte de la agredida fueron cruciales.


El presunto violador y asesino de una joven en Castellón confiesa que mató a cuatro mujeres más

María Fabra – El País

21 de octubre de 1998

Joaquín Ferrándiz Ventura, un amable vendedor de seguros de Castellón de 35 años, puede ser uno de los peores asesinos en serie registrados en la historia criminal española. Entre julio de 1995 y febrero de 1997 la provincia de Castellón fue escenario de ocho asesinatos de mujeres, aparentemente sin relación unos con otros.

Tras años de investigaciones, la Guardia Civil ha conseguido que Ferrándiz confiese la autoría de cinco de estos crímenes. La Guardia Civil comenzó a vigilar al empleado de seguros a principios de este año, después de que Ferrándiz intentara meter a la fuerza en su coche a una joven que había salido de una discoteca. Despertó sospechas porque ya había cumplido una condena de 14 años por agresión sexual y porque su forma de actuar recordó a otros asesinatos sin resolver.

Detenido finalmente en julio pasado, la Guardia Civil le imputa los asesinatos de la profesora Sonia Rubio, un caso que conmocionó a la provincia de Castellón en julio de 1995; de Amelia Sandra García Costa, de 22 años, en septiembre de 1996; y de tres mujeres que ejercían la prostitución y cuyos cadáveres fueron hallados a comienzos de 1996 junto al río Mijares en Vila-real.

Por los asesinatos de estas tres últimas, Natalia Archelos Olaria, de 24 años, Mercedes Vélez Ayala, de 18 años, y Francisca Salas León, de 24, está procesado Claudio Alba Hidalgo, camionero de profesión, quien siempre ha sostenido su inocencia. Su abogada declaró ayer que pedirá una indemnización por su detención y procesamiento.

Ferrándiz comenzó a trabajar como autónomo para una empresa de seguros en Castellón en marzo de 1996 y la Guardia Civil le detuvo en julio en su oficina, ante el asombro de sus compañeros, que le describen como una persona amable y atenta.

En ese momento, los investigadores sólo tenían la certeza de que el detenido había protagonizado un intento de agresión sexual en febrero, aunque, por el modus operandi había muchos indicios que le señalaban como presunto autor de la muerte de Sonia Rubio, que fue vista por última vez con vida en Benicàssim a la salida de una discoteca y que subió al vehículo de un desconocido, según varios testigos. El cadáver de la joven fue hallado cerca de Oropesa cuatro meses después.

Las pesquisas de los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón, reforzados por agentes de la Unidad Central Operativa, y los resultados de los análisis realizados a diversos objetos decomisados en un registro domiciliario permitieron en septiembre al titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Castellón, Josep Lluís Albinyana, imputarle la violación y muerte de Sonia Rubio.

Personalidad psicopática

Desde entonces, el juez ha interrogado varias veces al detenido. La noche del pasado lunes, Ferrándiz se vino abajo y confesó los restantes crímenes que se le imputan. El director general de la Guardia Civil, quien ayer facilitó los datos de la investigación en Madrid, destacó que éste es uno de los «episodios más importantes de asesinatos en serie», de los que «no hay precedentes en la historia de la criminología» española. Valdivielso añadió que el detenido tiene una «personalidad psicopática».

Educado y amable, bien considerado por las mujeres de su entorno, Ferrándiz vigilaba a sus víctimas, varias de ellas mujeres que regresaban a sus casas solas y de madrugada. Al vigilarle el pasado julio, la Guardia Civil observó que desinflaba la rueda del vehículo de la víctima elegida. No consiguió secuestrarla porque la joven no se percató de la avería, aunque poco después sufrió un accidente. Anteriormente, en febrero, había asaltado a otra joven e intentó introducirla en su vehículo. La intentó dejar inconsciente estrangulándola, pero la víctima consiguió pedir auxilio y fue rescatada por testigos del hecho, según explicó ayer la Guardia Civil.

También Amelia Sandra García volvía sola a casa tras pasar unas horas en una discoteca cuando desapareció en un polígono de Castellón en septiembre de 1996. Su cadáver fue hallado en febrero de 1997 en una balsa en el término municipal de Onda. Como las demás víctimas, fue golpeada, sufrió una agresión sexual y fue probablemente estrangulada. Los cadáveres de las prostitutas de Vila-real se hallaron casi esqueletizados.


El fiscal acusará al Estado por no vigilar al asesino de Castellón tras excarcelarlo

María Fabra – El País

22 de octubre de 1998

La investigación en torno a Joaquín Ferrándiz, de 35 años, acusado de matar a cinco mujeres en Castellón y al que la Guardia Civil ya considera uno de los asesinos en serie más importantes de la historia criminal española, provocó ayer nuevas reacciones. Juan Salom, el fiscal que lleva el caso por la violación y asesinato de la profesora Sonia Rubio, de 25 años, una de las víctimas, destacó la «negligencia» en la falta de vigilancia y de control de la libertad condicional de Ferrándiz, condenado en 1990 a 14 años de cárcel por un delito de violación.

Ferrándiz cumplió algo más de cinco años de esa pena y en abril de 1995, después de dos meses en el tercer grado, obtuvo la libertad condicional. Pocos meses después secuestró, violó y asesinó a Sonia Rubio. Hasta su detención, el pasado julio, sus vecinos y compañeros de trabajo de Castellón le conocían como un amable y educado vendedor de seguros.

Dado que cometió los crímenes estando en libertad condicional, la fiscalía de Castellón pedirá en el juicio que se celebre contra Ferrándiz la responsabilidad civil subsidiaria del Estado. El Tribunal Supremo ya ha declarado al menos en un caso, el de una niña asesinada en 1992 en Lugo, la responsabilidad civil subsidiaria del Estado al estar el condenado en libertad condicional cuando cometió el crimen. La sentencia concedió a la familia de la niña una indemnización de 20 millones de pesetas por un funcionamiento anómalo de la vigilancia tutelada del recluso.

Salom aseguró que en el caso de Ferrándiz concurrían todos los requisitos legales para otorgar la libertad. «Pero no fue debidamente utilizada», apostilló. El fiscal añadió que el buen comportamiento siempre se ha tenido en cuenta a la hora de conceder la libertad condicional y, en el caso de Ferrándiz, su etapa en la prisión de Castellón estuvo caracterizada por una buena conducta. Incluso colaboró en la cárcel en la edición de una revista de carácter interno, La Saeta.

Nuevas investigaciones

Mientras, el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Castellón, Josep Lluís Albinyana, sólo ha dictado el procesamiento de Ferrándiz por el crimen de Sonia Rubio.

Pese a que el acusado se ha confesado autor de la muerte de otras cuatro jóvenes, Amelia Sandra García, de 22 años, y las tres mujeres que ejercían la prostitución cerca de Castellón (Natalia Archelos, Mercedes Vélez, y Francisca Sales, de entre 23 y 28 años), el magistrado aún no le ha imputado estos delitos.

En cualquier caso, Juan Salom aseguró que la petición de la responsabilidad al Estado se extenderá a todos los hechos que sean imputados a Ferrándiz desde el 4 de abril de 1995, fecha en la que salió en libertad condicional, hasta el 28 de julio, día que ingresó de nuevo en la cárcel de Castellón tras otra tentativa de agresión sexual.

La Guardia Civil, mientras, revisa los casos de otros tres asesinatos de mujeres en Castellón para comprobar si pudo cometerlos Ferrándiz, al que atribuye una personalidad psicopática.

La petición de responsabilidades no se ceñirá al Estado y al acusado. Tres de los crímenes confesados por Ferrándiz han sido imputados a Claudio Alba, un camionero que se encuentra procesado por las muertes de las tres prostitutas y que ha pasado cinco meses en la cárcel. La letrada de Alba, Silvia Vicente, asegura que en el momento en el que se cierre este sumario y se decrete su libertad sin cargos, procederá a estudiar las posibles reclamaciones legales por daños causados a Alba.


Error sobre horror

El País

23 de octubre de 1998

Un hombre de 35 años que ya había sido condenado por agresión sexual se ha confesado autor de cinco asesinatos de otras tantas mujeres cuando se encontraba en libertad condicional. Un camionero de 52 años pasó cinco meses en la cárcel acusado de tres de esos crímenes. El asunto, por tanto, plantea dos problemas: el recurrente de las medidas penitenciarias a aplicar a los delincuentes sexuales, dado su altísimo grado de reincidencia, y el de los errores judiciales.

Joaquín Ferrándiz ha sido inculpado por la violación y asesinato de la joven profesora Sonia Rubio, en julio de 1995, tres meses después de haber salido de la cárcel en libertad condicional tras cumplir cinco de los 14 años a que había sido condenado por un delito de violación.

Ferrándiz se ha reconocido igualmente autor de cuatro de los otros siete asesinatos con violación producidos en la provincia de Castellón entre 1995 y 1997. El fiscal que lleva el caso ha anunciado que solicitará una indemnización al Estado como responsable civil subsidiario por no haber controlado al presunto asesino en serie.

En España hay 1.600 personas procesadas por delitos sexuales. ¿Sería posible una vigilancia sistemática de sus movimientos tras cumplir condena? No sería fácil de justificar sin algún indicio claro, y este caso demuestra precisamente que la patología del violador asesino es compatible con comportamientos sociales normales.

En todo caso, sí parece que las ventajas penitenciarias -reducciones de penas, permisos- deberían administrarse con enorme prudencia para este tipo de delincuentes. Como señaló ayer la portavoz de una asociación feminista, sólo si hay garantías de que contribuyen a la rehabilitación del recluso tienen sentido tales medidas.

En cuanto al falso culpable, en el posible error policial y judicial influyó seguramente la presión social por identificar cuanto antes a un culpable: para descargar la inquietud suscitada en la provincia por ocho asesinatos sexuales en año y medio. Pero alguien debería responder ahora de ese error.


El camionero acusado por error de tres asesinatos cree que fue detenido para acallar la alarma social

María Fabra – El País

23 de octubre de 1998

«Me enseñaron tres fotos y me dijeron que era culpable». Así explica Claudio Alba, el camionero de 52 años acusado del asesinato en Castellón de tres jóvenes que se dedicaban a la prostitución, las circunstancias en las que fue detenido.

Un año y medio después, el supuesto asesino de Sonia Rubio -una profesora que desapareció en Benicàssim y fue hallada muerta tiempo después en Oropesa-, Joaquín Ferrándiz Ventura, se ha confesado autor de cinco crímenes cometidos contra mujeres en la zona de Castellón.

Tres de esos crímenes son los que se le imputaron a Alba, cuya abogada ha asegurado que su cliente fue detenido a causa de la presión de la opinión pública, alarmada por la sucesión de asesinatos. Silvia Vicente, la abogada de Claudio Alba, afirmó que los últimos acontecimientos «pueden poner en tela de juicio la acción de las fuerzas policiales, fiscales y judiciales».

Además ha añadido que «puede comprobarse la frivolidad con que determinadas autoridades se han venido pronunciando públicamente para reiterar una y otra vez la culpabilidad de un hombre inocente».

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Carlos González Cepeda, aseguró ayer que la detención de Alba se debió a que en el momento de su arresto, había indicios para hacerlo efectivo. Todos los representantes de las fuerzas de seguridad del Estado habían mantenido, hasta ahora, la firme certeza de su culpabilidad.

Alba aseguró sentirse contento porque «por fin ésto se está aclarando». En cualquier caso quiso mantenerse prudente. «Hasta que no esté exculpado del todo no voy a decir nada», indicó. Sin embargo, sí reiteró que mantiene la conciencia «sana y segura» porque es inocente. Claudio Alba, que acude todos los viernes a Castellón desde la localidad de Tarragona donde reside, dada su situación de libertad provisional, añadió: «He confiado y confío en la justicia».

En el momento en el que se detuvo a Claudio Alba había en Castellón siete muertes sin resolver, en las que todas las víctimas eran mujeres. En enero de 1997 se ordenó la detención y el ingreso en prisión del camionero, a quien se acusó de tres de estos crímenes, los de las jóvenes prostitutas Mercedes Vélez, Francisca Salas y Natalia Archelós, de entre 23 y 28 años, protagonistas del llamado caso Vora Riu, cuyos cadáveres fueron hallados entre enero y febrero de 1996.

Cinco meses en prisión

Claudio Alba pasó cinco meses en prisión. En ningún momento el acusado rectificó sus declaraciones, en las que aseguraba no saber nada de los crímenes de las tres jóvenes que se dedicaban a la prostitución. Las pruebas tampoco eran evidentes. Por ello, la juez que instruyó las diligencias decidió, en febrero de 1998, cerrar el sumario. Con esta decisión, la resolución de los tres crímenes quedaba, de nuevo, pendiente.

Sin embargo, el fiscal presentó recurso y la Audiencia provincial revocó la decisión de la juez. Alba fue detenido de nuevo. Hace unos días, el presunto asesino de Sonia Rubio, Joaquín Ferrándiz, un vendedor de seguros de 35 años, se confesó también autor de la muerte de las tres prostitutas, además del de otra joven, Amelia Sandra, de 22 años.


El camionero acusado por error de tres crímenes exige que alguien lo «pague»

María Fabra – El País

14 de noviembre de 1998

«Los errores se tienen que pagar de alguna forma». Claudio Alba, de 52 años de edad, gozó ayer de su primer día de libertad sin cargos después de que hace 21 meses y 25 días se le detuviera por haber matado supuestamente a tres mujeres, de entre 23 y 28 años, en Castellón. Por esos crímenes se ha procesado ahora a Joaquín Ferrándiz, que incluso ha confesado haber asesinado a otras dos. «Nadie ha venido a pedirme disculpas», se dolió ayer Alba.

Pese a sus cinco meses encarcelado y al largo periodo en libertad vigilada, el rencor no parece ser una característica de Claudio Alba, un camionero de 52 años al que se detuvo el 18 de enero de 1997 bajo la acusación de haber matado a tres mujeres que ejercían la prostitución. Ahora, las pruebas añadidas a la propia confesión inculpatoria de Joaquín Ferrándiz, el presunto asesino en serie de Castellón, han ratificado la inocencia de Alba.

Las quejas de Alba no se centran tanto en la Justicia como en la policía que llevó a cabo la investigación. «La Justicia se equivoca de vez en cuando, pero yo no he perdido la fe en ella», asegura para después denunciar: «A mí me detuvieron, me enseñaron tres fotos [de las víctimas] y me dijeron que yo las había matado y que les daba igual que dijera que sí o que no». «Me acusaron porque conocía a una», subraya.

En el momento de su arresto había en Castellón un total de siete asesinatos sin resolver. Con la detención e inmediato ingreso en prisión de Alba, que reside cerca de Tarragona, la larga lista se vio reducida en tres, hecho que se presentó como un gran logro policial. Después de que se decretara su libertad vigilada, la juez concluyó el sumario sin hallar indicios para su procesamiento. Sin embargo, la Audiencia de Castellón revocó esta decisión.

A Alba se le ha quedado holgado el cuello de la camisa. Perdió el trabajo que tenía como transportista, ya que debía presentarse tres veces a la semana en el juzgado de Vila-Real. «Ahora me saludan por la calle y me dan la enhorabuena», afirma, aunque añade: «Me habría gustado hacerme famoso cantando y no con este asunto».

Además, no olvida a todos aquéllos que, el día de su detención, le insultaron y zarandearon a la puerta del juzgado: «A ésos les mando un recuerdo. Y a los que creyeron en mi inocencia, un abrazo», ironiza. Vive desde hace unos meses en la pedanía tarraconense de Albinyana. Allí ha encontrado el apoyo de vecinos y amigos. Además, su nuevo jefe le ha aconsejado que se tome unas pequeñas vacaciones.

Torpe investigación

«Irregulares circunstancias», «muy deficiente y torpe investigación», «infructuoso intento de esclarecer tres homicidios», «obcecado e irracional empeño» y «desprecio a líneas de investigación acertadas» fueron algunos de los términos empleados ayer por los abogados de Alba, Silvia Vicente y Juan José Pérez Macián.

Éstos han anunciado su intención de emprender acciones civiles e incluso penales contra todos aquéllos que han intervenido en el proceso contra su defendido, así como de exigir responsabilidades administrativas a miembros del Ministerio de Interior y el de Justicia.

«El dinero no puede pagar lo que he pasado», enfatiza Alba en alusión a las posibles indemnizaciones por daños y perjuicios. Sus letrados hicieron ayer referencia a «las autoridades públicas, policiales, fiscales y judiciales que se permitieron presentar a un inocente como presunto autor de tres homicidios».

Pérez Macián concretó: «Me atrevería a decir que a algunos de estos responsables que hoy no quieren dar la cara les apetecería seguir afirmando que Alba es culpable». Además, señaló que «la desesperación de la policía por la alarma social no justifica que se elevase a categoría de indicios un cúmulo de barbaridades».

El PSPV-PSOE, Esquerra Unida y Nova Esquerra ya han pedido la dimisión del subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, como máximo responsable provincial de las fuerzas de seguridad.


María Fabra – El País

12 de diciembre de 1998

El completo informe psicológico de Joaquín Ferrándiz, al que se le imputa la muerte de cinco mujeres, determina una personalidad psicopática a la que se añade una alteración de su personalidad de tipo esquizoide.

El informe, realizado por el psicólogo y criminólogo Vicente Garrido, indica que la personalidad psicopática se deriva de un deseo permanente de compensar un déficit en la capacidad de sentir el entorno. Garrido explica también que este tipo de personalidad provoca en el afectado la sensación de tener limitadas sus experiencias emocionales y sensoriales, lo que propicia un intento de desarrollar su comportamiento para compensar esta carencia.

Así, tras las numerosas visitas realizadas a Ferrándiz en la prisión de Castellón, donde permanece desde el pasado mes de julio, el análisis de su psicología apunta su dificultad por comprender el sentido último de sus actos, que le llevaron a asesinar a Sonia Rubio, de 25 años, Amelia Sandra García, de 22, Natalia Archelós, de 23, Francisca Sales, de 23, y Mercedes Vélez, de 28. Todas ellas asesinadas entre 1995 y 1998 y abandonadas en lugares poco transitados.

Vicente Garrido fue el psicólogo al que acudieron las fuerzas de seguridad para que elaborase un perfil del presunto asesino, que permanecía en libertad. Este perfil contribuyó de forma notable a la identificación y posterior detención de Joaquín Ferrándiz como supuesto autor de los cinco brutales crímenes.

Valoración criminológica

Vicente Garrido ratificó ayer su informe ante el titular del juzgado número 8, José Luis Albiñana. El documento también incluye una valoración criminológica acerca de la hipótesis sobre el inicio de la conducta antisocial de Ferrándiz.

En este sentido, indica que en el momento de la primera agresión, en 1989, Joaquín Ferrándiz tenía entre 27 y 28 años, una edad adulta en la que él comenzó a constatar las pocas posibilidades de desarrollar sus necesidades. Entonces, comenzó a acentuarse sus dificultades para sentirse integrado en la sociedad a las que se unía una capacidad de expresión muy pobre.

Durante su estancia en la cárcel por su primera agresión, el presunto asesino desarrolló un aprendizaje que plasmó en la comisión de sus cinco crímenes. Otro de los aspectos que incluye el informe es el del consumo de alcohol que, según el psicólogo, en Ferrándiz derivó en una disminución de su autocontrol hasta llegar a la violencia.

Tanto el informe psicológico como el dictamen preliminar de los forenses señalan la necesidad de que Joaquín Ferrándiz reciba tratamiento. Sin embargo, los forenses se decantan más por un dignóstico neurótico, aunque todavía han de reconocer al acusado.


El juez mantiene al Estado como posible responsable civil en el caso de los asesinatos de mujeres de Castellón

María Fabra – El País

9 de febrero de 1999

El titular del juzgado de Instrucción número 8 de Castellón, José Luis Albinyana, ha desestimado el recurso presentado por el abogado del Estado contra la solicitud del fiscal de que el Estado sea declarado como responsable civil subsidiario de los asesinatos de cinco mujeres entre 1995 y 1996, supuestamente cometidos por Joaquín Ferrándiz Ventura, de 35 años, cuando éste disfrutaba de libertad condicional.

El abogado del Estado ya ha anunciado que presentará un recurso de apelación ante la Audiencia. El fiscal sostiene que la administración penitenciaria no ejerció la debida vigilancia sobre el presunto autor de los crímenes, quien se encontraba en libertad condicional tras cumplir condena por agresión sexual. Ferrándiz fue finalmente detenido el año pasado. Además, pide que sea el Estado el que haga frente a las indemnizaciones para las familias de las fallecidas.

Existe un precedente por el que el Estado pagó 20 millones de pesetas por un asesinato cometido por un recluso en libertad condicional, aunque en este caso, la reclamación se efectuó en la vía contencioso administrativa.

Por su parte, el abogado del Estado alegó que no cabía esta petición en la vía penal, puesto que el supuesto autor ni era empleado público ni cometió los hechos en un edificio del Estado. Según su argumentación, éstos son los dos únicos casos en los que la administración ha de presentarse a un juicio penal.

El juez, en el escrito de desestimación del recurso, afirma que la tesis del Estado no guarda «sintonía» con las actuales corrientes legislativas comunitarias y españolas y hace mención a las leyes referidas a las oficinas de ayuda a víctimas del delito. Albinyana añade que la falta de vigilancia propició la «creación del riesgo».

Control al sospechoso

La resolución también alaba a la fiscalía, que tiene «un protagonismo decisivo por su constante celo en mantener en tensión la investigación». El juez considera que el procesado, en el momento en que cometió supuestamente los crímenes, estaba vinculado jurídicamente a la administración penitenciaria y que ello «genera un deber de vigilancia sobre las consecuencias de la libertad condicional».

Albinyana señala que existen razones para vincular al Estado al proceso y apunta que «será la sentencia la que determine la responsabilidad civil». Con ello ha querido indicar que la petición del fiscal sólo se refiere a la comparecencia del Estado en el juicio, tras el que se fijará su posible responsabilidad civil en el caso.

El juez aprovecha la resolución para realizar varias críticas. Así, mantiene que «a este sumario le pesan actuaciones tan deficientes» como las registradas en los informes de asistencia social de Castellón sobre la «buena evolución del procesado, cuando ya había asesinado a cinco mujeres».

El juez se refiere a los informes que se emitían como consecuencia del control al que estaba sometido Ferrándiz durante su libertad condicional. Ésta se limitaba a su comparecencia mensual, en la que era preguntado por su continuidad en el trabajo y en el domicilio familiar.

Albinyana también critica la actuación policial en el caso de una de las denuncias de agresión. La comisaría se limitó a preguntar por el sospechoso en su domicilio y al recibir como contestación que estaba durmiendo, dejó el recado de que se presentara. Ferrándiz acudió a la comisaría, declaró y regresó a su casa.


El asesino de cinco mujeres en Castellón opta por no declarar en el juicio

El País

25 de noviembre de 1999

Joaquín Ferrándiz Ventura se acogió ayer a su derecho a no declarar en el juicio que comenzó en Castellón por los asesinatos de cinco mujeres desaparecidas en 1995 y 1996, de los que se ha confesado autor.

Sólo abandonó la postura en la que permaneció sentado toda la sesión, con los codos apoyados en las piernas, en dos ocasiones. La primera, cuando manifestó su disconformidad con el relato de los hechos efectuado por el fiscal y las acusaciones particulares, y la segunda, cuando entró a declarar la chica que salía con él entre junio y septiembre de 1995, durante el período en que cometió cuatro de los cinco crímenes. Con ella, Ferrándiz nunca se mostró agresivo.

Las declaraciones de dos guardias civiles que comparecieron como testigos dejaron entrever la escasa vigilancia a la que son sometidos aquellos condenados por agresiones sexuales u homicidios que pasan a disfrutar los permisos de tercer grado o la libertad condicional, situación en que se encontraba Ferrándiz cuando cometió los cinco asesinatos. El argumento del fiscal va adquiriendo consistencia ya que considera que la administración no ejerció correctamente la vigilancia a la que debía estar sometido.

Los guardias civiles dejaron constancia del prácticamente inexistente examen que se realiza de la lista de posibles sospechosos que, por norma, se solicita a las prisiones cuando se comete algún delito sexual, homicidio o asesinato, ante las muestras de reincidencia de los autores de este tipo de delitos.

Cuando se produjo la primera desaparición, la de la profesora de inglés Sonia Rubio, el 2 de julio de 1995, la Guardia Civil solicitó una lista de los presos condenados por agresión sexual u homicidio que se encontraban excarcelados ese día. Las prisiones de Picassent, en Valencia, la de Tarragona y la de Castellón remitieron la citada lista.

En ella, se encontraba Joaquín Ferrándiz, quien había logrado la condicional tres meses antes. Sin embargo, el análisis de los tratados como «posibles sospechosos» no se efectuó, según se desprende de las declaraciones de los guardias civiles. Sólo un agente afirmó haber realizado alguna pesquisa.


Los expertos dicen que Ferrándiz era consciente de sus actos criminales. Un psicólogo afirma en el juicio que a Joaquín Ferrándiz «no le importaba matar»

María Fabra – El País

8 de diciembre de 1999

El juicio a Joaquín Ferrándiz Ventura, acusado de asesinar a cinco mujeres en Castellón, celebró ayer una sesión crucial para determinar la personalidad y salud mental del procesado. Los expertos coincidieron en que Ferrándiz necesita tratamiento y aunque un psicólogo lo calificó de «psicópata muy grave» y un forense de «enfermo mental», ambos subrayaron que el procesado era plenamente consciente de sus actos. «No tiene remordimientos», dijo un especialista. «Siente indiferencia respecto de los crímenes», añadió otro.

La complejidad de la personalidad de Ferrándiz quedó patente en esta novena sesión del juicio, que se celebra en Castellón, y los psicólogos y forenses coincidieron en la necesidad de que el acusado se someta a un tratamiento.

El psicólogo Vicente Garrido considera que el procesado es un «psicópata muy grave» que distingue entre el bien y el mal, y el forense Mario Ventura afirma que Ferrándiz sufre «un trastorno de personalidad» que reúne rasgos psicopáticos, esquizoides y neuróticos. «Padece una enfermedad mental que no le impide gobernarse a sí mismo», por lo que «podría haberse resistido a matar», añadió.

Ambos peritos señalaron que en el momento de cometer los crímenes, Ferrándiz era plenamente consciente de lo que hacía, aunque ni lo sentía, ni le afectara ni le importara, tal como indicó el psicólogo criminalista Vicente Garrido, quien realizó informes sobre el perfil del posible sospechoso ya antes de que se produjera la detención del acusado. «No tiene remordimientos», dijo sobre Ferrándiz.

Esta misma conclusión fue expuesta por el forense Mario Ventura. «Siente indiferencia respecto de los crímenes», atestiguó, y «no miente al decir que no recuerda ninguna emoción del momento», pese a que, a este respecto, Ventura indicó también que el hecho de haber repetido sus delitos denota la existencia de una «emoción residual digna» para volver a matar. Según los testigos, Ferrándiz «ha contado lo que ha querido» y ha ocultado lo que le ha interesado.

La declaración de Vicente Garrido consistió en la exposición de la personalidad psicopática que ha encontrado en Ferrándiz de la que señaló que, al matar, satisfacía «necesidades no cubiertas emocionalmente».

Según dijo, la posibilidad de decidir sobre la vida o la muerte de sus víctimas cubría el nivel de emoción que no hallaba de otra manera aunque, en cualquier caso, sabía discernir entre el bien y el mal por lo que le considera «responsable de sus actos».

Asimismo, el psicólogo mantuvo que, por ello, Joaquín Ferrándiz era capaz de medir el grado de violencia que aplicaba, guardando un control, afirmación que argumentó en la carencia de sadismo a la hora de cometer los crímenes.

Como consecuencia de su trastorno, que calificó de «muy grave», «no le importaba matar» y utilizaba, a su entender, el alcohol como desinhibidor hasta encontrar una víctima tipo, una «víctima de la oportunidad» pero no una persona concreta. En ese punto discrepó el forense Mario Ventura, quien sostiene que el procesado «elegía» a sus víctimas, aunque precisó que si no a una mujer concreta, sí el tipo de joven a la que atacar.

En cuanto a que «engañó» a todos aquellos que le trataron durante su estancia en prisión, por la condena impuesta en 1990 por agresión sexual, Garrido apuntó que, aunque la psicopatía podría haber sido detectada entonces no fue así porque «Instituciones Penitenciarias nunca se ha tomado la psicopatía en serio» y no se le realizaron los test de conducta oportunos, pese a que existen desde los años cincuenta.

El acusado debería haber sido sometido, en libertad condicional, a un control estricto con el que se le impidieran, por ejemplo, las salidas nocturnas hasta altas horas de la noche consumiendo alcohol, ya que éste era un factor de riesgo para su reincidencia.

Desde su punto de vista, Ferrándiz ha de ser sometido a un tratamiento que no debería concluir con su estancia en la cárcel, sino proseguir a lo largo de muchos años. Respecto a los dos últimos delitos de los que se le acusa, dos tentativas de asesinato, Vicente Garrido afirmó que, con ellos, «empezaba un nuevo ciclo» de crímenes.

Una de las discrepancias entre este psicólogo y el médico forense estriba en la petición de someterse a un tratamiento efectuada por el propio Ferrándiz. Para Garrido, esta solicitud es «honesta», mientras que para Mario Ventura, aunque «quiere realmente» este tratamiento, el propio acusado se considera mucho «menos enfermo de lo que aprecian» los expertos, con lo que es posible que realice la petición «de cara a la galería». «Muestra una preocupación e interés por estar socialmente admitido», afirmó Ventura como motivo del acusado para pedir tratamiento.

El médico forense indicó como posible causa del comportamiento de Joaquín Ferrándiz su relación con mujeres dominadoras e insistió en que en las dos últimas agresiones «asumió riesgos» y «cometió errores» debido a que se sentía seguro y creía que sus crímenes quedarían impunes.


Una muerte aprendida

El País

8 de diciembre de 1999

De las declaraciones de los médicos que efectuaron las autopsias de los cadáveres de las cinco mujeres de cuyas muertes es acusado Joaquín Ferrándiz se deduce que, en todas ellas, hubo estrangulamiento.

También se desprende que Ferrándiz «aprendió» según acumulaba crímenes. En una de sus declaraciones ante el juzgado, el ahora acusado señaló que fue de su compañero de celda, condenado por la muerte de su esposa, de quien adquirió conocimientos sobre el método de la «asfixia mecánica».

Los forenses indicaron ayer que no provoca una muerte instantánea, sino que se da un lapso de tiempo entre esta acción y la parada cardíaca que produce. Los cadáveres presentaban síntomas de violencia.

Casi todos estaban maniatados, pero los forenses no pudieron afirmar con rotundidad si las ataduras se efectuaron antes o después de producirse las muertes, debido al avanzado estado de descomposición en que se hallaban los cadáveres al ser recuperados.

Entre los tres cadáveres hallados en Vora Riu y correspondientes a Natalia Archelós, Francisca Salas y Mercedes Vélez, la diferencia máxima se da en esta última, cuyo cuerpo apareció con una bolsa que le tapaba el rostro. Esta mujer era la que había mantenido una relación sentimental con el hermano del acusado cuando ambos eran adolescentes.

En el caso de Sonia Rubio, las lesiones que presentaba su cadáver eran propias de una acción violenta respondida con resistencia por parte de la víctima. De la autopsia a Amelia Sandra García se desprende una agresión previa a la muerte, con lesiones en el tórax y en la cabeza. Ferrándiz ha admitió que la golpeó con una piedra.


Petición de 163 años para el acusado de matar a cinco mujeres en Castellón

María Fabra – El País

10 de diciembre de 1999

El juicio contra Joaquín Ferrándiz Ventura, de 36 años, acusado de matar a cinco mujeres en Castellón entre julio de 1995 y septiembre de 1996, celebró ayer su penúltima sesión, en la que el fiscal del caso, Juan Salom, informó al tribunal de las peticiones de condena y de indemnización que solicita por cada uno de los delitos que imputa al acusado.

En total, la Fiscalía pide 163 años de cárcel y más de 200 millones de indemnización para las familias de las víctimas. Además, solicita que se declare al Estado responsable civil subsidiario por no haber vigilado y controlado a Ferrándiz, que cometió los crímenes cuando estaba en libertad condicional tras cumplir una condena por agresión sexual.

El fiscal subrayó ayer que, de haber cumplido el Estado con la vigilancia y seguimiento de Ferrándiz, «se hubiera salvado a más de una de sus víctimas». El fiscal sostuvo, además, que el procesado actuó en todos los casos con «alevosía», ya que sus víctimas no pudieron defenderse y fueron atacadas por sorpresa.

También destacó que no cabe aplicarle ninguna circunstancia atenuante, puesto que los peritos han declarado en el juicio que era consciente de sus actos criminales. Un psicólogo calificó al procesado de psicópata «muy grave» y un forense afirmó que sufre una enfermedad mental, un fuerte trastorno de la personalidad, pero ambos peritos dejaron claro que el acusado distingue entre el bien y el mal y es responsable de sus actos.

Condena íntegra

Por ello, el fiscal insistió en que Ferrándiz debe cumplir «íntegramente» la condena que le sea impuesta, aunque sea sometido a tratamiento médico. «Ya tuvo una segunda oportunidad», indicó refiriéndose a la libertad condicional que se le otorgó tras su primera condena, «y cometió cinco asesinatos». «No nos podemos permitir otro fracaso experimental», sentenció el fiscal.

En su informe, el fiscal señaló que la forma de actuar de Ferrándiz en los cinco asesinatos fue la misma. «Se ganó a sus víctimas con su cara, su aspecto beatífico, apacible y pacificador», indicó. El procesado se ofrecía a llevarlas a casa en coche tras sus salidas nocturnas, para después golpearlas, maniatarlas y estrangularlas. Tenía, ademas, una «notable habilidad para esconder los cadáveres».

El propio Ferrándiz aportó detalles sobre su forma de actuar en las reconstrucciones de los casos que se hicieron tras su detención y confesión el año pasado. «Dio explicaciones que sólo podía dar el homicida», según el fiscal.

Respecto a las otras dos acusaciones que pesan sobre Ferrándiz, dos nuevos intentos de asesinato, el representante del ministerio público comentó que, como indicaron psicólogos y forenses, el procesado «empezaba un nuevo ciclo criminal» que se impidió con su detención en julio de 1998. Restan para finalizar este juicio, que ha durado nueve días, las conclusiones de las acusaciones particulares y de la defensa.


La defensa pide que Ferrándiz reciba tratamiento durante la condena

María Fabra – El País

11 de diciembre de 1999

La abogada de Joaquín Ferrándiz, cuyo juicio por el asesinato de cinco mujeres en Castellón quedó ayer visto para sentencia, solicitó al tribunal que, además de la pena de cárcel que pueda imponer al acusado, exija que se le someta a un tratamiento intrapenitenciario. La letrada Rosa Edo precisó que su solicitud no se refiere a un tratamiento en un psiquiátrico sino a un programa que se le aplique dentro de la prisión a la que sea enviado y donde «debe pagar como autor de las cinco muertes».

Edo dijo que habrá que «cruzar los dedos el día que Joaquín Ferrándiz salga a la calle» si no se intenta «que la pena tenga carácter curativo». «La sociedad no puede permitirse dejar a la arbitrariedad del acusado el someterse o no a un tratamiento», agregó, para argumentar que la supervisión médica sea parte de la pena para curar la «desquiciada personalidad» de Ferrándiz.

La defensa rebatió al fiscal y a las acusaciones particulares, que califican de asesinato las muertes de las cinco víctimas, y afirmó que «se han planteado muchas teorías y suposiciones pero no se ha probado nada».

Edo, que pidió para Ferrándiz 10 años de cárcel, manifestó tajante que «si él [el acusado] no hubiera confesado no estaría sentado en el banquillo» por falta de pruebas. Según la abogada, «los peritos han tenido que recurrir a la lógica porque no se ha determinado la causa de ninguna de las cinco muertes» y «han inventado un modus operandi», por lo que en su opinión «no hay elementos que permitan acreditar las muertes como asesinatos».

El juicio contra Ferrándiz concluyó con el informe del abogado del Estado, Manuel Breva, quien rechazó la acusación del fiscal y las acusaciones particulares sobre la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, basada en que el acusado se encontraba en libertad condicional cuando cometió los delitos y no hubo control ni vigilancia sobre el procesado.

Breva indicó que, puesto que ésta es la primera vez que el ministerio fiscal solicita la responsabilidad del Estado en un proceso penal, desconocía el por qué del «empecinamiento» del ministerio público en «forzar» las leyes, dado que existe la vía contencioso-administrativa, en la que el Estado, en alguna ocasión, ya se ha hecho responsable de delitos cometidos por una persona en libertad condicional.

«Nosotros no negamos que pueda existir una responsabilidad del Estado si se determina que hubo un mal funcionamiento de los mecanismos de control, pero ninguna norma permite declararlo responsable por vía penal», mantuvo, y destacó que el Código Penal determina que el Estado «únicamente es responsable, en este tipo de procesos, cuando los delitos se cometen por parte de un funcionario en el ejercicio de sus funciones o dentro de un edificio público».

Breva subrayó que un juez concedió a Ferrándiz el tercer grado en contra de los informes de Instituciones Penitenciarios; otro juez, el de vigilancia penitenciaria, no exigió controles específicos al dar la libertad condicional a Ferrándiz, y un tercero no revocó esta situación ni ordenó la detención del procesado cuando en febrero de 1998 se presentó una denuncia contra él por agresión sexual.


Condenado a 69 años el asesino confeso de 5 mujeres en Castellón

Xavier Latorre – El País

14 de enero de 2000

La Audiencia Provincial de Castellón condenó ayer a 69 años de prisión a Joaquín Ferrándiz, de 36 años, autor confeso de la muerte de cinco mujeres entre el 2 de julio de 1995 y el 14 de septiembre de 1996. La sentencia considera cinco delitos de asesinato, uno de asesinato en grado de tentativa y otro de lesiones por imprudencia. También le condena al pago de casi 130 millones de pesetas en concepto de indemnización a los familiares de las víctimas. El juez desestimó la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

El tribunal condena a Ferrándiz a 16 años de prisión por el asesinato de la profesora de inglés Sonia Rubio -a cuyos familiares deberá pagar una indemnización de 30 millones de pesetas- y a 11 años de prisión y al pago de 100 millones de pesetas en concepto de indemnización por cada uno de los asesinatos de Natalia Archelós, Francisca Salas, Mercedes Vélez y Amelia Sandra García.

El magistrado desestima una petición del fiscal que señalaba al Estado como responsable civil subsidiario de los delitos porque fueron cometidos durante la libertad condicional del acusado, que había sido encarcelado en 1989 por un delito de violación.

El juez calificó todos los crímenes de asesinato, puesto que Ferrándiz ejecutó a sus víctimas con alevosía y sin ofrecerles posibilidad alguna de defensa. La sentencia establece que Ferrándiz empleó el mismo procedimiento para matar a las cinco mujeres, quienes subieron voluntariamente al vehículo del condenado. El texto explica que Ferrándiz ató las manos de las víctimas cuando se encontraban confiadas para evitar que se resistieran mientras las estrangulaba.

La sentencia asume la atenuante de confesión, pero desestima las de embriaguez y enfermedad mental, aunque admite que Ferrándiz sufre un trastorno de personalidad «que no le impedía gobernarse a sí mismo». El texto señala a Ferrándiz como un psicópata peligroso, pero no le obliga a someterse a tratamiento alguno.

El magistrado ha optado por la menor pena para Ferrándiz, ya que apunta que la contabilidad de las tres cuartas partes de la condena para la concesión de una nueva libertad condicional no se efectuará sobre el total de los 69 años de prisión, sino sobre el máximo de 25 al que limita el Código Penal el cumplimiento efectivo de las condenas. Así, Ferrándiz podría obtener la libertad condicional dentro de 16 años.

Respecto a la psicopatía del condenado, el texto apunta que en 1990, cuando se le concedió la libertad condicional, «no era detectable excepcionalidad alguna que pudiera augurar la peligrosidad extrema que después se hizo patente con la comisión de los hechos».

En este sentido, agrega que no es posible «aceptar que se equivocaran en hilera», la psicóloga, los forenses y la psiquiatra que hace nueve años le sometieron a exámenes médicos antes de concederle la libertad condicional.

Sobre la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, el magistrado considera que esta petición «está dotada de singular telegenia a nivel mediático y social por cuanto a todos reconforta la idea de un adecuado resarcimiento». Pero desestima que exista un vínculo especial entre un individuo en libertad condicional y la Administración.

El fiscal del caso, Juan Salom, comentó que la sentencia «se ajusta a la ley pero no a la realidad» e insistió que el Estado debería ser considerado responsable civil subsidiario de los crímenes. Una tesis que también sostiene la letrada de la acusación particular, María Luisa de Miguel. Ambos recurrirán ese aspecto ante el Tribunal Supremo ya que Ferrándiz es insolvente.

La abogada defensora de Ferrándiz, Rosa Edo, lamentó que la sentencia «no establezca un tratamiento [médico] pese a reconocer que se trata de un psicópata y de una persona peligrosa».

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